Malestar entre profesionales del Trabajo Social de Castilla-La Mancha por no incluirles en la Comisión de Evaluación de la Ley de Eutanasia

Morir dignamente puede resultar complicado en Euskadi.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla la Mancha ha hecho público su malestar ante la publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha del Decreto por el que se regula la Comisión de Garantías y Evaluación de la comunidad autónoma, según prevé la Ley estatal de la Eutanasia, puesto que “no recoge ninguna de las observaciones” que este Colegio ha hecho llegar a la Consejería de Sanidad con anterioridad a su publicación.

Según explica este colectivo profesional, Asturias, Catalunya, Comunitat Valenciana y próximamente la Comunidad de Madrid sí han contemplado la disciplina del Trabajo Social en la composición de la Comisión de Garantía y Evaluación mientras que Castilla-La Mancha “sigue olvidándose de nuestra profesión”. “Deja sin representación dentro de la misma una de las figuras profesionales de referencia en cuanto a defensa de derechos y libertades de la ciudadanía y que forma parte de los equipos asistenciales del sistema sanitario”.

Argumentan que “morir no implica solo el hecho de perder la vida”, ya que en todo el sistema que envuelve este tramo final se sitúa el Trabajo Social “aportando una visión holística de la persona que enriquece el equipo multidisciplinar” que forma dicha Comisión.

De hecho, recuerda que entre las funciones que recoge la ley estatal se encuentra resolver las reclamaciones que formulen las personas a las que el médico responsable haya denegado su solicitud de prestación de ayuda para morir, así como dirimir los conflictos de intereses que puedan suscitarse. La normativa también busca verificar en el plazo máximo de dos meses si la prestación de ayuda para morir se ha realizado de acuerdo con los procedimientos previstos y detectar posibles problemas en el cumplimiento de las obligaciones.

Una realidad "bio-psico-social"

En este contexto, el profesional del Trabajo Social abarca una realidad “bio-psico-social” del problema que se origina ante la enfermedad, “alejándose de una visión sesgada de las distintas realidades”. “Los problemas familiares, económicos, la soledad, la escasez de apoyo social, son incertidumbres de quien afronta el final de su vida. Con respecto a estas funciones, consideramos que el Trabajo Social debe abogar por evitar todo síntoma de intervención paternalista haciendo ver la necesidad de que el paciente sea consciente de su enfermedad, afrontando esta y siendo necesariamente participe de las decisiones que se van tomando respecto a su persona, su estado o su repercusión en el entorno”.

Además, recuerda el Colegio Oficial que uno ejes de la ley es el testamento vital o documento de instrucciones previas. Este documento pasa en muchos casos por las manos de las/os trabajadoras/es sociales del ámbito sanitario realizando funciones de información, asesoramiento y registro del mismo, y que sin embargo, en base al decreto autonómico “quedaría sin representación profesional” dentro de la Comisión regional.

Por todo ello, considera que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha “ha perdido la oportunidad de contar con la experiencia y la visión que desde el Trabajo Social podemos aportar a esta Comisión de Garantías y Evaluación que se introduce en nuestro ordenamiento jurídico y que supone un nuevo derecho individual reconocido”.

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