Reclaman transparencia y “no presiones” en una protesta por el uso de reactivos caducados en un hospital de Málaga

La concentración convocada en el Paseo de Larios de Torre del Mar, en Málaga, ha reunido a decenas de personas con el propósito de exigir transparencia y responsabilidades ante el presunto uso de reactivos con pérdida de estabilidad o caducados en el laboratorio del Hospital Comarcal de la Axarquía. “Los profesionales necesitan protección, no presiones”, manifestaban desde el sindicato CSIF, que ha denunciado el acoso al que se ha visto sometido la plantilla.

Así lo ha reclamado el responsable de Sanidad del sindicato en Málaga, Juan Pedro Ruiz, durante la protesta, que ha subrayado que “de confirmarse, estamos hablando de que podría estar afectada la atención sanitaria de miles de personas”. “No podemos permitir que existan dudas sobre la fiabilidad de unas pruebas médicas de las que pueden depender diagnósticos y tratamientos. La Administración tiene que dar explicaciones y aclarar qué investigación ha llevado a cabo para garantizar la seguridad”, ha subrayado este jueves.

El sindicato trasladó estos hechos a la Fiscalía Provincial de Málaga el pasado mes de marzo y reclama a la Administración andaluza que esclarezca lo sucedido, determine su posible alcance y ofrezca garantías sobre la seguridad de los pacientes y la fiabilidad de las pruebas clínicas realizadas en el centro. Además, recuerdan que la investigación interna promovida por la Gerencia del hospital fue archivada sin que se detallaran las actuaciones de averiguación realizadas, una circunstancia que, “lejos de despejar las dudas, ha incrementado la preocupación sobre unos hechos que podrían tener importantes consecuencias si llegaran a confirmarse”, han establecido.

“Queremos saber qué ha pasado”

Al respecto, Ruiz ha comentado que “no basta con cerrar una investigación interna sin dar más explicaciones de lo que se ha hecho y mirar hacia otro lado”. “Queremos saber qué ha pasado, qué instrucciones había por parte de los responsables del hospital, durante cuánto tiempo ha podido ocurrir y si algún paciente ha podido verse afectado”.

Asimismo, la central sindical ha puesto el foco en la situación de los trabajadores del centro, tras haber trasladado a la Inspección de Trabajo posible hostigamiento relacionado con la denuncia. “Los profesionales necesitan protección, no presiones. Nadie puede sufrir represalias por denunciar posibles irregularidades que afectan a la seguridad de los pacientes”, ha apuntado el responsable sindical.

Durante la concentración, a la que han asistido el parlamentario andaluz de Adelante Andalucía, Luis Rodrigo, y la presidenta de Amama, Ángela Claverol, junto a trabajadores del centro hospitalario, CSIF ha reclamado que se esclarezcan completamente los hechos, sin perjuicio de las actuaciones que corresponda desarrollar a la Fiscalía. “No vamos a dejar de exigir respuestas hasta que se aclare lo ocurrido. Los pacientes tienen derecho a confiar en sus pruebas médicas y los profesionales, a trabajar con seguridad y sin miedo. Lo que pedimos es transparencia, responsabilidades y garantías. Nada más, pero tampoco nada menos”, ha concluido el responsable de CSIF.

Sanidad niega la mayor

Por su parte, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, rechazó en sede parlamentaria que se hayan producido tales negligencias en el Hospital Comarcal de La Axarquía tras conocerse que se conservaron reactivos caducados entre 2020 y 2025, lo que cuestiona la fiabilidad de los resultados de los análisis, como desveló este medio. “No ha quedado acreditado el uso de reactivos caducados o no aptos”, a lo que añadió, “con la información disponible hasta hoy, no se ha acreditado que la seguridad de los pacientes se haya visto comprometida”.

Por otra parte, Sanz reconoció que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) “inició la investigación mucho antes que la Fiscalía”, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Luis Rodrigo Serrano, del grupo parlamentario de Adelante Andalucía. En relación a las investigaciones abiertas, ha enfatizado que “los mecanismos de control existen y funcionan” y que “la Fiscalía investiga y nosotros siempre vamos a colaborar”.

La denuncia contiene mensajes de texto (“si sale caducado, no lo tiréis. Yo los aprovecharé en rutina”), fotografías de botes en la nevera del laboratorio con la inscripción que recoge su caducidad y cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores que apuntalan las sospechas de esta práctica, que estaría auspiciada por las dos responsables del laboratorio, según la denuncia. El uso anómalo de reactivos que imprescindibles para determinar el nivel en sangre de elementos, enzimas o medicamentos cuestiona la fiabilidad de las pruebas analíticas que, a su vez, son claves en el diagnóstico y tratamiento.

Este medio desveló que la unidad fijó como objetivo no tirar los reactivos con pérdida de estabilidad para no superar el presupuesto, y que consiguió reducir su consumo un 30% de un año a otro. La consecución de los objetivos facilita el cobro de los pluses de productividad, que pueden rondar los 15.000 euros para un jefe de servicio o un coordinador.