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Entrevista Miguel Saro (Unidas por Santander)

“Se puede resolver el contrato de basuras sin indemnizar al concesionario por incumplir sistemáticamente el pliego de condiciones”

El concejal de Unidas por Santander, Miguel Saro, en su despacho municipal.

Javier Fernández Rubio

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Miguel Saro, concejal de Unidas por Santander, se muestra partidario de proponer a la empresa contratista del servicio de recogida de basura de la ciudad que renuncie a la concesión. Si no lo hiciera, afirma, el Ayuntamiento puede anular la contrata sin tener que indemnizar al concesionario, Ascán-Geaser, por el reiterado incumplimiento de las condiciones del servicio. El representante de Izquierda Unida cree también que Parques y Jardines puede ser remunicipalizado ya, aprovechando que ha expirado el contrato en vigor, y que ha de hacerse otro tanto con el de Aguas, que gestiona Aqualia, que a su entender ingresó en tres años casi 11 millones de euros de más.

La situación en que se encuentra la recogida de residuos en Santander parece haber entrado de nuevo en un bucle infinito. El servicio no se está ejecutando bien, el Ayuntamiento no se atreve a rescindir la contrata pero sí recorta el canon mensual, lo que repercute en retrasos en el pago de nóminas y trabajadores que se dirigen al Ayuntamiento a reivindicar. ¿Cómo salir de este círculo en donde los empleados parecen ser rehenes de las partes?

La empresa (por Ascán-Geaser) está en una situación complicada. La liquidez que obtiene va a parar a sus acreedores y no sé hasta qué punto la transferencia que realiza el Ayuntamiento es directamente a una entidad financiera, que viene a ser lo mismo.

Luego tiene sus ingresos comprometidos y las transferencias no llegan necesariamente a los trabajadores. ¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?

El Ayuntamiento facilita que no se cumpla el servicio, lo cual redunda en un ahorro para la empresa. Esto es algo tolerado por el equipo de gobierno.

¿El Ayuntamiento se comporta igual con todas las empresas?

En el Ayuntamiento hay concejales como César Díaz (edil de Fomento) que tuvieron responsabilidades en la empresa. También el exconcejal Ignacio Quirós tuvo un cargo de gestión importante en Ascán. Quirós formó parte de la comisión municipal técnica que decidió sobre las ofertas presentadas en el anterior concurso. Yo creo que debería haberse abstenido dado que había conflicto de intereses. Yo no digo que haya remado a favor de su empresa, pero... Un conflicto de intereses parece haberlo. No sé si habrá síndrome de Estocolmo pero estamos en 2020 y ahora, y solo por un informe de Intervención, se está viendo que Ascán está incumpliendo aspectos del pliego de condiciones del contrato. Y es algo sorprendente porque, como el Ayuntamiento tiene alergia de hacer un seguimiento de las contratas, se hizo un pliego también para que otra empresa lo controlara, primero la Fundación Torres Quevedo, luego Apia XXI, pero solo ahora se han puesto medidas correctoras, lo que demuestra que los servicios de control no han funcionado y son servicios controlados por personas que han tenido vinculación con esta empresa.

¿Qué propone hacer? Hace unos días hablaba de remunicipalizar servicios privatizados.

Si el Ayuntamiento ejerciera sus funciones de forma responsable tiene una fórmula para hacer cumplir las obligaciones del servicio público y garantizar el pago de los salarios, y es pagar directamente las nóminas a los trabajadores. Esto es algo que el Ayuntamiento ya hizo durante la última huelga de recogida de basura. Debe priorizar el pago de las nóminas. Pero es obvio que esta situación no puede prolongarse mucho porque una empresa en una grave crisis económica, con problemas de liquidez y además con un canon reducido no está en condiciones de cumplir las condiciones del contrato. Desde nuestro punto de vista, el Ayuntamiento debiera negociar con la empresa para que ella misma resuelva el contrato y abandone la concesión. Debería asumir penalizaciones pero dejaría de explotar un negocio improductivo.

¿Y después?

Una explotación municipal mediante la creación de una empresa pública a la que se subrogaran los trabajadores.

La alcaldesa, Gema Igual (PP), no es partidaria de remunicipalizar y apela a que hay unos contratos que cumplir. ¿Qué opina?

