Martínez Arroyo confía en que la sentencia que avala la Ley Antifracking “siente precedente”
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha trasladado este martes la “satisfacción” del Ejecutivo castellano-manchego tras la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida ayer, que avala la Ley Antifracking regional. Una norma que aunque no prohíbe la fractura hidráulica de forma expresa, “en la práctica”, ha recordado el consejero hace imposible su práctica en Castilla-La Mancha.
“Es la primera sentencia favorable a una Comunidad Autónoma en lo que tiene que ver con el fracking” ha comentado Martínez Arroyo y “estamos especialmente satisfechos”, añadía, porque “demuestra que las cosas se hicieron muy bien desde el primer momento en Castilla-La Mancha”.
Ha agradecido el trabajo realizado por las plataformas Antifracking de El Bonillo y Villarrobledo, en Albacete, en la provincia de Guadalajara y en el Campo de Montiel. Ha recordado la importancia de sus “movilizaciones” frente a lo que, ha dicho, “suponía un grave riesgo para el medio ambiente y consecuencias desconocidas para la salud”.
“Nos pusimos del lado de la prudencia y no de la temeridad. Lo hicimos bien y ahora el Tribunal Constitucional nos avala”. Además, el consejero se ha mostrado confiado en que la sentencia “siente precedente” y permita evitar la práctica del fracking “en todo el país”.
Martínez Arroyo ha recordado las distintas fases del proceso que han permitido llegar a una sentencia favorable a la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha desde que se aprobase la Ley 1/2017, de 9 de marzo, por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica.
Una norma que apoyaron en las Cortes Regionales tanto PSOE como Podemos, mientras que el PP se abstuvo. Tras la reunión bilateral en diciembre de 2017 entre Gobierno central y autonómico para, según explicaba el consejero, “resolver cuestiones competenciales”, el Estado propuso a Castilla-La Mancha que abandonase su intención de prohibir el fracking para circunscribir dicha prohibición a los espacios protegidos. Algo que, decía Martínez Arroyo, la Junta “no vio oportuno”.
Tras el recurso planteado por el Gobierno de Mariano Rajoy en diciembre de 2017 a la normativa castellano manchega se suspendieron los preceptos impugnados de la Ley Antifracking. Seis meses después, el Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno castellano-manchego que ahora dispone de nueve meses para elaborar el Plan Estratégico de utilización de la fractura hidráulica, vinculado a la propia ley, y que incluirá cuestiones como la expedición previa de autorizaciones para esta actividad, la evaluación de los riesgos por fugas o migraciones, una zonificación del territorio que diferencie las zonas donde quede restringida la fractura y un detalle de distancias mínimas de profundidad y de exclusión.
