Dimite el jefe de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, imputado por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches

El incendio de una planta de residuos peligrosos en Chiloeches (Guadalajara) en agosto de 2016 se ha cobrado una nueva víctima política o al menos así se percibe entre parte del personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha. Ha dejado su cargo el actual jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental, José María Michelena, funcionario de carrera e imputado en el proceso judicial por este siniestro junto con otros ex altos cargos del Gobierno regional, según ha podido saber elDiarioclm.es. En su caso, la Fiscalía pide dos años de prisión por prevaricación medioambiental y su testimonio fue una de las piezas clave en el macrojuicio celebrado en la Audiencia Provincial entre septiembre y diciembre de 2021, que esta pendiente de sentencia.

Michelena fue jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial en 2011 (con el Gobierno de María Dolores de Cospedal) y, sucesivamente, en los dos gobiernos de Emiliano García-Page, Jefe de Servicio de Prevención e Impacto Ambiental hasta la actualidad. Fuentes cercanas a su departamento señalan que desde su imputación, ha habido “presiones” para que Michelena abandonara su cargo.

No obstante, desde la Consejería de Desarrollo Sostenible han precisado a elDiarioclm.es que Michelena “no ha dimitido, sino que ha solicitado el cese de sus funciones actuales” como jefe de servicio y que seguirá desempeñando sus funciones en la Dirección General de Economía Circular. También apuntan que “no ha habido ninguna presión”, ni la decisión tiene relación alguna con el juicio de Chiloeches, ya que solicitó el cese “por motivos estrictamente personales”.

Durante el juicio, parte del testimonio de Michelena ante la fiscal se centró en la petición de información a la empresa gestora de la planta de residuos por su incompatibilidad urbanística. Preguntado por si ninguno de sus antecesores le informó, cuando llegó al cargo en 2011, de que esa planta no tenía una “filosofía de cumplimiento” de las normas respondió que nadie le habló de ello, pero que “todo se hizo conforme a los servicios jurídicos”.

Asimismo, negó que tuviera conocimiento de sus incumplimientos porque no formaba parte de sus competencias, afirmando que era el Ayuntamiento quien tenía la competencia de clausurar la planta. Insistió en varias ocasiones en que existiendo una autorización ambiental integrada (la de abril de 2018, con la que dos ex altos cargos se contradijeron en el primer día de declaraciones) la empresa necesitaba las licencias municipales para operar.

El Ministerio Fiscal le pidió una valoración sobre si consideraba que hubo un “afán de facilitar a la empresa” la explotación de una industria potencialmente contaminante sin atender a la prevención, porque “todo es muy laxo y le dieron una nueva oportunidad con un nuevo requerimiento de información”. Michelena dijo no apreciar esa “laxitud” y subrayó que sus competencias son coordinar un equipo que a su vez analiza los expedientes. “Desde que nos encargamos del expediente en concreto, se actuó con sentido común y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo”.

Responsabilidad de los técnicos

De igual modo, en cuanto al hecho de que el Grupo Layna explotara ya en octubre de 2015 el 90% de la planta, dijo no tener constancia de ello porque “en el expediente no figuraba”; y al igual que otros ex altos cargos imputados ha responsabilizado a los técnicos de ser quienes tomaban las decisiones. “No revisé ese expediente al detalle, mi participación en esto es autorizar el trabajo que prepara el técnico”.

En cuanto al expediente que la entonces Consejería de Agricultura y Medio Ambiente inició pidiendo sancionar a la empresa en octubre de 2013, ha dicho que no tuvo conocimiento de ello hasta marzo de 2016 y que no suspendió la gestión de residuos en la planta porque “ni permito ni dejo ni permitir”.

Michelena es el segundo cargo que dimite después de las imputaciones por el incendio de Chiloeches. Poco después del siniestro lo hizo el entonces viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Ejido, también imputado en la causa y que en ese momento también alegó motivos personales. El juicio quedó visto para sentencia el pasado 17 de diciembre tras tres meses de duración y la declaración de todos los imputados y testigos. La Fiscalía mantuvo las penas solicitadas para todos los investigados.