Castilla-La Mancha alza su voz por la libertad de expresión y contra la Ley Mordaza

Se han cumplido tres años desde que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como ‘Ley Mordaza’, y en Castilla-La Mancha, varias ciudades se han unido a los actos convocados a nivel estatal por la Plataforma No Somos Delito, apoyados por más de un centenar de colectivos que trabajan por los derechos humanos.

Concretamente, Toledo, Guadalajara y Cuenca han protagonizado protestas y concentraciones de todo tipo organizadas desde plataformas y asambleas ciudadanas, como recoge www.cmmedia.es/noticias. En la capital castellano-manchega, donde ya realizó un acto previo hace dos semanas, ha colaborado en la protesta Amnistía Internacional, organización que este año está centrando sus denuncias en la falta de la libertad de expresión. Además, en el acto en Toledohan participado el portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, y los concejales de Ganemos Toledo que forman parte del Gobierno municipal, Diego Mejías, Eva Jiménez y Helena Galán.

En todos los actos, además de la lectura de los manifiestos, se ha incidido en las “agresiones” concretas a la libertad de expresión en el entorno más cercano. Así, en Toledo se han mostrado trabajos de artistas toledanos, se han leído varios textos y se han celebrado recitales de poesía y actuaciones de los músicos de la ciudad. Con ello también han querido protestar contra la autocensura derivada de la aplicación de la Ley Mordaza. Han participado poetas y artistas como Kabalah, Carlos Ávila, Eddie (J. Bermúdez), Félix Chacón, Alicia Es. Martínez, Javier Iruela, Grupo Estación y Susana Sánchez, entre otros, además de Virginia Hernández como intérprete de lengua de signos.

Entre los más de cien colectivos adheridos a esta convocatoria en todo el país se encuentran entidades como Ecologistas en Acción, Novact, Confederación General del Trabajo (CGT), Amnistía Internacional, Greenpeace, Iridia - Centro de Defensa de Derechos Humanos, SOS Racismo, Plataformas de afectados por la Hipoteca Madrid (PAH), Coordinadoras de ONGD, la Plataforma en defensa de la libertad de Información (PDLI), Democracia Real Ya Madrid (DRY) o Asambleas y colectivos del 15M.

Ante una posible reforma de esta ley en el Congreso de los Diputados, No Somos Delito considera que es el momento de salir a las calles para que las propuestas presentadas en el Congreso por PNV y PSOE así como las enmiendas “recojan las demandas de la sociedad civil ya que ninguno de los textos ofrece una regulación garantista para el ejercicio de los derechos fundamentales”.

Las organizaciones adheridas han mostrado su preocupación por que ninguno de los textos alternativos presentados en el Congreso para reformar esta ley ofrecen una “regulación garantista” para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información, así como los derechos de mujeres víctimas de trata y de aquellas que ejercen la prostitución, o de migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las “devoluciones en caliente”.

Consideran que esta normativa está derivando hacia un “Estado de represión, miedo, opresión y autocensura”. Desde la Plataforma denuncian que como consecuencia de estas leyes se están produciendo “condenas sesgadas ideológicamente” contra la libertad de expresión o el derecho a la información, “identificaciones y multas arbitrarias” a personas que ejercen su derecho fundamental de reunión y expresión, “abusos de poder” y aumento de la inseguridad jurídica de la población, “como resultado de unas leyes desproporcionadas con un articulado ambiguo y abierto a la libre interpretación de quienes las aplican”.

Según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Interior, en 18 meses el Estado ha recaudado 131 millones de euros con la ‘Ley Mordaza’. Las multas por “desobediencia o la resistencia a la autoridad”, “la negativa a identificarse” o “la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación” ascienden a más de 10 millones euros.

Consideran desde este movimiento que es especialmente significativo el aumento del número de sanciones de 2015 a 2016 por “faltas de respeto y consideración” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el primer motivo de sanción referente a seguridad ciudadana. Si en los seis primeros meses de 2015 las multas por este motivo fueron un total de 3.130 por un valor de 469.203 euros, en 2016 la cifra llegó a multiplicarse por seis, alcanzando las 19.497 multas, por un importe de más de 3 millones de euros. El total recaudado por este motivo en este periodo fue de 3,47 millones de euros.

El Grupo de Análisis de la Plataforma No Somos Delito, formado por más de 15 juristas, ha impulsado la redacción de una propuesta apoyada por más de 40 colectivos, que recoge un decálogo de principios básicos para la protección del ejercicio de los derechos fundamentales y que quiere llevar al Congreso de los Diputados para abrir “un debate público con los grupos parlamentarios sobre qué entendemos por seguridad ciudadana”.