El Gobierno regional avanza la creación de oficinas de asesoramiento para familias desahuciadas
La primera afirmación a los medios que ha hecho la recién estrenada consejera de Fomento, Elena de la Cruz, es que los desahucios son uno de los retos “importantes” a los que se enfrenta su cartera. Por tanto, una de las primeras medidas que adoptará la consejería, según ha avanzado de la Cruz, es la creación de un Observatorio de la Vivienda, así como oficinas de asesoramiento para ayudar a las familias que se enfrenten a esta situación, que están “aumentando” en su valoración. En este sentido, la consejera ha señalado que están “recabando” información sobre las ejecuciones hipotecarias, pero que no han obtenido información por provincias o por ciudades.
“Lejos de que hayan bajado los desahucios, tenemos la sospecha de que están aumentando”, ha advertido de la Cruz. El Plan de Rescate Habitacional es uno de los ejes que más negociación requirió en el acuerdo firmado entre PSOE y Podemos para garantizar la investidura de Emiliano García-Page como presidente de la Junta de Comunidades. En él, ambas formaciones se comprometieron a “que no habrá desahucios” sin una intervención de la Administración regional, que estará encargada de dar una alternativa como el alquiler social o la mediación con la entidad financiera para reestructurar la deuda de la familia.
En este sentido, el Plan priorizará los recursos de la Junta de Comunidades para paralizar los desahucios “a los deudores de buena fe”, que se vean afectados por una situación de dificultad económica. A través de estas medidas, han señalado, se cumplen los artículos 47 de la Constitución Española y el 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales de la ONU. Además, el Plan también deberá establecer instrucciones para los servicios sociales, para que puedan realizar informes y comparecer en los procedimientos judiciales y evitar desalojos forzosos, sin alguna alternativa habitacional.
En este caso, señala el documento, la Administración Pública deberá buscar una solución a través de una alternativa habitacional o mediante la negociación. Las condiciones que pone el acuerdo entre las formaciones es que se logre tener una vivienda adecuada, cuyo alquiler no supere el 30% de los ingresos de la familia. De este modo, se lograría impulsar el alquiler y también el derecho al uso de viviendas vacías, que sean de las administraciones pero también de las entidades financieras. José García Molina, parlamentario de Podemos, se reúne la próxima semana con representantes de la Caja Rural en Toledo, según señala Podemos en la agenda del diputado.
De la Cruz también ha avanzado la intención del Gobierno regional por recuperar los 4.000 hectómetros cúbicos en los embalses de cabecera del Tajo, que han ido descendiendo de manera paulatina en las últimas semanas del verano. “Nos preocupa mucho, lo llevamos en nuestro programa electoral”, ha concluido.
