Amnistía Internacional: “Los derechos humanos son una asignatura pendiente en Castilla-La Mancha”
“La pobreza es la peor crisis de derechos humanos”. Con esta contundente frase resume Alfonso Sánchez, el nuevo coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha, parte del contexto en el que esta organización trabaja en la comunidad autónoma. La organización ha celebrado asamblea regional y sus retos colectivos pasan además por una serie de objetivos que van desde la memoria histórica, hasta la acogida de refugiados, la implantación total de la sanidad universal, el derecho a la vivienda y la lucha contra los desahucios, entre otras muchas cuestiones.
En una entrevista con eldiarioclm.es, Sánchez desgrana la labor de esta nueva etapa de la organización, y que en primer término pasa por movilizar al mayor número de personas y organizaciones de la sociedad civil castellano-manchega para que exijan al Gobierno central que asuma su compromiso de acoger a 17.000 personas refugiadas antes de septiembre. Y esta petición afecta también al Ejecutivo regional: “queremos que elabore un plan o protocolo específico de acogida de personas refugiadas y solicitantes de asilo”. Aunque esta cuestión es competencia estatal, las autonomías pueden actuar en materia de acogida e integración, “que se ha de hacer en condiciones dignas y de acuerdo a los estándares internacionales”.
En este sentido, avanza que en las próximas semanas, la organización va a poner el foco en algunos ayuntamientos importantes de la región para que reclamen al Gobierno que asuma su compromiso de acoger a estas 17.000 personas en condiciones dignas, “al tiempo que ellos mismos se posicionan claramente a favor de recibirlas en sus municipios”.
El nuevo coordinador de Amnistía Internacional también marca como prioritario su trabajo sobre el derecho a la vivienda y la actualización del censo de viviendas vacías, pidiendo a la Junta que asuma sus recomendaciones para proteger este derecho frente a los desalojos por impago del alquiler. Sobre este tema, argumenta que aunque se han dado pasos, con medidas como el establecimiento de las oficinas de mediación, “aún quedan lagunas importantes para garantizar este derecho”.
Detalla que en la comunidad autónoma se han producido desde 2013 hasta septiembre de 2016, según datos judiciales, 3.993 desahucios por impago de alquiler y 5.085 desalojos por ejecución hipotecaria, pero las autoridades “no cuentan con datos de cuántas personas se han visto afectadas, ni cuántas son mujeres, menores o personas con discapacidad”. Son “desalojos que se han producido sin garantías de protección de los derechos humanos”.
Derechos humanos en colegios e institutos
Otro de los objetivos planteados por el nuevo coordinador regional es que se incluyan contenidos obligatorios de derechos humanos en el currículo educativo durante la educación Primaria y Secundaria, una cuestión “sin mucha respuesta” por parte de las autoridades autonómicas; y que se adopten medidas para “garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares de violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo”.
Del mismo modo, en Amnistía Internacional Castilla-La Mancha se han propuesto “estrechar lazos” y colaborar con otros movimientos sociales que trabajan por los derechos humanos en la región y logar que los medios de comunicación les concedan un mayor protagonismo. Unido a ello, está su objetivo de crecer en número de activistas. Actualmente son unos 2.000 socios en toda la comunidad autónoma, además de numerosos activistas en grupos como los de Albacete, Ciudad Real, Toledo o Talavera de la Reina, pero quieren aumentar su presencia en todo el territorio, con equipos de trabajo en los centros educativos que forman parte de su Red de Escuelas por los Derechos Humanos.
A la hora de valorar la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta materia, Sánchez resalta que “los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente” en la comunidad autónoma. Además de lo mencionado en torno a los desahucios, menciona igualmente la cuestión de la sanidad universal. Recuerda que Amnistía Internacional denunció en 2015 el efecto que en Castilla-La Mancha estaba teniendo la aplicación del Real Decreto Ley que limitaba el acceso a la sanidad de las personas migrantes en situación irregular y que el Gobierno anterior del PP aplicó “de manera rigurosa” provocando situaciones dispares entre hospitales y centros de salud, así como emisión de facturas a los migrantes atendidos en urgencias.
La devolución de la sanidad universal
Aunque la organización aún no ha evaluado su impacto, valora “muy positivamente” que hace un año el Gobierno regional aprobara la devolución de la sanidad universal a todas las personas residentes de la región con independencia de su situación administrativa. “Ahora, a las autoridades les corresponde llevar a cabo campañas de divulgación sobre ese cambio en centros de salud y hospitalarios para que esas personas sean conscientes del derecho que tienen y combatir así el efecto disuasorio del Real Decreto” recalca.
Tras ello, y preguntado por las medidas contra los niveles de pobreza y exclusión social en esta comunidad autónoma, Alfonso Sánchez recuerda que aún no se conocen los detalles de la anunciada Estrategia regional contra la Pobreza y la Desigualdad social del Gobierno regional, pero que, de cualquier forma, las autoridades “deben garantizar niveles mínimos esenciales de todos los derechos para las personas”.
“La pobreza es la peor crisis de derechos humanos. Y es que la pobreza no es únicamente la falta de ingresos, sino la privación del acceso a los derechos necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado. A su vez, las vulneraciones de derechos humanos causan y agudizan la pobreza”.
