El TSJ anula la orden de julio del 2021 que prohibía las labores de cosecha en Castilla-La Mancha por riesgo de incendio

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla-La Mancha ha anulado la resolución de fecha 8 de julio de 2021 firmada por el viceconsejero de Medio Ambiente José Almodóvar que prohibía las labores de cosecha en toda la región los días 11 y 12 de julio de 2021, entre las 12 y las 20 horas por el riesgo de incendio, y que dio lugar en su momento a protestas parte de los agricultores afectados y la posterior denuncia judicial.

La sentencia, para la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo,  decide “estimar  el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asociaciones Agrarias-Jóvenes Agricultores (ASAJA) contra la Resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, anula la resolución y no les impone costas.

Los demandantes, APAG (Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara) y Asaja interpusieron primero un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General, que fue desestimado por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, lo que motivó que en diciembre de 2021 se presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Alto Tribunal regional con sede en Albacete. Cuatro años después el TSJ ha publicado la sentencia que resuelve dicho recurso a favor de Asaja y de APAG, considerando que “las medidas adoptadas no se encuentran previstas entre las reguladas para su aplicación durante las campañas de prevención de incendios forestales”.

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda; el presidente de Apag, Juan José Laso, y el presidente de Atamaco, Félix Andrés, en rueda de prensa han mostrado su satisfacción y han explicado que la sentencia ha validado el recurso contra una decisión que califican de “imprudente, irresponsable y carente de inteligencia”.

La resolución firmada en 2021 por el entonces viceconsejero Fernando Marchán y avalada por el exconsejero José Luis Escudero ha sido descrita por las organizaciones agraria como una medida “sin consenso, sin lógica y adoptada a espaldas del sector”, que paralizó la siega en plena campaña y causó perjuicios económicos “muy graves”. Durante la comparecencia se ha subrayado que, si el fallo hubiera llegado antes, “su único destino hubiera sido seguramente el cese”.

Piensan en pedir responsabilidades patrimoniales

Según los representantes de las organizaciones agrarias, esta sentencia ha activado también el proceso para exigir responsabilidad patrimonial a la Junta de Castilla-La Mancha por los perjuicios derivados de la paralización de la actividad.

Félix Andrés, presidente de Atamaco, (la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras) ha ofrecido una valoración de los daños económicos ocasionados por estos dos días de parada, que se elevan sólo para los asociados de ATAMACO a unos 750.000 euros y superarían los dos millones de euros en la región según ha valorado también Asaja. Además, considera que si esta cifra se multiplica por cinco años en los que ha habido restricciones “ la cifra sería desorbitada para la Administración”.

Los comparecientes han detallado que el daño no se limitó a la facturación de los días afectados, sino también a costes laborales, alojamientos de personal desplazado, pérdida de clientes en campañas posteriores y mermas de producción para los propios agricultores. Según han indicado, el impacto total en Castilla-La Mancha sería “muy superior”.

La organización de maquinaria agrícola celebrará una asamblea para fijar el procedimiento de reclamación, mientras que el Comité Ejecutivo Regional del sector analizará el alcance jurídico del fallo en una reunión prevista para el 2 de diciembre.

José Maria Fresneda ha asegurado que han encontrado la hoja de ruta y a partir de ahora “o se negocia o no se determina bajo ningún concepto cuándo y cómo y de qué manera tenemos que hacer nuestro trabajo, porque lo que no podemos aceptar es que se nos imponga sin criterio lógico ni legal cuando como tenemos que hacer las cosas”.

Han pedido a la actual consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, “abrir una fase basada en el diálogo y el consenso”, frente a un modelo previo que califican de “ordeno y mando”. Y han advertido de que a partir de ahora acudirá a los tribunales ante cualquier medida que afecte a la renta agraria sin compensación.

La Junta puede recurrir

Las sentencia señala que “cabe recurso extraordinario y limitado de casación ante la Sala 3ª del Tribunal Supremo”, en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación.

No obstante, las organizaciones han señalado que no perciben intención de hacerlo y advierten de que recurrir “sería un error”.