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La cita anterior eran palabras del fallecido recientemente Eduardo Galeano
Al parecer a nuestros máximos representantes políticos en el área de medio ambiente no sólo se les ha olvidado “honrar a la naturaleza de la que formas parte”, sino que además están mostrando un afán desenfrenado por acabar con ella.
La modificación de la Ley de Montes, una contribución clave al esfuerzo del Gobierno para acabar con todas las herramientas legales que garantizan el derecho constitucional de la ciudadanía a disfrutar del medio ambiente, fue uno de los platos fuertes y de mayor crítica en el III Congreso de Agentes Forestales y Medioambientales celebrado en Córdoba entre los días 10, 11 y 12 de abril.
Podemos considerar, haciendo referencia a Galeano, que a diferencia del olvido de Dios de incluir la defensa de la naturaleza entre los 10 mandamientos, en el caso del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) la modificación de la Ley de Montes se perfila como un mandamiento absoluto en su afán por acabar con la biodiversidad en España de la que tanto alardean puertas hacia fuera.
Los diferentes comunicadores y miembros de las mesas redondas recalcaron este afán destructor del ministerio y expresaron, de viva voz y sin tapujos, su frontal desacuerdo con las políticas de devastación del entorno que desde el MAGRAMA, y más concretamente en la figura de la ministra Tejerina, se están llevando a cabo.
Lamentablemente la ministra no acudió a este encuentro, aunque había recibido invitación, ni tampoco se acercó ningún representante de su partido político; una pena teniendo en cuenta que desde la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA), se le quería hacer entrega del premio Amanita phalloides por su gran esfuerzo en engañar a los ciudadanos, intentar destruir el patrimonio natural de la nación y querer acabar con la policía medioambiental (Agentes Forestales y Medioambientales) que lleva 140 años defendiendo el medio ambiente.
Señora ministra, señora consejera, señoras y señores del Partido Popular, consideramos que como colectivo, como trabajadores, no olvidemos que como ciudadanos, tenemos el derecho de ser escuchados ante la reforma de una ley enmarcada en una democracia en la que vemos reducidos nuestros derechos a cenizas.