Castilla-La Mancha ha sido la región con mayores gastos desproporcionados en energía
Que la desigualdad entre territorios afecta también a los indicadores que miden la pobreza energética es un hecho que queda reflejado en Castilla-La Mancha. Así puede extraerse del cuarto estudio que sobre esta situación ha realizado la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y que por primera vez en España utiliza los cuatro indicadores principales propuestos por el Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). El ‘Informe Pobreza Energética en España 2018. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales’ se ofrece una visión general del país pero también resultados desagregados que miden la desigualdad por ámbitos territoriales.
Según apunta, una primera observación permite señalar la “relativa inconsistencia” de los indicadores entre sí. Se observan comunidades autónomas con valores elevados en ciertos indicadores y reducidos para otros. Es el caso de Castilla-La Mancha que, con un 35%, es la región con mayor porcentaje de personas con gastos desproporcionados en el año 2016, según el indicador 2M, que mide el índice de población para el que los gastos reales en energía doméstica están dos veces por encima de la media. Esta región también ha registrado una de las tasas más altas del país, un 13%, en cuanto a personas que declaran retrasos en el pago de las facturas de la vivienda, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV).
Otros datos llamativos sobre Castilla-La Mancha que aparecen en el informe se refieren al indicador HEP, referente a la pobreza energética “escondida”. Se basa en la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) y mide el porcentaje de población para el que el gasto total en energía doméstica está por debajo de la mitad de la media nacional. Es decir, si la media de gasto en energía de un país son 600 euros por persona equivalente y año, se contabilizarán aquellos hogares y personas cuyo gasto en energía sea inferior a 300 euros por hogar y año. En el caso castellano-manchego este índice es del 9%.
En cuanto al porcentaje de personas que se declara incapaz de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, en esta región alcanza el 11%, y un 3% en el caso de aquellos hogares que dejaron de disponer de alguna de sus fuentes habituales de energía en los últimos 12 meses debido a dificultades económicas.
Estas diferencias entre indicadores para una misma comunidad autónoma enfatizan en primer lugar los aspectos espaciales del fenómeno de la pobreza energética y por tanto la necesidad de considerar las condiciones locales de los territorios para la interpretación de los resultados territorializados. Ponen también en cuestión la idoneidad de emplear los mismos métodos de medición en todo el país “sin atender a las condiciones locales”. “Todo ello refuerza la necesidad de un enfoque de medición de la pobreza energética basado en múltiples indicadores”.
Con carácter estatal, el cruce entre los diferentes datos permite identificar grupos con diferentes grados de vulnerabilidad frente a la pobreza energética, y por tanto que requieren diferentes soluciones. Así, el análisis indica que hasta 1,5 millones de personas en España tenían un gasto excesivo en energía y aun así se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno. El solape de estos dos indicadores estaría identificando a un grupo de población en el que deberían priorizarse las medidas de mejora de la eficiencia energética de su vivienda; por el contrario, el grupo formado por aquellos hogares con bajo gasto y retrasos en los recibos, formado por 700.000 personas, dibuja un colectivo más vulnerable en el que las medidas estructurales deben acompañarse con un apoyo al pago de las facturas.
Grados de vulnerabilidad
En el informe también se apunta que algunas características determinan grados de vulnerabilidad diferentes y permiten detectar colectivos que requieren especial atención. La presencia de menores en la vivienda, el bajo nivel formativo, el desempleo o la existencia de prestaciones como fuente de ingresos principal, la temporalidad de los contratos, las familias monomarentales o aquellas en las que la persona principal es viuda, son algunas de las características que muestran tasas más altas de incidencia de la pobreza energética. También influye la presencia de personas en el hogar que declaren tener mala salud o algún problema crónico, así como el régimen de tenencia, siendo más vulnerables los hogares en alquiler.
De igual modo, los diferentes niveles de renta o las diferencias entre las distintas comunidades autónomas reflejan “gradientes claros de desigualdad energética” entre diferentes grupos poblacionales. A pesar de la leve reducción de los indicadores principales en los últimos años, dicha mejora “no ha llegado a los hogares con menos ingresos”, que siguen teniendo índices de pobreza energética mucho más elevados en 2014 y 2017, con respecto a 2007.
El nuevo estudio recoge por último un bloque de medidas y recomendaciones que ACA propone frente a la pobreza energética, con el foco puesto en la priorización de las medidas de tipo estructural en combinación con medidas paliativas, fomentando la rehabilitación energética de los edificios, la información, formación y empoderamiento de la ciudadanía, la necesidad de “mejorar las fuentes de datos” para la medición o de “ahondar en la relación dual que existe entre la salud y la pobreza energética”.
