Castilla-La Mancha pide que las CCAA debatan con urgencia paralizar la LOMCE
Comienzan las primeras medidas para abordar los problemas del sector educativo en Castilla-La Mancha, que atraviesa ahora momentos de incertidumbre por el cambio de Gobierno y por la aplicación progresiva de la LOMCE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya ha dado instrucciones a la consejera de Educación, Reyes Estévez, para que solicite formalmente la reunión de la Conferencia Sectorial de comunidades autónomas que debe debatir la “paralización” de la esta ley. La petición se produce en un momento en el que el Gobierno anterior, estando en funciones, aprobó el currículum de Secundaria y Bachillerato en aplicación de esta Ley para el próximo curso escolar.
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere que se convoque con carácter urgente una sesión extraordinaria de la Sectorial de Educación con el objetivo de solicitar una moratoria en el calendario de aplicación de la Ley y un replanteamiento de cuestiones que, si hay voluntad, “no vulneran la normativa básica y permitiría dar una respuesta real y ajustada a las necesidades del alumnado”.
Con el currículum de la ESO y Bachillerato publicado dos días antes de finalizar las clases en la región, se pretende aplicar “con absoluta improvisación y una precipitación inaudita”, en palabras de García-Page, una normativa educativa que “tanto docentes como familias desconocen”, y que afecta directamente a la organización, horarios, contenidos y evaluación de las diferentes asignaturas.
Siendo el propósito del nuevo Gobierno que el próximo curso escolar “comience con la mayor normalidad posible” y en las mejores condiciones para los alumnos, el profesorado y las familias, Page afirma que no se puede “desatender la demanda social y hacer de la aplicación de la LOMCE una huida hacia delante, en el convencimiento de que es una Ley que no aborda los problemas existentes en la enseñanza, no plantea soluciones, y en absoluto nace del consenso con la comunidad educativa”. Por ello también iniciará una ronda contactos con los diferentes sectores de la comunidad educativa a través de la titular de Educación, Reyes Estévez, para analizar las diferentes posibilidades para el desarrollo del próximo curso escolar con las mejores garantías para el alumnado.
Desde el PSOE ya se había establecido que la moratoria de la LOMCE era única forma “legal” de paralizar la aplicación de esta Ley, “la que más rechazo ha suscitado”, y dar así seguridad jurídica a los alumnos. De hecho, en el caso de que el Gobierno central no paralizara su aplicación, el Ejecutivo de Castilla-La Mancha se reuniría de urgencia con la comunidad educativa de la región para realizar un estudio legal y ver cómo adaptar los decretos de desarrollo “a la realidad social” de la región. Además, los socialistas tienen intención de volver a incluir en el currículo de los estudiantes de ESO la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que la entrada en vigor de la LOMCE ha anulado, así como acabar con las evaluaciones finales, las conocidas “reválidas”, que incluye la actual ley de educación.
La misma tesis que otras comunidades autónomas
Con este rechazo, el nuevo Gobierno regional se une a las tesis defendidas por los consejeros de Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco, que abandonaron la última reunión sectorial con el ministro Wert en defensa de su petición de paralizar el calendario de implantación de la Ley.
Por otro lado, la nueva consejera de Educación ha remitido además una comunicación al director general de Recursos Humanos y Programación Educativa en funciones, en la que le conmina a la “inmediata rectificación y notificación” a los servicios de Inspección para que se aplique la normativa vigente en relación a la planificación del próximo curso escolar. Se trata, según se sostiene en el propio escrito enviado por la consejera, de dar marcha atrás en la decisión de los anteriores responsables que reducía a la mitad las horas de tutoría en los cursos de 1º y 3º de la ESO. Eso supondría, según han denunciado los sindicatos, el despido de 100 interinos más de cara al siguiente curso escolar.
Por ello, la consejera exige a los responsables en funciones de la Consejería que se ciñan a la normativa elaborada por el propio Gobierno de Cospedal, concretada en la orden de 2 de Julio de 2012 y, más directamente, a los tres apartados en los que se regula el horario lectivo de docencia directa y las horas de tutoría para evitar esos nuevos despidos.
