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Castilla-La Mancha denuncia en Bruselas una “insostenible” gestión del Tajo tras anular el Supremo el Plan Hidrológico

Vista del río Tajo en la provincia de Toledo

Alicia Avilés Pozo

Hace semanas que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, prepara el viaje que este martes, día 19 de marzo, realiza a la Comisión Europea. Su intención es manifestar una vez más la denuncia del Gobierno regional sobre el estado en el que se encuentra el río Tajo en su tramo medio, derivado de su mala gestión y del controvertido trasvase desde su cabecera hasta el río Segura. Esta vez quiere hacerlo personalmente y hasta Bruselas se ha desplazado acompañado de representantes de la Asociación de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía. Allí entregarán al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, un documento sobre la evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats de interés comunitario del Tajo a su paso por Castilla-La Mancha, centrado en el tramo entre los embalses de Bolarque y Azután, uno de los más degradados del río.

Esta denuncia se realiza ahora con un aval judicial: el hecho de el Tribunal Supremo haya anulado, en una sentencia pionera, el Plan Hidrológico del Tajo porque no fija caudales ecológicos en Aranjuez (Madrid), en Toledo y en Talavera de la Reina (Toledo). Este precedente jurídico ha sido posible gracias al recurso ante el Supremo que interpusieron en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía.

El documento de síntesis que el Gobierno regional y la Asociación de Municipios Ribereños entregan ahora al comisario de Medio Ambiente está firmado por el Jefe de Servicio de Espacios Naturales, Antonio Aranda, y el director general de Política Forestal y Espacios Naturales, Rafael Cubero. En sus 40 páginas se abordan todas las variables que han derivado en la “mala gestión hídrica y ambiental” del Tajo durante décadas.

En sus consideraciones previas, se argumenta que la actual normativa del Trasvase Tajo-Segura, lejos de establecer  soluciones  adecuadas  a  esta problemática, está “enfocada  a mantener las demandas del trasvase sin  ningún criterio de sostenibilidad”.

Un régimen de desembalses “ecológicamente insostenibles”

“Actualmente, la normativa reguladora del trasvase mantiene un régimen de desembalses de referencia ecológicamente insostenibles, tanto desde un punto de vista cuantitativo como en relación a su régimen estacional, con fuertes restricciones durante el invierno y la primavera, y todo lo contrario durante el verano, lo que conlleva una profunda alternación de todo el ecosistema fluvial”, se destaca en el documento. Añade además uno de los argumentos que Castilla-La Mancha lleva esgrimiendo desde hace años: el hecho de que se “extralimite” el principio de prioridad de la cuenca cedente, “dado que el caudal desembalsado por normativa es insuficiente para cubrir al mismo tiempo las demandas de explotación de las masas de agua y sus necesidades ecológicas”. Habla, en resumidas cuentas, de una “negligente gestión”.

Pero, ¿cuáles son los datos que aporta el Ejecutivo central para ilustrar estas denuncias? En primer lugar, la evaluación técnica establece que los hábitats acuáticos de interés comunitario asociados al río Tajo entre los embalses de Bolarque y Azután (el tramo analizado) presentan un grado de conservación “desfavorable-malo”, según los estándares europeos de calidad. De hecho, apunta que las perspectivas futuras también son desfavorables por la “frecuencia e intensidad de las presiones soportadas”. Por ejemplo, esgrime que el 92,3% de las teselas (áreas) sufren impactos moderados y graves,  y que las alteraciones hidromorfológicas y la ocupación de dominio público hidráulico representan los principales impactos, aunque también considera relevantes las especies exóticas por los “desequilibrios ecológicos existentes”. 

Otros análisis desvelan que existe una elevada proporción de comunidades helófitas (plantas utilizadas en depuración de aguas residuales) como consecuencia de una “significativa pérdida de dinámica fluvial”. Y al hilo de ello señala la situación crítica de las masas de agua de los embalses de Zorita y Almoguera, “donde el río apenas lleva caudal y el cauce se encuentra totalmente anegado por carrizal”. En este punto sale a relucir, como en numerosas partes del documento, los “deficientes desembalses” del Trasvase Tajo-Segura, que “impiden cubrir simultáneamente la demandas de la cuenca cedente y las necesidades del ecosistema fluvial adyacente”. Esto afecta directamente, según establecen los datos, a la conservación del espacio de la Sierra de Altomira declarado como Zona de Especial Conservación (ZEC).

Tras reseñar una situación similar aguas abajo de Castrejón, en este caso  afectando al espacio ZEC/ZEPA en islas de Malpica de Tajo y Azután, en el documento se destaca que el río Tajo actualmente no es capaz de mantener adecuadamente algunas de las masas forestales que desarrolló durante la segunda mitad de siglo XX. A todo ello se añade el “impacto devastador” de la grafiosis (enfermedad de los olmos) en los años 90.

“En las últimas décadas se han recrudecido los desequilibrios ambientales asociados a la mala gestión hídrica del río”, afirma el documento del Gobierno castellano-manchego, enumerando algunos de ellos, como la desaparición de nichos ecológicos de especies vegetales, el estrechamiento del cauce o la alteración de la dinámica vegetal en las orillas, entre otros. 

La “mala calidad” de las riberas del río

Asimismo, sostiene que las riberas del río Tajo, atendiendo al Índice de Calidad del Bosque de Ribera (QBR), presentan una “alteración fuerte y mala calidad”, y que con carácter general, la gestión actual del tramo medio del río Tajo es “incompatible con la conservación favorable” de los hábitats de interés comunitario y la Red Natura 2000.

Con todo ello, concluye que el ecosistema fluvial del río Tajo mantiene un mal estado  de conservación. “Todos los análisis realizados muestran la existencia de grandes desequilibrios ecológicos como consecuencia de las deficiencias históricas de cobertura vegetal, ocupación del dominio público hidráulico (cultivos e infraestructuras) y, en los últimos tiempos, la desfavorable gestión hídrica del río”.

Este documento se ha elaborado conforme a una metodología en varios pasos: cartografía digital de la ribera y los hábitats de interés comunitario entre las presas de Bolarque y Azután; análisis del grado de extensión y proporción de formaciones vegetales relevantes en relación al régimen de caudales y dinámica fluvial del río Tajo; y evaluación del grado de conservación de los hábitats de interés comunitario más representativos y sensibles a los impactos hidrológicos.

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