Regularizar no basta: sin vivienda digna no hay trabajo digno

España necesita trabajadores y trabajadoras. Nuestra provincia también. La agricultura, la construcción, los cuidados, la hostelería o la logística dependen, en gran medida, del esfuerzo de miles de personas migrantes que sostienen sectores estratégicos de nuestra economía. Sin embargo, seguimos aceptando una contradicción que no puede normalizarse.

Defendemos la regularización administrativa porque nadie debe vivir en la clandestinidad, sin derechos y expuesto a la explotación. Pero la regularización, por sí sola, no resolverá la realidad cotidiana de miles de personas si permitimos que continúen viviendo en condiciones indignas, hacinadas y sometidas a las mafias que hacen negocio con la necesidad humana.

No podemos mirar hacia otro lado.

En demasiados municipios, una cama compartida cuesta lo que hace unos años valía el alquiler de un piso. Viviendas sin condiciones mínimas de habitabilidad se alquilan a precios abusivos. Habitaciones donde conviven diez o quince personas. Garajes, naves o infraviviendas convertidas en negocio para quienes saben que la desesperación no permite elegir.

Esta realidad no solo vulnera el derecho constitucional a una vivienda digna. También alimenta un modelo laboral basado en la precariedad. Porque quien depende de un empresario para conservar el empleo y de un intermediario para conservar un techo tiene mucha más dificultad para denunciar abusos, exigir el cumplimiento del convenio colectivo o reclamar salarios justos.

La explotación laboral y la explotación residencial forman parte del mismo problema.

Desde UGT llevamos años defendiendo que el acceso a la vivienda debe convertirse en un verdadero derecho garantizado por los poderes públicos y no en un privilegio reservado para quien pueda pagarlo. El sindicato reclama reforzar las políticas públicas de vivienda, ampliar el parque de alquiler asequible y combatir la especulación inmobiliaria porque considera que el acceso a una vivienda digna es una condición indispensable para una vida y un trabajo dignos.

Quienes intentan enfrentar a trabajadores españoles y trabajadores migrantes se equivocan de adversario. El problema no es quien viene a trabajar y contribuir con su esfuerzo. El problema son quienes obtienen beneficios de la vulnerabilidad ajena: quienes pagan salarios miserables, quienes incumplen la legislación laboral y quienes convierten la vivienda en un negocio sin límites.

No tiene sentido impulsar procesos de regularización si después consentimos que esas mismas personas sigan atrapadas en redes de explotación residencial. No podemos permitir que una persona obtenga un permiso de residencia y continúe pagando cantidades desorbitadas por una cama en una vivienda insalubre mientras otros se enriquecen.

La integración comienza por garantizar derechos efectivos. Un contrato de trabajo digno necesita una vivienda digna. Una sociedad cohesionada necesita barrios donde nadie tenga que esconderse para vivir. Y una economía fuerte no puede sostenerse sobre trabajadores pobres.

Las administraciones públicas deben actuar con mayor contundencia. Es necesario perseguir el fraude en los alquileres, reforzar la inspección sobre las condiciones de habitabilidad, aumentar la oferta de vivienda pública y coordinar las políticas de empleo, vivienda y servicios sociales. Del mismo modo que existe una Inspección de Trabajo que combate la explotación laboral, debe existir una respuesta firme frente a quienes comercian con la necesidad de tener un techo.

Como sindicato seguiremos defendiendo la regularización de las personas migrantes porque es una cuestión de derechos humanos, de justicia social y de dignidad laboral. Pero también exigiremos que esa regularización vaya acompañada de políticas públicas que impidan que la explotación simplemente cambie de escenario.

Porque regularizar personas mientras permitimos que las mafias de la vivienda sigan haciendo negocio con ellas no es una solución. Es trasladar la injusticia de un ámbito a otro.

La dignidad no termina cuando acaba la jornada laboral. También empieza al cerrar la puerta de casa.