Santander se ahorraría IVA, impuesto de sociedades y el gasto del control externo si remunicipalizara los servicios, asegura Saro

Unidas por Santander pedirá en el próximo pleno del Ayuntamiento de Santander que se encarguen estudios de tipo jurídico y económico-financiero para evaluar la remunicipalización de servicios públicos privatizados y que, al entender del portavoz Miguel Saro, son gestionados por empresas de manera ineficaz, cara y sin control. Saro considera, en este sentido, que si los servicios de Aguas, Recogida de Residuos y Limpieza, y Parques y jardines volvieran a ser gestionados por el Ayuntamiento, la ciudad se ahorraría de primeras importantes cantidades derivadas del pago de IVA, impuesto de sociedades y la contratación del control a empresas externas.

Santander destina más que la media de España en la contratación de trabajos realizados por otras empresas, unos 54,25 millones de euros cada presupuesto, con una media del 45% del total de gastos no financieros, frente al 31,8% de la media de entidades locales españolas.

Esta “pobre gestión” en Santander deriva de la práctica que el equipo de Gobierno lleva años llevando a cabo en Santander, “prevaleciendo el precio en la adjudicación de los contratos”, de modo que “no solo ha afectado a las condiciones laborales de los trabajadores sino también a la propia calidad de los servicios”.

Además, la falta de control municipal ha propiciado que se hayan incumplido “sistemáticamente” las obligaciones asumidas en los contratos “en beneficio de las concesionarias y en perjuicio de los vecinos de Santander”, tal y como ha criticado el concejal de la coalición, Miguel Saro, que ha presentados dos mociones al pleno municipal sobre el control de estos servicios.

Por un lado, Saro reclamará que se elabore un estudio jurídico y económico financiero sobre la posibilidad de la recuperación para la gestión directa del resto de servicios públicos externalizados que estén en condición de resolución y sobre los que existan sanciones por incumplimiento de obligaciones del contrato que puedan motivar su resolución en las condiciones fijadas por la legislación sectorial.

El edil defiende que, con el modelo actual, “no se cumple ni la parte social, ni técnica ni ambiental de las cláusulas de los contratos” y que el coste de la externalización es mayor para el propio Ayuntamiento. Saro mantiene que la remunicipalización obtendría numerosas ventajas económicas para el Consistorio, ya que al ser una explotación directa no estaría sujeta al IVA, tendría una exención del 99% del impuesto de sociedades y el Consistorio no tendría que asumir un gasto extra para derivar el control a una empresa externa. Además, por otro lado, “una empresa pública no estaría obligada a generar beneficio, al no tener que dar cuentas a accionistas de que está ganando dinero, que es a lo que se dedican las empresas privadas, como es lógico”, matiza el concejal.

Saro lamenta que el actual equipo de Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos no tenga “ninguna intención de gestionar de forma más eficaz los servicios públicos municipales”, todo “por su propia incompetencia” al “haber huido de la gestión y organización de sus principales responsabilidades como prestador de servicios, y escapa de estas externalizando todos los servicios posibles, olvidándose luego de su control y fiscalización”.

Saro también ha criticado el constante abandono de la fiscalización del cumplimiento de estos contratos, que no se ha puesto de manifiesto hasta que el servicio de Intervención ha revelado las permanentes irregularidades en los tres contratos analizados: La gestión y explotación del abastecimiento de agua y alcantarillado, servicio municipal de limpieza viaria y recogida y tratamiento de residuos y el servicio de mantenimiento y rehabilitación de espacios verdes municipales.

“Es evidente que los servicios municipales de fiscalización de los servicios públicos municipales externalizados funcionan deficientemente, y no existe un control real”, manifiesta el edil, ya que la situación ha convertido a Santander en una “bicoca” para empresas que busquen “ofertar a la baja sabiendo que el Ayuntamiento no va a exigir el cumplimiento estricto del contrato porque en el control de innumerables contratos como los citados, no va a existir va a ser mínimo”. 

“Esto es así porque, a la vez que se externaliza, se reducen las plantillas municipales encargadas de dicho control especializado, o se recurre a un control externo”, añade Saro, a lo que añade el “compadreo con empresas concesionarias del Gobierno local” que “ha dificultado que hayan existido expedientes de fiscalización de estos contratos”. 

Observatorio de Contratación

Además, Saro solicitará que se convoque la Comisión de Economía para conocer el borrador del Observatorio de la Contratación municipal que, a instancias suyas, el pleno se comprometió a impulsar hace un año.

El pasado pleno de agosto de 2019 el Ayuntamiento aprobó la moción presentada por este concejal para la creación del Observatorio de la Contratación y esta propuesta fue, además, incluida en la propuesta 94 del Plan ‘Santander a punto’, consensuado entre los grupos municipales para adoptar medidas frente a la crisis de la COVID-19, aprobado el pasado mes de junio.

“Desde la fecha de su aprobación en Pleno y el mandato plenario dirigido a la alcaldesa, no hemos conocido trabajo alguno dirigido a redactar la instrucción de alcaldía para regular la organización y funcionamiento del observatorio”, critica Saro, que recuerda que lo que sí se han repetido son los nuevos conflictos colectivos entre los trabajadores y las empresas concesionarias de servicios públicos externalizados.