Un megaproyecto con dudas sobre su legalidad y dos declaraciones de zona de exclusión para evitar los parques eólicos: el Valle de Toranzo también se blinda ante los molinos

Ni el verano ha servido de excusa para retrasar la burocracia previa a la construcción de los parques eólicos en Cantabria. De hecho, y en cierta manera, la época estival ha servido para acelerar muchos de los proyectos de los que aún no se había oído hablar tanto como es el caso de aquellos que afectan al Valle de Toranzo. Y es que después de la batalla librada por los vecinos en los Valles Pasiegos, parece que tanto Santiurde de Toranzo como Corvera de Toranzo seguirán el mismo ejemplo para proteger su entorno de unos molinos que, de instalarse, cambiarían por completo la biodiversidad de gran parte del centro y sur de Cantabria.

Sin embargo, el caso del Valle de Toranzo difiere del de los Valles Pasiegos en una cuestión que para colectivos como SEO/ BirdLife es de suma importancia: la construcción “ilegal” de un macroproyecto eólico de 350 megavatios, lo que le colocaría como uno de los parques más grandes de Europa. ¿La razón? Mientras en los Valles Pasiegos los parques se realizaban de forma independiente y tal y como marca la normativa, en el Valle de Toranzo los proyectos Aguayo 1, Aguayo 2, Aguayo 3, Aguayo 4, Aguayo 5, Aguayo 6 y Aguayo 7 están interrelacionados entre sí, lo que supondría un gran complejo industrial eólico que afectaría a 17 municipios: Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, Valderredible, Campoo de Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Santiurde de Reinosa, Pesquera, San Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Arenas de Iguña, Corvera de Toranzo, Santiurde de Toranzo, Molledo, Villacarriedo, Vega de Pas, Villafufre y Luena.

La ONG SEO/BirdLife ya ha denunciado públicamente que estos proyectos se han presentado “de forma fragmentada”, pese a tener el mismo promotor e incluso el mismo nombre, y consideran que debería elaborarse un único estudio ambiental por parte del promotor para que, después, sea analizado en un único procedimiento por la administración pública. “Los estudios de impacto ambiental no analizan los efectos acumulativos y sinérgicos del conjunto de los proyectos, es decir, los efectos sobre la biodiversidad de la potencial construcción de todos los proyectos”, subrayaba el comunicado de los ecologistas.

Por su parte, desde los ayuntamientos afectados ya se han tomado cartas en el asunto y Santiurde de Toranzo y Corvera de Toranzo han decidido presentar alegaciones en contra de los proyectos Aguayo 5, y Aguayo 2 y 3, respectivamente. De igual manera, Corvera ya ha declarado su territorio como “zona de exclusión eólica”, mientras Santiurde ha anunciado que lo hará en el próximo Pleno municipal.

Los regidores de ambos consistorios, Mónica Quevedo y Víctor Manuel Concha, han anunciado que, pese a no estar en contra de los eólicos, sí que lo están sobre dónde se van a ubicar: “La sensación que tenemos por parte del Gobierno es que alguno de los parques se va a hacer, así que a ver a quién le toca”, ha explicado Concha, alcalde de Santiurde, en declaraciones a elDiario.es. En el otro lado, Quevedo ha reiterado la necesidad de “proteger” los valles, una de las premisas que han defendido desde los colectivos ecologistas desde el inicio de la polémica.

Por tanto, la construcción de estos siete parques interrelacionados incurriría en una ilegalidad de llegar a producirse, ya que existe la obligación de pasar una evaluación ambientan conjunta, así como un estudio de impacto conjunto. Desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Ejecutivo cántabro, que es la responsable de que el proyecto salga adelante debido a que cada parque tiene 50 megavatios (si tiene más le corresponde al Ministerio), han indicado que “no tienen datos” de que se trate de un fraccionamiento de un único parque, además de señalar que desconocen los 'Aguayos' 6 y 7. Sobre que compartan nombre, desde la Consejería han asegurado que “es una práctica que han tenido los promotores en otras actuaciones en España”, así como que ellos “no entran” en esos aspectos de terminología.

“Estos parques tienen distanciados sus aerogeneradores y tienen accesos y red subterránea de media tensión hasta subestación diferenciados, aunque compartan posteriormente infraestructuras”, ha comunicado el director del departamento, Daniel Alvear. No obstante, también ha señalado que “quieren” que se compartan esas infraestructuras para disminuir el coste ambiental de las líneas de alta tensión. “Que los promotores presenten una o varias solicitudes de autorización administrativa con su propuesta de proyectos no significa que sea esa su configuración final, o incluso que vayan a ser implantados... Para eso hay todo un proceso”, ha concluido Alvear.

De igual manera, el titular de la Consejería de Medio Ambiente, el regionalista Guillermo Blanco, ha reiterado esta semana que la comunidad no puede quedarse “al margen” de la energía eólica “sobre todo en estos momentos en los que está tan en boga quejarse del precio de la electricidad y de la energía”. Ahora habrá que ver qué ocurre con este potencial macroproyecto y si finalmente se lleva a cabo en contra de unos vecinos que llevan desde julio movilizándose en contra de la decisión del Gobierno de Cantabria de permitir la tramitación de un proyecto que podría terminar por convertirse en el más importante de la comunidad.