Radiografía de la economía social y solidaria, un “pilar firme” que no deja de crecer en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha ya cuenta con un Libro Blanco sobre Economía Social, donde se constata su importancia como “pilar firme” de la región, sobre todo de cara a la redacción actual de una estrategia en este sector que está llevando a cabo la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Este documento supone una radiografía pormenorizada de los colectivos, entidades, sociedades y cooperativas que durante los últimos años han ido configurando una alternativa a la economía del capital, sin apenas compromiso social. De hecho, es una constante que sus autores repiten durante toda la investigación desarrollada: el estudio es el punto de partida de un sector al que le queda mucho camino por recorrar que ya ha apuntalado bases fuertes en la comunidad autónoma.

Así, este Libro Blanco supone el primer documento que se elabora sobre el sector en la región. Dirigido por Inmaculada Carrasco Monteagudo y Felipe Hernández Perlines, lo ha desarrollado un equipo investigador y de colaboradores del ámbito universitario, académico y asociativo. Su objetivo es ofrecer una visión global de este sector en la comunidad autónomas, que puede resumirse en estas grandes cifras:

Según sus autores, solo con estos datos se puede apreciar la importancia del sector en la comunidad autónoma: aglutina 6.821 entidades, genera casi 40.000 empleos, un Valor Añadido Bruto (VAB) de más de 500 millones de euros e integra más de 300.000 voluntarios. Constituye por tanto “un elemento fundamental de la sociedad y la economía regionales” y un “pilar firme” de la región, en especial en sectores como el agroalimentario, cuyo peso específico en la región es muy significativo. “Todo ello sin menoscabo del importante papel que todas ellas tienen en la fijación de la población, cuestión especialmente relevante en una región tan afectada por el grave problema del despoblamiento”, recalca el documento.

Pero hay más datos significativos en el Libro Blanco. Por ejemplo, entre los productores de mercado, las cooperativas constituyen el eje central del sector de la economía social en la región, pues suponen el 32% del subconjunto de mercado y el 17,25% del total de las entidades; el 28% de los empleos y más del 47% por ciento del VAB.

También da una idea de su importancia el hecho de que el peso del conjunto de las cooperativas castellanomanchegas en el agregado nacional es superior a la participación de la economía regional en el conjunto de España. Las cerca de 1.200 cooperativas activas que existen en la región emplean directamente a más de 11.000 personas, un 1,7% del empleo regional. El dato es relevante porque su porcentaje en el total de empresas de la región es del 0,9% y “nos habla por tanto de una capacidad de generación de empleo superior a la media de empresas de la comunidad”.

El valor de las cooperativas para luchar contra la despoblación

Además, estos datos ganan más protagonismo con la confirmación de que las cooperativas castellanomanchegas se concentran en el entorno rural y una parte considerable de ellas en municipios escasamente poblados: casi el 30% de las cooperativas están instaladas en municipios de menos de 2.000 habitantes, cuando la población que reside en ellos no llega al 15% por ciento. “Esto nos habla de las cooperativas como verdaderos motores de la actividad económica en espacios despoblados y las sitúa como herramienta para frenar el despoblamiento y vertebrar el territorio”.

Otro tipo de entidades recogidas en este estudio son las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), forma específica del ordenamiento jurídico con mucho peso en Castilla-La Mancha: hay 12.317 debido a su flexibilidad frente a la cooperativa agraria. Destaca el menor tamaño medio de las SAT castellanomanchegas, pues si la región es la segunda por número, por capital social medio ocupa la quinta posición.

Tras analizar otras fórmulas de la economía social como algunas entidades financieras, sociedades laborales y mutuas de seguros, los investigadores se detienen en las empresas de inserción, las dedicadas a la inclusión social de personas con problemas en el acceso al empleo normalizado, motivo por el que la evolución de sus plantillas puede ser algo volátil.

Por último, el bloque de capítulos dedicados a presentar las grandes cifras del sector de la Economía Social en Castilla-La Mancha se cierra con el estudio de las entidades de no mercado, o el sector no lucrativo regional. Se compone de casi 3.390 entidades (2.864 de ellas con asalariados), suponiendo el 3,9% de las entidades regionales con asalariados (1,2 puntos porcentuales menos que en el agregado nacional).

El papel del voluntariado

Dada su finalidad social, el Valor Añadido Bruto no es elevado (44 millones de euros) pero es reseñable el giro que dan las magnitudes cuando a los cálculos se incorpora el trabajo del voluntariado. Son 31.260 los voluntarios y voluntarias que dedican su tiempo a asociaciones (91%), fundaciones (1,25%) y entidades singulares (13,4%). Al calcular el tiempo dedicado por el voluntariado, se obtiene que serían 10.420 personas adicionales trabajando a tiempo completo para el sector no lucrativo castellanomanchego, que genera, en conjunto, un excedente social de 345 millones de euros, y que genera un Valor Añadido Bruto y Social de 389 millones de euros. El voluntariado castellanomanchego participa del 7,5% del nacional y las instituciones sin fines de lucro de la región generan el 4,4% del VAB y social nacional, que está por encima del peso de la economía regional en el agregado nacional.

El documento recoge al final una serie de reflexiones y recomendaciones bajo el objetivo de completar y apoyar la futura Estrategia Integral para la Economía Social de Castilla-La Mancha, que actualmente desarrolla el Gobierno regional.

Entre las propuestas se plantea la elaboración de registros para entidades como las sociedades laborales, al igual que existe de cooperativas, y la creación de un Observatorio de la Economía Social de Castilla-La Mancha. “Su creación permitiría recopilar, actualizar, generar, difundir y analizar información estadística, estrechar las vías de colaboración con la Universidad ya existentes y serviría para apoyar, tanto la elaboración de políticas públicas de ámbito económico y social, como la toma de decisiones para las entidades del sector”.