La Junta es condenada por vulnerar el derecho a la libertad sindical
Según la sentencia a la que hemos tenido acceso por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública (STAS), la Junta ha sido condenada por desobedecer el derecho fundamental a la libertad sindical. El Juzgado de lo Social número 1 de Toledo ha estimado la demanda presentada por este sindicato contra la Consejería de Administraciones Públicas por no dar la información necesaria a los sindicatos para poder negociar el plan propuesto desde esta Consejería a los conductores de la Junta. El juzgado considera que la información que proporcionó la Junta a los sindicatos “resulta completamente incongruente con lo solicitado”.
Ello indica, según la propia sentencia, que se impidió “el conocimiento exigido por el sindicato -STAS- en uso al derecho que le confiere el art. 64 del Estatuto de los Trabajadores, y el art. 40 del Estatuto Básico del Empleado Público”.
La justicia ofrece ahora a la Junta de Comunidades un mes para presentar al sindicato la documentación pertinente al caso y necesaria para que el mismo pueda ofrecer la defensa de los trabajadores y sindicados, fecha que empezará a contar desde que la Junta reciba la sentencia remitida.
Es el mismo artículo, el 28.1 de la Comisión Europea, el que ha infringido la Junta de Comunidades en este caso, el mismo que no cumplió en la sentencia de despido de interinos que la justicia le obligó a readmitir. Desde STAS consideran que ambas sentencia demuestran la mala fe en la negociación que tiene el gobierno regional a lo largo de toda la legislatura, especialmente la de los interinos que califican de “mayor escándalo en la historia de la Función Pública” pero que no obstante no le ha costado el cargo a ningún cargo de la Administración Pública.
La información que tendrá que dar la Junta al sindicato es el Plan de Recursos Humanos de los cinco parques móviles de la Junta de Comunidades, información que actualmente no tienen y que afecta a la mitad de la plantilla que hacía estas labores. STAS señala la importancia de la información porque las labores que hacen estos conductores, contratados como asesores según denunciaron, deben ser hechas por personal público. Una vez tengan la información, desde el sindicato se plantearán impugnar el nombramiento de este personal de “conductores asesores” así como el Plan hecho.
Se han querido dirigir también desde el sindicato al consejero de Administraciones Públicas, Leandro Esteban, que es quien consideran todos los sindicatos que es, por sus errores, quien está costando dinero en sentencias en contra a las arcas públicas autonómicas. Califican su gestión en la consejería como “un ejercicio de mentira y desvergüenza” a raíz de unas duras declaraciones que realizó cuando el Tribunal Constitucional rechazó el recurso puesto por el PSOE a la Ley Electoral castellano-manchega, y le piden “que se trague sus propias palabras y pida disculpas a los ciudadanos y al Tribunal Constitucional por su falta de respeto”.
