Piden cárcel para los activistas de la PAH detenidos en 2017 en una sucursal bancaria intentando frenar un desahucio

Penélope Cruz se acerca emocionada a un grupo de personas apostado a las puertas de una sucursal bancaria. Las abraza, les agradece el apoyo, y juntos entran a protestar con carteles y cánticos, mientras ella y un par de acompañantes intentan negociar la suspensión del desahucio que la dejará en la calle con su hijo pequeño. Esa escena de la película En los Márgenes, que se estrenó hace apenas unos días, parece calcada de la que en diciembre de 2017 protagonizaron activistas de la Plataforma Antidesahucios (PAH) en Cabanillas del Campo (Guadalajara) cuando intentaban que Paola y su familia no se quedaran sin techo. Pero la medida entre la ficción y la realidad puede ser la cárcel.

El juzgado de lo Penal nº 1 de Guadalajara ha abierto juicio oral contra ocho personas, acusadas de presuntos delitos de resistencia a la autoridad, desobediencia, coacciones y desórdenes públicos. La Fiscalía ha pedido ocho meses de cárcel y dos meses de multa que, en caso de no pagarse, serían también de prisión. La acusación particular, CaixaBank, ha solicitado para los activistas hasta tres años y medio de prisión.

La Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara (PAG), que agrupa a varios movimientos sociales de la provincia, ha avisado de que acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si no hay absolución para todas las personas acusadas en este juicio que ya tiene fecha de inicio: el 30 de noviembre. “El derecho a la protesta está otra vez amenazado”, resumía un representante de la PAG este martes en la rueda de prensa en la que daban a conocer el caso.

“Resistencia pacífica”

5 de diciembre de 2017. Faltaba muy poco para la ejecución de desahucio de Paola, que ocupaba junto a sus hijos una de las decenas de viviendas que la entidad tenía vacías en el municipio. Según la PAG, los representantes de la entidad financiera se habían comprometido verbalmente a paralizar el desalojo hasta que se negociara un alquiler social, de modo que los activistas acudieron a la sucursal a pedir un escrito que ayudara a la mujer a reunir lo que el propio banco le exigía para acceder al alquiler. “Pero no querían dejar escritos los términos de ese compromiso, manteniendo la presión sobre Paola”, explican cinco años después de aquel día. 

Por su parte, Caixabank alega en su escrito de acusación que el director de la entidad les pidió que no molestaran a los clientes, “esperando que los alborotadores no tardaran en cesar sus acciones e irse”. Añade que al cabo de media hora, al ver que los “agitadores” no habían abandonado el local, se reunió con dos de ellos y con la afectada por el desahucio. Les explicó que no tenía competencia para poder formalizar el acuerdo verbal que alegaban tanto la mujer como los activistas, a lo que le respondieron que “no se irían hasta que no les solucionasen el problema”.

Viendo que les negociaciones no iban a llegar a un acuerdo, el director procedió a llamar a la Guardia Civil, la cual se personó una primera vez para indicar a los “insurrectos” que no molestasen y que llegado el momento de cierre debían abandonar la oficina. “Tras irse la Guardia Civil, los acusados continúan con su actitud tendente a quebrantar el orden y tranquilidad de la oficina, habiendo empapelado toda la oficina de pancartas de la PAH, comiendo bocadillos y snacks, sentándose en el suelo e increpando a los clientes que acceden a realizar sus gestiones”, dice el escrito de la acusación. 

El atestado de la Guardia Civil indica que la patrulla que detuvo a estas personas, tras acudir una vez durante la mañana, se personó finalmente allí a las 14.05 horas. A las 15.30 desalojó a los ocho activistas que permanecían dentro de la sucursal sentadas en círculo y que previamente habían informado a los agentes de que no abandonarían la oficina de forma voluntaria. No se menciona en ningún momento actos violentos ni en el atestado ni en las posteriores declaraciones de dos agentes. Uno de ellos declaró durante la instrucción judicial que “no se enfrentaron de forma verbal ni violenta” y que “fue una resistencia pasiva”.

En el escrito de la defensa de los acusados, la abogada alega que no constan indicios de alteración del orden público, ni tampoco de la comisión de actos de violencia ni sobre las personas ni sobre las cosas. Tampoco de posibles amenazas. “Se trata de un grupo de personas que intentaban acompañar y hacer sentir su parecer en relación al juicio verbal de desahucio que la querellante se había comprometido a paralizar, y evitar así su desenlace”, asegura. 

Una sentencia del Supremo y una ley de Rajoy

La defensa cita la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2018, que establece que el ejercicio de determinados derechos, como el de reunión, manifestación, o de expresión, “que se consideran fundamentales en una sociedad democrática”, pueden “ocasionar inconvenientes y molestias a otros ciudadanos” y es preciso realizar una labor de ponderación entre los derechos de unos y otros, “admitiendo un cierto grado de inconvenientes en aras a la calidad de la convivencia democrática, como sucede en este caso”.  

