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En estos días pasados nada se le ha oído contra el PP por estar cómo elefante en cacharrería en el asunto de Venezuela, ni sobre cómo Feijoo mintió en su relato de la dana. Le volvemos a oír porque Emiliano García-Page ha decidido subirse al púlpito y pedir elecciones generales como quien pide la carta de postres en el restaurante, alegando que el nuevo sistema de financiación autonómica es un “atropello” y “el mayor ataque a la igualdad” conocido desde que la democracia es democracia.
En primer lugar, lo llamativo no es que eleve la voz, sino que lo haga precisamente cuando a Castilla-La Mancha le tocan 1.248 millones más, unos 594 euros por cabeza, que no es una bagatela ni siquiera en tiempos de hipérbole a que nos acostumbran los chicos y chicas de Génova 13. Según él, los independentistas deciden el reparto de la riqueza, pero se cuida mucho de explicar en qué artículo, párrafo o nota a pie de página del modelo se esconde semejante asalto.
En segundo, que no hay sintonía ni con el tono ni con la ocurrencia de exigir elecciones generales por una reforma que, paradójicamente, beneficia a la región que Page dice defender. Si de verdad la financiación “rompe la igualdad”, bastaría con que alguien, él o su coro, mostrara un dato comprensible, un número con pies y cabeza, más allá del eslogan grandilocuente que proclama el “mayor ataque” sin explicar por qué es mayor ni en qué consiste el ataque. El resultado final es un discurso que suena a pedagógico, pero se parece más a una clase sin temario, sin pizarra y sin alumnos dispuestos a tomar apuntes.
La queja de Page llega después de décadas en las que todos los gobiernos han pactado, con mayor o menor entusiasmo, con los nacionalistas para ceder poder autonómico y trocitos jugosos de recaudación del IRPF, del IVA y de lo que se terciara. Ahora, el presidente manchego se envuelve en una bandera de nacionalismo español de corte antiguo, con ribetes de nostalgia, quizá porque aquí intuye un caladero de votos (cómo si los votantes ideológicamente del PP o Vox fuesen a votarle), aunque eso poco tenga que ver con modernizar el país o asegurar una financiación razonable por ciudadano en cada autonomía. A veces convendría recordar que una nación también avanza perdiendo votos a favor de ideas, y no al revés.
Se puede ser tan obstinadamente anticatalán como Junts, que parece trabajar más para su propio partido que para Cataluña, o tan declaradamente antiespañol como suena Page cuando antepone su reelección a cualquier debate sereno sobre financiación. Unos gritan “España nos roba” y otros, con el mismo entusiasmo vacío, responden con su “España se rompe”: dos consignas mellizas, tan huecas como dañinas, que convierten este país en ese decorado de pandereta donde todos sospechan de todos y la solidaridad y la acogida se quedan pudriéndose en el guardarropa. En ese espejo deformante, Page y el PP coinciden más de lo que les gustaría reconocer: separan más de lo que unen y se quieren tanto a sí mismos que se les acaba el campo de visión.
Afirmar sin aportar una sola cifra contrastada se ha convertido en un deporte nacional, con la ventaja de que no exige esfuerzo físico ni intelectual. Page se ha abonado a esa costumbre: lanza acusaciones, dramatiza escenarios, invoca la ruptura del país, pero no acompaña ni un cuadro, ni un informe, ni una triste nota técnica que respalde el teatro. Tal vez sería más útil que se sentara a trabajar en cómo aprovechar esos 1.248 millones adicionales para mejorar servicios públicos, en vez de perder el tiempo discutiendo lo que hacen los demás como si la política fuera una tertulia infinita en horario de máxima desinformación.
Ni Page ni el PP plantean un modelo de financiación autonómica, toda su propuesta conocida son generalidades (“autosuficiencia”, “solidaridad”, “reparto justo”). Si lo tienen, deberían concretar sus parámetros de reparto. El gobierno debería pedir a todos y cada uno de los que rechazan su propuesta porque sienten que “se rompe la igualdad” (Bonilla, Ayuso, Azcón, Page, Guardiola, Pérez Llorca, López Miras…) que le planteen ellos una propuesta de reparto en la que todos estén de acuerdo y la firmasen. Pero eso sí, hasta entonces ni un euro más del modelo actual. Igual hasta se ponían las pilas.
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