Condenado el SESCAM por un retraso de diagnóstico que dejó a una mujer con incapacidad permanente

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha estimado el recurso de apelación efectuada por los Servicios Jurídicos de la Asociación 'El Defensor del Paciente', frente a una sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo. Con ello, condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) a indemnizar con 80.000 euros a una paciente que acudió a urgencias con una hemorragia subaracnoidea (una especie de ictus) debido al retraso en su diagnóstico y tratamiento.

Según informa la asociación, el caso se remonta a 2009, cuando esta mujer, de 51 años, acudió al servicio de urgencias del Complejo Hospitalario La-Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) presentando un fuerte dolor de cabeza, de aparición brusca y muy intensa. Allí se le hizo una exploración y una analítica, pero no le preguntaron por antecedentes familiares y se le dio de alta ese mismo día con el diagnóstico de “cefalea compatible con migraña”. Al día siguiente acudió al médico de atención primaria quien debido a su estado la volvió a remitir a urgencias donde informó de su empeoramiento y de que en los datos analíticos se apreciaba una caída muy significativa de las cifras de hemoglobina y hematocrito, unos datos “que no se tuvieron en cuenta”. Fue dada de alta con el mismo diagnóstico.

La tercera vez que acudió a urgencias le realizaron un TAC que ponía de manifiesto la existencia de una hemorragia subaracnoidea teniendo que trasladar a la paciente con urgencia al Hospital General de Ciudad Real donde le tuvieron que practicar una intervención quirúrgica. Debido al retraso en el tratamiento se le ocasionó una hemiplejia derecha, le ha sido reconocida una minusvalía del 84% y una incapacidad permanente absoluta.

En el procedimiento de instancia ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Toledo fue desestimada la demanda, “pese al informe pericial de neurólogo aportado y al perito judicial especialista en neurología”, quienes confirmaron la irregularidad de las primeras actuaciones: ante el cuadro que presentaba “estaba indicada la realización de un TAC que hubiera permitido el diagnóstico y tratamiento precoz”.

Esta primera sentencia fue recurrida por El Defensor del Paciente, recurso que ha estimado finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Así, se condena al SESCAM al pago de la cantidad de 80.000 euros por “la pérdida de oportunidad por el retraso en el diagnóstico y tratamiento”. Reconoce la sentencia cómo la situación de la paciente y los resultados analíticos ponían de manifiesto un sangrado activo, produciéndose “un retraso en la derivación a un centro con servicio de neurocirugía”.