Año en blanco

El Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) ha convertido en un culebrón político la negociación del Presupuesto de Cantabria para 2026. Lejos de aceptar algunas de las reivindicaciones que planteaba un socio fiable para sus intereses como el PRC, que hasta este momento de la legislatura prácticamente había puesto la alfombra roja a un Ejecutivo en minoría —algo ciertamente extraño y consecuencia de su extrema debilidad interna— y sacar adelante las cuentas del próximo ejercicio con ligeras cesiones, desde el Partido Popular han decidido echarse al monte y convertir en un agravio que —¡oh, sorpresa!— la oposición haga oposición. O lo intente.

Además, la línea argumental que han utilizado no se sostiene ni en una película de serie B: tachar a la candidata regionalista, Paula Fernández, como una peligrosa izquierdista que está llevando al PRC a postulados radicales cercanos al tan cacareado 'sanchismo' —el mantra que sirve para todo en las filas populares— da más pena que risa, porque algunos lo dicen en serio y no como parte de una estrategia o un argumentario preestablecido por las 'cabezas pensantes' de Peña Herbosa.

Más insólito es aún que algunos alcaldes y dirigentes díscolos del PRC, disgustados con el legítimo resultado de unas primarias en las que no salió elegido el sucesor que les hubiera gustado a ellos, se sumen también a este coro desafinado poniendo ciertamente en riesgo la autoridad de la vencedora de ese proceso democrático interno y la continuidad futura de las siglas que les han dado cobijo hasta la fecha.

Y sorprende aún más que consejeros y altos cargos del Gobierno del PP en Cantabria, en lugar de centrar todos sus esfuerzos en negociar ese futuro presupuesto con las fuerzas políticas con representación parlamentaria que podrían aprobarlo en la Cámara, donde debía votarse, hayan perdido su tiempo con llamadas y reuniones en las que han combinado una actitud pasivo-agresiva y un tono rozando lo amenazante con organizaciones sindicales, asociaciones y colectivos sociales o entidades sin ánimo de lucro que, de una u otra manera, se financian mediante subvenciones y ayudas públicas en partidas en muchos casos nominativas, de las que dependen la continuidad de muchos de sus proyectos y que podrían correr peligro si no se aprueban las cuentas del año que viene. Ese intento de 'subcontratación' de grupos de presión para torcer el brazo al PRC es una táctica novedosa y extraña, además de fracasada, a la vista de los resultados.

El último intento de llevar al redil a los regionalistas es esa amenaza difusa de Buruaga de convocar elecciones anticipadas en Cantabria si no tiene presupuestos, como han hecho sus homólogos de Extremadura y Aragón, con la sustancial diferencia de que en esos territorios sus estatutos permiten que la legislatura resultante dure cuatro años mientras que aquí tendríamos que volver a las urnas sí o sí en mayo de 2027. Sería el equivalente a matar moscas a cañonazos, porque presionar ese botón rojo que pone fin voluntariamente a su mandato deja al Gobierno actual en funciones, y para cuando volviese a ser ejecutivo —si los resultados les acompañan— estaría de nuevo a las puertas de otra convocatoria electoral.

Todo el arco parlamentario sabe que la presidenta de Cantabria solo se plantearía ese escenario por orden directa de Génova y no por propio interés personal y político. Lanzar un órdago cuando tiene las cartas marcadas y se ve tan claro que va de farol suena raro y difícilmente le va a permitir ganar la partida. Seguiremos con interés cuál es el siguiente intento en esta escalada surrealista.