“Si bien es cierto que la presencia de los acusados en el interior de la sucursal bancaria y la expresión pública de sus ideas y reivindicaciones en relación a los procedimientos de desahucio supuso determinados inconvenientes para la entidad, no impidió que los empleados desarrollaran su trabajo ni continuaran con su actividad, siendo que la detención se hizo injustificada y sin que mediara acción penal grave o relevante”, destaca su escrito. 

Las imágenes de las cámaras de seguridad de la sucursal con lo ocurrido aquella mañana no existen. El abogado de Caixabank alegó, tras ser requeridas por el Juzgado, que no se encontraban disponibles, “toda vez que fueron borradas al transcurrir el plazo de 15 días siguiendo la normativa establecida para las grabaciones de videovigilancia”.

Para la Plataforma, “este hecho, realmente grave en cualquier proceso penal, evidencia que la Fiscalía basa sus acusaciones en las declaraciones del director de la sucursal y de un cargo intermedio de la entidad”. Alegan así que este proceso penal contra los ocho activistas tiene “gravísimas consecuencias sobre derechos fundamentales como lo es el derecho de reunión, o incluso el derecho a la protesta pacífica”.

Uno de los delitos imputados por ambas acusaciones es el de allanamiento de establecimiento abierto al público. Se trata de una figura penal creada durante el mandato de Mariano Rajoy en 2015, que “convierte en delito el desarrollo de protestas pacíficas en el interior de sucursales bancarias”, según la PAG. 

Caixabank: no mostraron una “actitud colaborativa”

Según la entidad financiera, al llegar la hora de cierre, regresaron los agentes de la Guardia Civil. Estos les advirtieron de los delitos que cometerían si no abandonaban el local, y luego procedió a su detención. “Para practicar las detenciones, los acusados tampoco muestran una actitud colaborativa y son los agentes los que tienen que levantarlos del suelo por la fuerza y sacarlos de la entidad de uno en uno para lograr el completo desalojo de la oficina”, explica el escrito de la acusación. Este medio se ha puesto en contacto con Caixabank, que ha declinado hacer declaraciones al respecto, al tratarse de un procedimiento judicial en curso.

Para la plataforma, “la detención de ocho personas en el marco de una reunión pacífica, pero que obviamente estaba cargada de indignación, es una prueba más del atropello de derechos fundamentales que España viene viviendo con las sucesivas reformas penales y administrativas que, en previsión de una situación social cada vez más convulsa, están preparadas para atajar cualquier clase de protesta”.

El principal delito imputado, el de allanamiento de establecimientos abiertos al público, es un delito leve (las antiguas faltas, que tras la reforma penal de 2015 se han endurecido). La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no pueden ser detenidas aquellas personas a quienes se les impute un delito leve. “Luego si los propios agentes de la Guardia Civil reconocen la inexistencia de violencia ni resistencia, ¿a qué se debe la detención y la gravedad de las imputaciones?”, se preguntan.

La Plataforma ha anunciado la proyección gratuita en Azuqueca de Henares de En los márgenes, la película dirigida por Juan Diego Botto que ha llevado a la gran pantalla vivencias como la de estos ocho activistas. Será el próximo sábado, 22 de octubre, a las 17.30 horas, en el Salón de Actos Eje. Contará con la presencia de la coguionista del filme, la periodista Olga Rodríguez. Precisamente, en el vídeo se utiliza un audio de la periodista durante su participación en el programa Carne Cruda.

De Safira a los #5delBuero

En el año 2018, un total 22 activistas de la PAH de Guadalajara fueron igualmente imputados con acusaciones similares por ejercer la resistencia pasiva frente al desahucio de Safira, una joven con discapacidad que había ocupado una vivienda vacía en el barrio de los Escritores de la capital, un caso que motivó una interpelación de Naciones Unidas al gobierno español para que lo paralizara. En aquella ocasión, el Juzgado de Instrucción nº3 de Guadalajara acordó en un contundente auto archivar la denuncia presentada por la Policía Nacional, argumentando que la resistencia pacífica de los manifestantes en modo alguno puede ser constitutiva de delitos como los que se imputan.

Igualmente, el caso de los #5delBuero, donde cinco profesores en defensa de la escuela pública llegaron a ser acusados de resistencia grave y atentado; o el caso de Diego, que fue absuelto de un delito de revelación de secretos por fotografiar a los agentes judiciales mientras ejecutaban el desahucio de una familia con un bebé (y cuya acusación la ejerció el mismo fiscal de los #8deCaixabank), son casos “muy cercanos que revelan la necesidad de que la sociedad no mire de perfil a estos atropellos”. 

“La carestía de la vida, el incremento de la pobreza estructural y la pérdida de poder adquisitivo, la carencia de vivienda o los abusos solamente pueden ser enfrentados mediante una población vigilante que no permita que esto ocurra. Hoy, en Guadalajara, en el año 2022, ocho personas se enfrentan a penas de cárcel precisamente por eso”, concluyen .