La ofensiva de Rajoy reactiva las protestas de la Plataforma de Guadalajara contra el fracking

La Plataforma contra el Fracking de Guadalajara ya avisó, tras aprobarse la norma regional que de facto impide esta polémica técnica de extracción de gas natural o petróleo, que la lucha no se había acabado. El tiempo les ha dado la razón a los miembros de este colectivo radicado en la comarca del Ducado, que ahora ha decidido reactivar su actividad en respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy a la Ley Antifracking de Castilla-La Mancha.

En un acto en Guadalajara capital junto a miembros de los distintos partidos políticos -PSOE, Podemos, Ciudadanos, Equo e Izquierda Unida- y entidades sociales –incluidas las centrales sindicales y Ecologistas en Acción- que apoyan esta reivindicación, los portavoces de la Plataforma contra el Fracking exigieron al Gobierno que retiren el recurso contra la ley Antifracking ante el Tribunal Constitucional, al tiempo que no descartan organizar movilizaciones en el futuro, tal como ya hizo esta plataforma desde que en 2013 se puso en marcha para evitar la implantación de este polémica técnica en la zona norte de la provincia.

Eduardo Álvarez Feito, presidente del colectivo, reclamó “menos ‘fracking’ y más turismo rural, más energías renovables y más inversiones que estimulen el medio ambiente, la salud pública, el bienestar y nuestra forma de vida”. Asimismo, admitió que la entidad se ha visto obligada tras un periodo de “calma” después de la aprobación de la normativa de Castilla-La Mancha que preserva a la región del ‘fracking’, a reactivar sus protestas.

“Estamos especialmente dolidos con la actitud de María Dolores de Cospedal que, en lugar de apoyar los intereses de los ciudadanos de esta región, se ha puesto del lado del Gobierno”, subrayó Álvarez Feito, quien también es alcalde de Saúca, una localidad cercana a Sigüenza.

Los miembros de la plataforma reclamaron contundencia al Gobierno de Emiliano García-Page, al tiempo que pidieron los pasos legales “necesarios” para poner freno definitivo al ‘fracking’ en la región. Además, exigieron a todos los grupos políticos que “se pongan de acuerdo en el Congreso de los Diputados para aprobar una ley contra el fracking en todo el territorio nacional”.

Oposición vecinal

Tanto en Guadalajara como en el Campo de Montiel, la lucha contra el fracking se remonta a casi cinco años. Fue en 2013 cuando en el municipio de Alcolea del Pinar (Guadalajara) cuajó la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara, en rechazo al proyecto denominado ‘Cronos’.

En mayo de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el permiso de investigación a este proyecto que afectaba a tierras de Soria y Guadalajara. Los permisos de investigación de hidrocarburos en la comarca de Campos de Montiel se concedieron a la compañía Oil and Gas Capital en septiembre de 2012. La autorización la dio el Gobierno de Castilla-La Mancha y contemplaba la posibilidad del 'fracking' en, al menos, dos años del permiso.

Fue entonces cuando comenzó a cobrar forma una amplia protesta social y vecinal a esta técnica, especialmente, en la zona norte de Guadalajara que comprende los municipios cercanos al Ducado, como Alcolea del Pinar y Luzón. La Plataforma de Guadalajara aunó a partidos políticos, ayuntamientos, sindicatos, entidades sociales y organizaciones ecologistas en aras de sumar esfuerzos contra el ‘fracking’.

El Tribunal Supremo avaló en abril de 2016 el permiso que el Gobierno concedió tres años antes al grupo Frontera Energy Corporation para la prospección de hidrocarburos mediante el ‘fracking’ en 96.000 hectáreas y que fue recurrido por Ecologistas en Acción. La sala de lo Contencioso desestimó todos los argumentos de los ecologistas, que sostenían que el proyecto no incluía la evaluación ambiental preceptiva.

La Ley Antifracking de Castilla-La Mancha culminó varios años de movilizaciones y supuso un alivio para las zonas afectadas. “Hemos conseguido que todas las plataformas de Guadalajara se uniesen en la causa, al igual que la mayoría de los partidos y los sindicatos. Nuestro planteamiento es de justicia”, señaló entonces Luis Javier López, portavoz de la plataforma.

Recurso de la Junta

Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, reiteró con su presencia en la rueda de prensa de la Plataforma contra el Fracking de Guadalajara el apoyo del Gobierno regional a esta causa. Además, aprovechó para anunciar la intención de la Junta de elevar un recurso al Tribunal Constitucional para solicitar el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad de la Ley Antifracking aprobada por las Cortes regionales el año pasado, “mientras no exista un plan estratégico regional sobre la fractura hidráulica” que impida esta práctica en la región.

