Un año después, la contaminación del incendio de Chiloeches sigue sin limpiarse

Equo y Ecologistas en Acción han recordado la mañana del incendio de Chiloeches como una sorpresa: “nos sorprendió el cielo cubierto de una nube negra que se extendía más allá del alcance de la vista”. Se trataba de un incendio de una planta de tratamiento ilegal de residuos peligrosos situadas en la localidad alcarreña, Al poco tiempo, el fuerte y desagradable olor desveló que estábamos ante una nube generada por la combustión de productos tóxicos desconocidos, que se almacenaban sin control en la planta de tratamiento ilegal de residuos peligrosos.

“No fue la única sorpresa desagradable en la gestión” de lo que se ha denominado catástrofe ambiental, aseguran las organizaciones, que afirman que el evento puso “a prueba” a las distintas administraciones. Relatan así que el ayuntamiento, liderado por la formación Ahora Chiloeches, “tomó las medidas a su alcance” para paralizar la actividad ilegal que se desarrollaba “a la vista de todos”. En cuanto a la Diputación, El día del incendio, la Diputación Provincial aportó el personal del Consorcio de señalan que el Consorcio de Bomberos se vio “sobrepasado” por el incendio y necesitó el apoyo de otras administraciones. “Sólo así se pudo controlar el fuego”, explican.

La Junta no retirará más residuos

De todos modos, para ambas organizaciones, es a la gestión de la Junta de Comunidades a la destinan más críticas. “Tendría que haber actuado de forma más diligente, haber retirado todos los residuos y terminado de descontaminar la zona y haber hecho pública también la información sobre los límites de los contaminantes detectados”, explica Augusto Barcenilla, presidente de Ecologistas en Acción en Guadalajara. Sin embargo, Barcenilla también apostilla que el verdadero responsable de la situación es “evidentemente” KUK Medioambiente, si bien señala que ante la “ausencia de la empresa”, la Junta debe actuar para evitar medios mayores.

Y es que siguen detectando contaminantes, no sólo en la planta, sino también en los terrenos aledaños a las instalaciones. Barcenilla señala que Ecologistas realizó una inspección de la zona cercana al incendio este pasado fin de semana y que se pueden observar los restos a primera vista. “Entendemos también que los subsuelos de las antiguas instalaciones está contaminado”, asegura.

La Junta, sin embargo, ha anunciado que no retirará más residuos de la zona, tal como ha confirmado el director provincial de Agricultura en Guadalajara, Santos López, ante la Cadena Ser.

Se muestran preocupados por las consecuencias que pueda tener la presencia de esos residuos y recuerdan que en Seseña, en un caso similar, la Junta sí ha procedido a retirar lo que quedaba. López ha explicado que ya no existe una alarma real para la población y que el Ejecutivo castellano-manchego ha gastado ya más de seis millones de euros en la extinción del incendio y la limpieza del entorno. Por eso, insisten en que debe ser el propietario el encargado de retirar los últimos residuos del siniestro.

Investigación en curso

Desde Equo y Ecologistas aseguran que el Gobierno regional intentó ocultar “desde el principio” la gravedad de la situación, a pesar de tratarse de miles de toneladas ardiendo, que llegaron también hasta el río Henares. “El desconocimiento inicial de los residuos que estaban ardiendo tenía que haber puesto en alerta a las autoridades, ya que la intensa nube de humo que cubrió nuestro territorio contenía elementos altamente tóxicos”, aseguran. Entre otros, cuentan metales pesados, xilenos, dioxinas, hidrocarburos aromáticos.

Tres empresas y 19 personas son investigadas actualmente por presuntos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, pertenencia a organización criminal, falsedad documental y prevaricación ambiental. El auto del Juzgado de Guadalajara señala que los hechos podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado, “cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos, existiendo dentro del grupo un claro reparto de funciones”. Entre otros, se investiga a altos cargos de distintos gobiernos, a quienes los colectivos achacan que podrían haber impedido que sucediera la “catástrofe”.

Finalmente, las asociaciones quieren reclamar a la Junta la “total e inmediata” descontaminación de la zona afectada y pedir para ello la “expresa inclusión” en los presupuestos una partida correspondiente para tal fin, como ha ocurrido con los residuos de amianto de la ciudad de Toledo. Además, exigen el cumplimiento de la ley de acceso a la información ambiental, para acabar con el “oscurantismo administrativo” sobre el caso e informar de lo que ocurrió a la ciudadanía.