Los contratos del nuevo Gobierno serán transparentes para evitar “opacidades, corrupción o clientelismo”
La transparencia y la regeneración democrática fue desde el principio una de las bases que sostenían el cambio político que quería llevar a cabo Podemos en Castilla-La Mancha. En el acuerdo firmado por el PSOE, que los inscritos de la formación morada deben apoyar todavía, se incluyen diversas medidas que se refieren a estos fundamentales cambios institucionales. Una ley será la base para estos cambios: la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que tiene como plazo noviembre de este año para formalizarse, pero también la reforma de las contrataciones de la Junta de Comunidades y la apertura de la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, dependiente de las Cortes regionales.
¿Qué tratará esta Ley de Transparencia y Buen Gobierno? Fundamentalmente el acceso de los castellanomanchegos a los procesos de la administración pública, gracias a una web de “Transparencia Institucional”. En este sentido, el acuerdo entre las dos formaciones que ya están oficialmente dentro del Parlamento regional, señala que las contrataciones públicas y de ejecución presupuestaria necesitar mostrar sus criterios, sus resultados y también los actores principales de cada proceso. De este modo, apuntan que el un expediente público, es un expediente válido. Los medios de comunicación no se salvan: toda la publicidad que se pague será pública y los criterios de contratación también lo serán.
Los patrimonios, tanto de la Junta como de todos los cargos públicos, también estarán al alcance de quien desee consultarlos. De hecho, el Gobierno regional será sometido a una auditoría de su patrimonio inmobiliario para lograr una “distribución más eficiente”, donde se incluye también cualquier contrato de arrendamiento. Las medidas venían en los sendos programas de las formaciones. En el caso de las personas del Gobierno deberán someterse a regulación de incompatibilidades y registrar sus bienes de forma pública, de modo que sean accesibles de forma permanente y transparente, actualizándose de forma anual.
Los diputados y diputadas de la región no sólo deberán publicar su declaración de bienes, sino también su agenda y sus gastos mensuales, mientras que los altos cargos deberán solicitar “inspecciones voluntarias a Hacienda” por lo menos dos veces por legislatura. Los ingresos y los gastos de las consejerías estarán disponibles de forma mensual, según indica el documento propuesto por Podemos y aceptado por el PSOE.
Los modos de contratación que ha llevado a cabo la Junta de Comunidades hasta ahora serán reformados de forma “inmediata” por el nuevo Gobierno, a través de diversas medidas como la publicación de todos los contratos “con antelación suficiente, para evitar monopolios”, o la inclusión de previsiones de licitaciones de obras y servicios para el siguiente ejercicio. Las empresas que opten a los contratos deberán demostrar las condiciones de prestación del servicio que se les solicite y se regulará la tramitación de los Convenios de Colaboración con empresas privadas. Todos los contratos públicos de cualquier departamento deberán ser accesibles, y no se podrá contratar entidades que estén condenadas por delitos de corrupción o que tengan personas condenadas por lo mismo en sus órganos administrativos. El documento señala que las propuestas están en “perfecta sintonía” con la legislación actual y que muchas normas de este tipo ya se han aprobado en otras comunidades como Aragón o Valencia, en 2015.
Los llamados “lobbies”, las “puertas giratorias” y su intervención en la administración pública estarán regulados con la “máxima transparencia”. De este modo se estudiarán las relaciones de estas empresas con los altos cargos y su influencia en la legislación regional, a la par que se hace “incompatible” ostentar un cargo público y “determinadas actividades privadas”: por ejemplo, estará prohibido ocupar un cargo en consejos de administración de empresas de “sectores estratégicos”. Paralelo a esto, y tal como lo ha establecido Podemos en otros de sus cargos, el sueldo máximo de los diputados será de tres salarios mínimos españoles y se ajustarán los gastos de representación y dietas, así como “cualquier tipo de privilegio respecto a un ciudadano normal”.
Finalmente, la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno, que dependerá de las Cortes de Castilla-La Mancha, propone una entidad que pueda “investigar y prevenir prácticas de corrupción”. Esta herramienta será la encargada de actuar “con independencia de las administraciones públicas” y deberá tener garantías para ser autónoma, en términos presupuestarios. Su Consejo de Dirección será elegido por dos tercios de la cámara, para un periodo de seis años y estarán encargados, entre otras cosas, de crear un fichero con los condenados por corrupción.
