228 euros menos: la desigualdad salarial que sufre la mitad de los guardias de seguridad del centro de menores en Albacete

Todo empezó alrededor de 2014, en pleno Gobierno de María Dolores Cospedal en Castilla-La Mancha. Los recortes llevados a cabo durante dicha legislatura hicieron que el único Centro de Menores de gestión pública de la región perdiese tres efectivos de seguridad por turno, una reducción de la plantilla que supuso el despido de cinco personas. Entonces, los trabajadores mostraban miedo por la reducción de plantilla: “¿Qué hacen sólo dos personas si se da un motín? ¿O si hay que separar a varios chavales en mitad de una pelea? Nos van a pegar allí algún día”, resaltaban.

El Centro autonómico de internamiento de medidas judiciales, de titularidad pública cuenta con capacidad para alrededor de treinta usuarios y nunca ha estado exento realmente de polémica. Menos en los años del PP, cuando el Defensor del Pueblo lo señaló por ser el centro de menores con más casos de autolesiones. En 2014 también se investigó el suicidio de un menor.

Con la llegada del PSOE al Gobierno de Castilla-La Mancha, se reinstauraron los turnos con cinco guardias de seguridad por turno. Pero los pliegos de contratación no incluían un complemento personal no absorbible que supone 228 euros y que se incluía por las tareas específicas que realizaban los profesionales dentro del centro: vigilancia de los menores, sin interrumpir en las actividades, su traslado, actuar en caso de intentos de fuga o, incluso, llegar a poner grilletes en los usuarios. Cabe recordar que los usuarios del centro están involucrados en causas judiciales de diversa índole. Es esto lo que todavía no se recupera, seis años después y son 10 de los 18 trabajadores los afectados. La empresa adjudicataria desde 2018 es Salzillo Seguridad S.A.

“Cuando entra el Gobierno de Page solicitamos reuniones y desde la Junta nos reciben y ven nuestra propuesta con buenos ojos. Se saca un nuevo pliego para 2016, donde se recuperan los turnos”, recuerda José María Muñoz del comité de empresa. Se recuperan entonces los turnos de antes de los recortes, pero no este complemento que vino a sustituir uno que se cobraba por la peligrosidad del trabajo. “La Administración ahora se escuda en que se debe emitir en los pliegos para que las empresas lo satisfagan a quienes no lo cobran, entonces no te dicen que sí ni tampoco que no. Es la pescadilla que se muerde la cola”, resalta.

“Nos dan largas”

“Llevamos meses, por no decir años, reuniéndonos con el delegado de la Junta. Decían que era muy fácil, pero lo cierto es que nos dan largas”, resalta. Ya han realizado movilizaciones y seguirán con ellas, sin descartar trasladarlas de Albacete a Toledo, para conseguir mayor notoriedad. “La situación es difícil en este lugar. Ahora mismo, diez de los guardias cobran una peligrosidad ridícula del convenio, pero no la que la Junta aprobó en 2002 de forma especial para este servicio por las características del centro y que es lo que sustituye el complemento de absorción”, reclama Muñoz.

No sólo se trata de la situación que sea peligrosa, aclara, además, sino que se debe saber lidiar y actuar cuando se trabaja con menores, porque “siempre” están cerca de ellos. “En todas sus actividades. Cercanos pero sin actuar”. “Claro que cuando hay conflicto podemos intervenir, la ley nos ampara”, resalta. “Si hay que reducir o incluso engrilletar a los menores, es lo que hacemos,, porque somos la parte de seguridad inmediata”, explica. Por eso, deben saber “no precipitarse”, tener en cuenta la “proporcionalidad” de los hechos... En definitiva, “tomar las riendas”. “Y claro, corres riesgos”, señala.

Javier González, secretario general de UGT en Albacete, insiste en que se trata de un trabajo que requiere cualificación y especialización diferente. “Muchas veces tienen que reducir a los menores, cuando están en situación agresiva o de inspección para evitar armas, drogas o cualquier sustancia que no deban. Pero están en la misma situación que el personal que simplemente controla los accesos a los edificios públicos”, resalta González. La desigualdad salarial ha ido afectando a quienes han entrado tras los cambios en el personal, cuando alguien pide cambio de servicio por ser muy mayor.

“Dejan de ingresar 228 euros al mes, con lo que conlleva la desigualdad salarial entre dos personas que realizan el mismo trabajo y perciben distinto salario. No tiene ningún sentido”, asegura. Por eso, concluye, el calendario de movilizaciones “no va a cesar” hasta que no se corrija la situación.