Las dudas que deja la marcha atrás del ERTE de Repsol: ¿harán las multinacionales una transición ecológica justa?

Poco más de un mes lleva vigente el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que Repsol aprobó para su complejo petroquímico de Puertollano (Ciudad Real), uno de los emblemas industriales de la comarca y de toda Castilla-La Mancha. Lo que en un principio iba a ser una medidaa de seis meses que afectaría a más de 600 trabajadores y trabajadoras se retirará el próximo 21 de junio por decisión de la multinacional. Una “marcha atrás” que la empresa atribuye a que ha vuelto a subir la demanda de combustible y ha “mejorado” el mercado, pero que deja sobre las mesas algunas dudas sobre el escenario de la transición ecológica. De hecho, fue la propia empresa quien también recalcó la adaptación a las medidas ‘verdes’ como una de las causas del ERTE.

El Comité de Empresa y los sindicatos celebran esta decisión. Sostienen que les da la razón en lo que ya consideraban un ERTE “injustificado” debido a los beneficios económicos de la empresa. Pero ahora se preguntan por el futuro y por la “incertidumbre” que esta medida ha generado no solo en la petroquímica sino también en la gran cantidad de empresas auxiliares contratadas que trabajan para el complejo.  

Porque algunos de estos argumentos ya los defendieron en las movilizaciones y manifestaciones que convocaron contra el ERTE: “Una empresa de estas características debe estar preparada para una transición ecológica justa, garantizando los empleos. Si no, no habrá futuro”, asegura el responsable de Industria de Comisiones Obreras (CCOO), Ángel León, quien recuerda los cierres progresivos de empresas en una comarca muy castigada en este sector: Solaria, Siloceo o Elcogas son solo algunos ejemplos.

“Retirar el ERTE ratifica que la decisión no tenía fundamento y ha sido gracias a las presiones de los trabajadores y a la movilización de la plantilla. Eso generó una situación de incertidumbre y desconfianza, porque sabemos que no se sustentaba por el ahorro económico, que iba más allá”, recalca.

Pese a que en todo momento se concibió como una medida temporal que en principio se adoptaba para seis meses, muchos trabajadores vieron en esta decisión una forma de presionar al Gobierno en cuanto a las dificultades planteadas para adaptarse a la transición ecológica. Pero tampoco entienden tales razones, porque es “un reto que hay que cumplir, que es imparable, y que obliga a todos los sectores a nivel mundial”. “Las grandes multinacionales tienen la responsabilidad de adaptarse a un proceso imparable que no debe dejar a nadie atrás. Y tienen que estar preparadas para ello”.

En Repsol, la plantilla completa entre empleos directos e indirectos es de 4.000 personas. Para garantizar la estabilidad de los empleos, es imprescindible llevar a cabo “medias horizontales desde ya si quieren que haya futuro”. Es el motivo por el que los sindicatos quieren conocer la hoja de ruta de la planta de Repsol en este sentido y “sumarse al carro de esos cambios”. “¿O se va a hacer únicamente despidiendo trabajadores?, se pregunta Ángel León.

De las instalaciones de Repsol sale una gran cantidad de productos. Múltiples tipos de combustibles derivados del petróleo como gasolina, gasóleo, gases licuados de petróleo (LGP), disolventes, lubricantes, betunes y plásticos para todo tipo de usos. Uno de los requisitos medioambientales más importantes al que ha tenido que hacer frente es el contenido en azufre en los productos y, para su eliminación, el complejo cuenta con plantas de desulfuración. Las principales chimeneas del complejo poseen analizadores que miden de forma continua las emisiones realizadas. Recientemente la empresa presentó su Plan Estratégico de Resiliencia 2021-2025, hacia la descarbonización y eficiencia energética: establece objetivos de reducción de emisiones, con una disminución de la intensidad de carbono del 12% para 2025, del 25% para 2030 y del 50% para el 2040.

La pandemia... y la transición energética

Estos planes sin embargo se han visto ensombrecidos por la pandemia pero también por el proceso de transición energética. En el comunicado interno que la empresa remitió a su plantilla para comunicarles el ERTE que ahora ha retirado, la compañía aludía en primer término a la “contracción inédita del consumo de petróleo” derivada de la crisis sanitaria, con “la mayor caída de la demanda global de la historia”. Añadía que a esta situación coyuntural se suma otra estructural: la “incertidumbre generada por la transición energética, que va a exigir importantes proyectos e inversiones en los próximos años” para alcanzar los objetivos de transformación y descarbonización.

Para hacer mayor “fuerza” ahora que la situación parece resuelta, CCOO-Industria y UGT-FICA de Castilla-La Mancha han decidido ir de la mano ante las dudas generadas. “Es indudable que el complejo petroquímico de Puertollano, como toda actividad petrolera, tiene que abordar una transición e ir sustituyendo paulatinamente las actuales tecnologías de producción energética por tecnologías sostenibles, con el fin de aunar la lucha contra la crisis climática con la producción necesaria para atender la demanda energética del país, la seguridad de suministro y la sostenibilidad de empresas y empleos”.

Entienden que una transición justa requiere un acuerdo en las mesas de diálogo con participación de todos los agentes implicados -sociales, patronales, políticos y sindicales- que tenga presente tanto la vulnerabilidad económica, social y de empleo que se pueda generar, como las políticas activas que deben actuar en paralelo a las medidas sobre Transición Energética para evitar que las mismas lleguen demasiado tarde para paliar sus efectos.

Reclaman así una transición energética “justa, social y responsable” que tenga presente a todos los agentes relacionados con el cambio climático y no deje a ningún trabajador por el camino. “No es de justicia plantearnos nuevos modelos de generación energética, industriales o sociales sin tener presente que los mismos pueden significar rupturas con los modelos de nuestra industria, marginales para nuestros trabajadores, así como devastadores para zonas geográficas determinadas”, argumentan.