Políticamente no es inviable. Ahora mismo no se puede resolver un contrato sin indemnizar al concesionario pero sí se puede resolver un contrato de un concesionario que incumple sistemáticamente el pliego de condiciones. No es un proceso rápido y a partir de ahí se abrirían dos vías: o un nuevo pliego (para contratar a otra empresa) o explotarlo tú. Cuando se lleva años sin gestionar no se conocen ya los recursos necesarios y se ha adelgazado la plantilla municipal hasta límites vergonzosos donde solo queda un trabajador. Por muy exigente que se sea en los pliegos, el control no existe y se ha de contratar a otra empresa. Por eso es aberrante que los servicios públicos se exploten con externalizaciones.

Entonces, se impondría la segunda vía, la gestión pública.

O nos están engañando y hay un fraude de dimensiones enormes o es que hay alguien muy tonto. O las dos cosas.

O nos están engañando y hay un fraude de dimensiones enormes o es que hay alguien muy tonto. O las dos cosas a la vez

Miguel Saro Concejal de Unidas por Santander

¿Exactamente qué servicios desean 'desprivatizar'?

Aquas, Parques y Jardines, Basuras y OLA.

¿Por qué la OLA?

En materia de movilidad hay muchas reformas en las ciudades. Si el Ayuntamiento tiene comprometidos unos recursos por aparcamiento en un régimen concreto está limitada la autonomía municipal. Es una competencia que el Ayuntamiento debiera recuperar.

Eso me recuerda el párking de La Llama en que el Ayuntamiento de Torrelavega se comprometió con el concesionario a que no habilitaría más plazas públicas en superficie.

En Santander estamos muy parecidos con Mendicouague, pero por un importe muy superior, por más de cinco millones de euros. En este caso la concesionaria pide recuperar la inversión.

¿En qué estado se encuentra el pleito?

Hay un riesgo de más de cinco millones de euros para el Ayuntamiento, pero aún está en los tribunales y no está resuelto.

¿Y el caso de Aqualia y el Servicio de Aguas?

Se cedió a FCC en 2007 y en ese contrato el canon se pagó de golpe. En 2012 se modificó la ordenanza fiscal que, según la Intervención General, ha supuesto un incremento de los ingresos de Aqualia entre 2012 y 2015 de nueve millones de euros, aparte de una menor inversión en la infraestructura de millón y medio de euros. Y hay que tener en cuenta de que el contrato es por 25 años. La externalización de los servicios públicos ha sido en perjuicio de los vecinos: son más caros, peores y sin control.

¿Y el caso de Parques y jardines?

Ahora sí que se podría remunicipalizar porque la contrata ha expirado y se tramita un nuevo concurso. Cuando estalló la crisis -por la falta de control en la ejecución del servicio- había una persona al frente en funciones y un trabajador que era de la empresa contratista que hacía funciones casi de funcionario. Con esa pobreza no hay control ni manera de hacer un pliego en condiciones de control.

Ciudadanos, el socio de gobierno del PP, asegura que está poniendo los medios para un mayor control de los contratos.

No me lo creo en absoluto. Ciudadanos tiene un problema: en gestión económica municipal no tiene ninguna diferencia con el Partido Popular. Confían en seguir externalizando servicios y creen que las empresas son 'buenas' porque en caso de conflicto piensan que primará la calidad del servicio y eso es falso. Las empresas están para ganar dinero y en caso de conflicto no van a renunciar a él.

¿Qué pasa con los sobrecostes de obras en la ciudad?

Que haya un sobrecoste no quiere decir que haya engaño, pero cuando es sistemático significa que no hay un control eficaz de la Administración de las ofertas.

Usted ha pedido crear un Observatorio de la Contratación.

Sí, es un órgano asesor para que haya más transparencia. En agosto de 2019 se aprobó por el pleno su creación y todavía no sabemos nada. En él estarían representantes de los grupos municipales, vecinos, empresas, representantes de los trabajadores que tendrían conocimiento periódicamente del cumplimiento de los contratos.

¿Por qué no se hace?

La Alcaldía debe dictar la instrucción para regularlo y no ha hecho nada.

¿Y qué ha hecho usted?

Le he dicho al concejal de Contratación, Javier Ceruti, que se ponga las pilas. En su día me dijo que tenía un borrador hecho que había pasado a Alcaldía, pero él es el responsable del área. Necesitamos un órgano de comunicación para que los problemas no revienten en la puerta y poder conocerlos antes.

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