Martínez Arroyo, quien hizo hincapié en un modelo energético sostenible basado en las fuentes renovables, insistió en que la legislación regional, aprobada el 9 de marzo de 2017, “no invade” competencias estatales en materia de medio ambiente. Según recordó, esta norma “se apoya en dos competencias exclusivas de la comunidad autónoma: el medio ambiente y la salud pública”, en las que “tenemos las competencias para legislar, y no estamos de acuerdo con esa posición manifestada desde el Gobierno central a través del recurso que se ha admitido a trámite por el tribunal constitucional”.

En la ley aprobada por las Cortes regionales, actualmente en suspenso por el recurso admitido a trámite del Gobierno central ante el TC, se establecen las medidas adicionales de protección de la salud pública y el medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica. El Gobierno regional entiende que deben prevalecer las garantías de la salud pública y medio ambiente sobre una práctica “de la que se desconocen con precisión sus efectos” según ha resaltado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

También presente en el acto de Guadalajara, Teresa Arévalo, diputada nacional de Unidos Podemos por Albacete, pidió al resto de formaciones que apoyen la iniciativa parlamentaria que su grupo presentará en el Congreso contra el ‘fracking’. “Esperemos que las declaraciones del resto de partidos no se queden sólo en palabras, pasando a los hechos mediante el apoyo a la ley que promovemos en el Parlamento. El futuro de los pueblos y las comarcas de Castilla-La Mancha está en el cielo y no bajo tierra”, aseguró.

Pablo Bellido, secretario provincial del PSOE de Guadalajara, recalcó las posibilidades de desarrollo sostenible que serían posibles sin el ‘fracking’, al tiempo que acusó al PP de actuar “en contra de los intereses de la provincia de Guadalajara y en especial al silencio cómplice de este partido en la Diputación, que se posiciona siempre a favor de los intereses partidistas”.

El portavoz socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Rafael Esteban, aprovechó su intervención para “homenajear a la gran alianza de ciudadanos que se movilizaron en contra de esta técnica y en defensa de nuestra tierra, la salud pública y el medio ambiente”.

También arroparon a los miembros de la plataforma de Guadalajara Alejandro Ruiz, delegado de Ciudadanos en Castilla-La Mancha y portavoz de esta formación en el Ayuntamiento de la capital alcarreña; Juan Antonio Lázaro, coportavoz de Equo en Guadalajara; Julián Atienza, dirigente de IU en Guadalajara y alcalde del municipio de La Toba; José Morales, concejal de Ahora Guadalajara; Charo Galán, concejal socialista del Ayuntamiento de Sigüenza; José María Rey y Pedro del Olmo, líderes provinciales de CCOO y UGT, respectivamente; y Alberto Mayor, miembro de Ecologistas en Acción Guadalajara, entre otros destacados representantes de los partidos políticos y las entidades sociales que respaldan la lucha contra la fractura hidráulica. Del PP no acudió nadie.

Legislación autonómica

El ‘fracking’ es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas natural o petróleo del subsuelo. En concreto, se ejecuta mediante una fractura en el sustrato rocoso del suelo para favorecer la salida del gas y el petróleo a la superficie a través de la inyección a presión de materiales en el terreno. Durante la pasada legislatura, los proyectos vinculados a esta técnica encontraron una fuerte oposición tanto en la comarca del Ducado, en Guadalajara, como en el Campo de Montiel. De hecho, blindar a la región frente a esta agresiva técnica fue una de las principales promesas de Emiliano García-Page durante la última campaña electoral autonómica.

Tanto los socialistas como Podemos se comprometieron en sendos actos en la localidad de Sigüenza a cerrar el paso al ‘fracking’ en Castilla-La Mancha en caso de desalojar a la ‘popular’ María Dolores de Cospedal de la Presidencia regional. La normativa endurece la protección ambiental de cara a evitar proyectos relacionados con el ‘fracking’ fue una de las primeras leyes aprobadas en la actual legislatura. PSOE y Podemos impulsaron esta norma en las Cortes regionales, mientras que el PP se abstuvo.

La norma entró en vigor en abril de 2017 y su objetivo principal, precisamente, era esquivar al Tribunal Constitucional. La Ley Antifracking de Castilla-La Mancha no prohíbe explícitamente la fractura hidráulica, sino que regula una serie de condicionantes ambientales que, en la práctica, imposibilitan la aprobación de proyectos.

Su articulado establece medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos en Castilla-La Mancha. La propia Plataforma contra el Fracking en Guadalajara calificó esta normativa como “la más avanzada” entre las leyes regionales en esta materia.

Sin embargo, el Gobierno central entiende que las medidas de protección reguladas en la ley castellano-manchega vulneran las competencias estatales sobre hidrocarburo y medio ambiente. De ahí que, a finales del pasado diciembre, decidiera presentar un recurso de inconstitucionalidad.

El recurso del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy es similar al que Moncloa elevó a normas análogas en esta materia aprobadas en otras regiones como Cataluña Cantabria o La Rioja. El Consejo de Ministros invocó el artículo 161.2 de la Constitución “a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad”. Además, consideró en el recurso presentado que la técnica del 'fracking', al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con “la necesaria protección”.