Podemos acusa a Page de imitar “la agenda neoliberal” de Ayuso en Urbanismo y Medio Ambiente

El coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha acusado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page de imitar la “agenda neoliberal” de la presidenta de la vecina Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en cuestiones de Urbanismo y Medio Ambiente.

Se refiere así al reciente acuerdo entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y la Junta castellanomanchega para modificar la Ley de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha.

Y es que el Gobierno central señaló al Gobierno regional algunas “discrepancias” con esta norma que tendrá que ser modificada y que espera una decisión del Tribunal Constitucional sobre alguno de sus artículos. La Junta ha depositado en ella su apuesta para atraer a nuevas empresas a la región, pero no ha estado exenta de críticas.

García Gascón vincula tanto esta norma como la Ley SUMA con las medidas que el PP de Díaz Ayuso ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. “Me refiero a la Ley del Suelo que, en su enfoque, es muy similar a la Ley de Proyectos Prioritarios de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, ambos gobiernos están poniendo en práctica una “agenda neoliberal” que no se limita solo al urbanismo o al medio ambiente. “Ayuso es una de las grandes valedoras de la tauromaquia que se bonifica fiscalmente en la ley castellanomanchega, al igual que ocurre con las casas de apuestas” y, en este sentido, critica la “hipocresía” del Ejecutivo regional que, por un lado anuncia una “restrictiva” Ley del Juego pero bonifica en lo fiscal a sus empresas promotoras aludiendo a la necesidad de paliar los efectos de la COVID en sus cuentas de resultados.

Por este motivo, el líder regional de Podemos dice valorar “muy positivamente que el Gobierno de España, del que forma parte Podemos, haya conseguido que esta ley se modifique para cumplir la normativa y la Constitución Española”

Y es que, dice, “se ha demostrado que la alerta que planteamos era cierta: se vulneraba la legislación de Medio Ambiente y los derechos de Transparencia y Participación para el beneficio de las élites económicas generando especulación inmobiliaria, como ocurrió con la crisis de 2008”.

“Agradecemos que se haya podido enmendar esta situación porque suponía retroceder en el tiempo en décadas”, insiste.

La Ley SUMA “seguramente también deberá ser enmendada”

Para el líder regional de Podemos, “esta ley es un ejemplo clarísimo de la que mayoría absoluta de Page en Castilla-La Mancha desarrolla políticas de derechas” y apunta también a la llamada Ley SUMA que cree que podría tener un recorrido jurídico similar.

“Desde ya, alerto de que la Ley SUMA podría tener las mismas consecuencias y deberá enmendarse por parte del Gobierno de España o de los tribunales”, asegura el coordinador de Podemos en la región, José Luis García Gascón

“Ambas leyes han sido pactadas con la derecha y desarrollan un modelo neoliberal que elimina normativas medioambientales y derechos sociales para favorecer la especulación económica de fondos de inversión, grandes empresas deteriorando la comunidad autónoma y los derechos sociales de la mayoría”.

García Gascón sostiene que la Ley SUMA “afecta en la misma medida a la evaluación de impacto ambiental para favorecer la especulación, además de eliminar los planes de vivienda de protección oficial, un disparate. Por otro lado, reduce los ingresos a los municipios que tanto necesitan para poner servicios contra la despoblación”.

Podemos: "Legislar de esta forma viene a reproducir las causas que generaron la crisis de 2008”

Para García Gascón este tipo de normativa “pone de manifiesto la política de vender humo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Han salido en varias ocasiones a decir que van a impulsar la Ley de Vivienda, pero no lo hacen. Parece que vivimos en una legislatura de vender humo progresista y hacer políticas de derechas”.

También abunda en que legislar de esta forma “viene a reproducir las causas que generaron la crisis de 2008”.

Según Podemos, “se está gestionando mal la actual crisis” y pone como ejemplo el hecho de que no se refuerce la Sanidad pública, “ni en general los servicios públicos, es más, algunos se están privatizando”, no se están protegiendo los derechos sociales ya que “se ha eliminado el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Es justo lo contrario de lo que está haciendo el Gobierno central”.

En este sentido, apuesta por “impulsar una economía progresista en Castilla-La Mancha y se debe hacer con un modelo propio y estrategia a largo plazo, no con medidas de 'pan para hoy y hambre para mañana' y que además se enfoque en el impulso de una economía verde y social con energías renovables descentralizadas, una economía feminista de los cuidados, el impulso de los servicios públicos y el fin de las privatizaciones y leyes de Cambio Climático y de apoyo a la producción ecológica”. Eso, concluye, “está en las antípodas” de lo que ahora se hace.

PSOE: Las pegas del Gobierno central son “un freno” a la ley

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, su portavoz Ana Isabel Abengózar reconoce que las discrepancias expresadas por el Gobierno central con la norma castellanomanchega suponen “un freno” y que “habrá que respetar los plazos que nos den así, como la respuesta del Tribunal Constitucional”.

La diputada regional niega las acusaciones de Podemos. “Esta ley pretende agilizar proyectos que quieran quedarse en Castilla-La Mancha y su premura tiene que ver con las necesidades que nos ha planteado la COVID para reactivar la economía. Es lo que ha movido a los tres grupos políticos en las Cortes”.

Asegura que la norma prioriza determinados tipos de proyectos y “desde luego entre ellos está también la parte social” y sostiene que “aunque Podemos pone el foco en lo taurino o en la Ley del Juego nosotros en lo que estamos pensando es en atraer a grandes empresas y que nos ayuden a cambiar el modelo productivo”.

Ciudadanos: “Era una ley muy necesaria”

La Ley de Proyectos Prioritarios de Castilla-la Mancha fue pactada entre PSOE y Ciudadanos, aunque recibió la casi unanimidad en las Cortes regionales, ya que el PP le puso algunas pegas al articulado y a la exposición de motivos.

Desde Ciudadanos, el diputado regional David Muñoz Zapata no ha entrado a valorar la cuestión de inconstitucionalidad que se ha planteado en la norma y afirma que esta ley “era muy necesaria para eliminar las trabas burocráticas que dificultan la llegada de empresas a Castilla-La Mancha”.

Cree que esa necesidad y el “beneficio social” de la ley estriba en la unanimidad que suscitó su aprobación. “Fue una Ley fruto del Pacto para la Reconstrucción entre Ciudadanos y PSOE” y apoyada por el PP, los tres partidos con representación parlamentaria en esta legislatura.  

También subraya que “ninguno de los apartados de la Ley que han sido puestos en duda por la Comisión Bilateral de Competencias, fue objeto de ninguna enmienda por parte de ningún Grupo Parlamentario”.

En todo caso, cree que si esta Ley presenta “alguna fricción” con la legislación estatal, la voluntad de Ciudadanos es modificarla para adecuarla pero, matiza que “si la legislación estatal presenta trabas para la implantación de empresas en una región tan necesitada de estímulos para la generación de empleo como la nuestra, también sería necesario que Pedro Sánchez recapacitara y se pusiera manos a la obra para eliminar esas trabas burocráticas que dificultan que los emprendedores creen puestos de trabajo”.

PP: “Es el resultado de legislar sin asesoramiento”

Desde el PP, el diputado regional Benjamín Prieto sostiene que las modificaciones son consecuencia “de una práctica que se ha convertido en habitual en las Cortes de Castilla-La Mancha”: la presentación de Proposiciones de Ley que no precisan del dictamen del Consejo Consultivo y no de Proyectos de Ley que si lo requieren.

“Este es el resultado de legislar sin el asesoramiento necesario”, zanja el diputado popular.