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El Gobierno nacional abre una comisión para estudiar la Ley de Caza aprobada por el PP

Manifestación en contra de la Ley de Caza

Francisca Bravo Miranda

La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala en su artículo 33, del recurso de inconstitucionalidad que dicho recurso se puede formular por el Presidente de Gobierno y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas en nueve meses, mediante la reunión de una Comisión Bilateral de Cooperación entre ambos ejecutivos, para iniciar negociaciones y resolver las posibles discrepancias en el texto normativo.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este 30 de junio la creación de una Comisión Bilateral de Cooperación, firmado por la Consejería de Presidencia y el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En ella, se resolverán las “discrepancias” suscitadas en relación a diez artículos de la Ley de Caza aprobada este año. Ecologistas en Acción ha dado por hecho que, con esta maniobra, la Administración General considera los diez puntos inconstitucionales, y que, también, se da “la puntilla” a la controvertida norma.

Los artículos en cuestión son el 7, 8, en los que se habla de las especies que son objeto de caza, y también del control de las poblaciones cinegéticas y la responsabilidad que se trae de los daños causados por especies cinegéticas. Otros de los artículos mencionados en el Diario Oficial son el 26 y el 28, que tratan, respectivamente, los medios prohibidos de caza y control de poblaciones, y las autorizaciones excepcionales para el control de las poblaciones cinegéticas.

La anulación de la condición de Coto o Zona Colectiva de Caza, que se recoge en el artículo 48, así como los terrenos no cinegéticos en general o los terrenos enclavados, de los artículos 49 y 50 también deberán debatirse entre ambas administraciones para subsanar cualquier discrepancia entre las leyes estatales y autonómicas. También existen posibles problemas en las funciones de los agentes de Autoridad que designa el texto autonómico, en el cumplimiento de la legislación en materia de caza, las infracciones graves y los decomisos, de los artículos 70, 74 y 80, respectivamente.

Ambas administraciones han comunicado que se designará un grupo de Trabajo para proponer soluciones a los problemas, y que se comunicarán al Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no ha podido dar más detalles, ya que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha todavía no se ha constituido. En este sentido, fuentes de la cartera señalan que el contacto para esta Comisión todavía no se ha establecido y también han señalado que este tipo de procedimientos no es el normal en materia legislativa.

Por su parte, Ecologistas en Acción considera que la única opción que se puede seguir es la de rehacer la normativa cinegética “desde cero”, redactando una nueva ley, que “dé seguridad y protección” a los recursos naturales. Además, han querido recordar tanto al PSOE de Castilla-La Mancha como a Podemos que en sus programas se establecía la eliminación de la Ley de Caza, y su sustitución por una nueva norma cinegética.

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