El Gobierno cántabro del PP ha ordenado el cierre definitivo del colegio público El Pedregal de Castro Urdiales. A través de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), el Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) ha puesto punto y final a meses de conflicto en torno a una polémica clausura que desde que fue anunciada en marzo de este año ha generado numerosas protestas y movilizaciones.
Y es que la comunidad educativa, especialmente las familias afectadas por la medida, se alzaron tras recibir por sorpresa, y de parte de la Consejería de Educación que dirige Sergio Silva (PP), el anuncio de cierre para el próximo curso de este centro educativo que albergaba a alrededor de 90 alumnos y que se inauguró hace 16 años en unas instalaciones propiedad de la Fundación Barquín Hermoso, organización religiosa que decidió no renovar el contrato de alquiler por el que percibía 20.000 anuales del Ejecutivo autonómico.
Familias, docentes y vecinos iniciaron entonces diferentes acciones para reivindicar la continuidad del colegio: recogidas de firmas, concentraciones tanto en el municipio como frente a la sede del Gobierno de Buruaga en Santander e incluso recibieron con abucheos a la presidenta y pancartas en contra de la clausura en una visita institucional que realizó en mayo al municipio castreño.
Además, la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y el sindicato STEC interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Educación para la supresión de las plazas docentes del colegio, exigiendo la suspensión del cierre del colegio como medida cautelar que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC).
Desde el primer momento, el titular de Educación garantizó la reubicación del alumnado en los otros cinco colegios públicos de la localidad, donde existen “suficientes vacantes”, en concreto 300 plazas libres, y dio opción a las familias a elegir centro educativo.
El cierre del centro en cuestión ha provocado, además, el choque entre dos administraciones públicas de distinto color político: el Gobierno autonómico del PP y el Ayuntamiento de Castro Urdiales (PSOE-CastroVerde) encabezado por la alcaldesa socialista, Susana Herrán, quien se ha opuesto desde el principio a la medida y ha denunciado por “irregular” la votación para rescindir el contrato de alquiler llevada a cabo en una reunión del patrotano -del que forman parte tanto la regidora como miembros del Ejecutivo- celebrada en diciembre.
El Gobierno de Cantabria ha aprobado la polémica clausura de El Pedregal a través de un decreto en el que ha incluido, además, la supresión de ocho escuelas infantiles en distintos municipios de la comunidad, en concreto en Piélagos, Liérganes, Bareyo, Cartes, Bareyo, Alfoz de Lloredo, Castañeda y Astillero.
La decisión -según el Gobierno cántabro- se ha tomado en unos casos atendiendo a la petición del propio centro y en otros tras comprobar que ya no tenían actividad. Todo ello es consecuencia de un proceso de evaluación de las necesidades de escolarización en los niveles de Educación Infantil y Primaria para el próximo curso escolar 2025/2026 la situación jurídica de determinados Centros públicos de Infantil y Primaria con el fin de ajustarla a dichas circunstancias teniendo en cuenta las variaciones producidas en cuanto a la disponibilidad de edificios escolares por parte de la Administración Educativa y a la comprobación de la actividad desarrollada en cada uno.
La medida suprime las Escuelas Infantiles Garruchines y La Jilguera, en Piélagos; Alberto de la Cantolla, en Liérganes; Cabo de Ajo, en Bareyo; El Chopo, en Cartes; Los Pequeños Hayas, en Castañeda; San Roque, en Alfoz de Lloredo; y Cors, en El Astillero.