Castilla-La Mancha impulsa una ley antifracking que Rajoy ha frenado en otras regiones
El Gobierno de Castilla-La Mancha y la plataforma contra el ‘fracking’ de la región trabajarán de la mano para presentar una iniciativa legislativa que evite la práctica del ‘fracking’ en la región. La medida que quiere encabezar García-Page es similar a las que promulgaron los gobiernos autonómicos de Cantabria, La Rioja o Navarra, entre otros, y que posteriormente el Estado ha recurrido ante el Constitucional para su suspensión.
Los recursos extraídos mediante la práctica del ‘fracking’ nunca serían posibles si esta medida no se llevara a cabo. Es por ello que varios expertos han asegurado la peligrosidad de esta práctica en varias ocasiones, haciéndose oídos sordos en muchas ocasiones con el fin de seguir obteniendo recursos, forzando a la tierra mediante técnicas mecánicas.
“Pactaremos la estrategia a seguir”, ha dicho el presidente autonómico, en referencia a la práctica del ‘fracking’, durante el Consejo de Gobierno que se ha celebrado este martes en Hellín (Albacete).
Algunos intentos contra el ‘fracking’ que el Gobierno estatal ha conseguido frenar
No es un caso aislado la práctica del ‘fracking’ en Castilla-La Mancha. El frenazo que anuncia e intenta promover García-Page no será fácil. El Gobierno Estatal ya tiene cierta experiencia en el tema y ha conseguido imponer su ley, mediante recursos al Tribunal Constitucional, en otras autonomías.
A finales de julio de 2014 se anunció que la Ley contra el ‘fracking’ de Navarra sería recurrida por el PP ante el Constitucional. El recurso fue aceptado y se acabó dando la razón al Estado en septiembre, suspendiendo cautelarmente la medida regional.
En el caso de La Rioja, el Gobierno consiguió que la prohibición del ‘fracking’ se declarara inconstitucional. Desde julio de 2014, la ley específica que hicieron contra el ‘fracking’ ya no vale para nada.
El último caso que citamos, aunque hay algún que otro más, es el de Cantabria, donde con el Gobierno regional presidido por el PP, se aprobó una ley para prohibir el uso de la extracción de gas no convencional mediante fracturación hidráulica. Si en abril de 2013 terminó de sellarse esta medida regional, en junio de 2014, el Constitucional la invalidada después que el Ejecutivo central (también del PP) la recurriera.
