De un sistema “obsoleto” a la adjudicación rápida: así quiere reactivar Castilla-La Mancha su Registro de Demandantes de Viviendas Públicas

El Registro de Demandantes de Vivienda con Protección Pública de Castilla-La Mancha se reguló en 2013 con el Gobierno del PP como instrumento para el fomento del acceso a las viviendas públicas. Se trata de un mecanismo que debe servir para realizar procesos rápidos de adjudicación de viviendas para quien más lo necesita, en función de sus ingresos, su vulnerabilidad y sus necesidades habitacionales más urgentes. Los colectivos preferentes, en teoría, son los jóvenes menores de 36 años, personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, familias monoparentales con hijos o hijas, familias numerosas o con dependientes a su cargo, mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo o deudores hipotecarios desahuciados en procedimientos de ejecución e inmersos en procesos de intervención social.

En el inicio de su funcionamiento se puso en marcha una aplicación informática que, para el Gobierno de Emiliano García-Page está, a día de hoy, “desactualizada, obsoleta y sin mantenimiento”. De hecho, actualmente los trámites más básicos, como las inscripciones, se practican la mayoría de manera manual. Otra cuestión que atañe a la operatividad y uniformidad del Registro es la existencia, en cada Delegación Provincial, de criterios de gestión diferentes. O lo que es lo mismo, hay varias maneras de gestionar una misma situación, en función de la provincia gestora.

Este es el escenario que ha llevado al Gobierno castellanomanchego a iniciar los trámites para un nuevo decreto que regule esta herramienta. Ha abierto una consulta pública previa en el Portal de Participación donde argumenta que, en la práctica, el Registro ha pasado “de ser un instrumento de adjudicación a una herramienta meramente estadística”. Adolece así de “incongruencias” que exigen una “profunda y urgente revisión”.

Los problemas del Registro actual

¿Cuáles son sus principales problemas? El Ejecutivo autonómico detalla que a lo largo de los últimos años, el funcionariado encargado de la gestión real y efectiva del Registro ha detectado diversos problemas. Por ejemplo, que la solicitud es muy amplia, y permite tanto solicitar adjudicación de vivienda mediante cualquier tipo de régimen de cesión (venta, alquiler y alquiler con opción a comprar), como solicitar vivienda en un número indefinido de municipios de la región.

“Se ha podido comprobar que los casos en los que se solicita vivienda en todos los municipios de Castilla-La Mancha son frecuentes, lo cual obviamente supone que el dato de la demanda real de vivienda que se desprende del Registro de Demandantes no se corresponde con la realidad”.

El actual sistema de adjudicación de viviendas, al haberse paralizado la construcción y, por tanto, disponer de un “limitadísimo parque de vivienda pública vacía y apta para su adjudicación”, hace que las escasas viviendas públicas que se adjudican siempre sean a personas pertenecientes a los colectivos preferentes. Esto viene a significar, añade el Gobierno castellanomanchego, que este criterio de discriminación positiva se contemple “como pauta única de adjudicación”, quedando el resto de solicitantes de vivienda pública con una mera expectativa que jamás llegará a ser efectiva.

También adolece de “uniformidad de criterios”, no se comprueban los requisitos hasta el momento de la adjudicación y la documentación que se exige se basa exclusivamente en declaraciones responsables y/o autorizaciones.

Estos problemas, unidos a las necesidades habitacionales de la sociedad actual y “la falta de respuesta” a las mismas por parte del Registro vigente hacen necesaria una revisión tanto de los objetivos como del funcionamiento del mismo. De hecho, la Dirección General de Vivienda también estima oportuno, para una correcta gestión del parque público de vivienda, que el registro no solo contemple a los solicitantes o demandantes de vivienda con algún tipo de protección oficial, sino que sirva como registro de estas viviendas.

De esta forma, en el documento de consulta previa, el Gobierno avanza que se configurará un Registro de Demandantes de Vivienda, acotado tanto geográfica como jurídicamente, es decir, que las personas interesadas concreten la zona y el medio de acceso a la vivienda (alquiler o compra). También desagregará aquellos solicitantes de vivienda que tengan un mínimo de ingresos para poder asumir las obligaciones inherentes a un contrato de arrendamiento o de compraventa, de aquellos que se encuentren “en una situación de emergencia habitacional para los cuales las fórmulas anteriores no son operativas”.

Distinciones por titularidad y calificación

Es intención del Ejecutivo establecer también un visor de toda la vivienda protegida existente en Castilla-La Mancha, distinguiendo por titularidad, pública o privada; y calificación, vivienda de promoción pública, de protección oficial, de precio tasado, etc.

Por todo ello, el objetivo de esta reforma será igualmente regular un procedimiento de inscripción “ágil, eficaz y telemático”, sin perjuicio de la inscripción mediante cita previa, y rápido en adjudicación de las viviendas de titularidad pública. Para todo ello, se implantará una herramienta informática que soporte los trámites antes mencionados, unificando el punto de acceso a la información relativa al registro de demandantes, las viviendas disponibles y los procedimientos relacionados con las anteriores cuestiones.

Se da la circunstancia de que en el anteproyecto de Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, que se mantiene paralizado, buena parte de las funciones de este Registro se encomiendan a los ayuntamientos, una administración que cobra una gran importancia en esta normativa, pero que todavía no se ha hecho realidad.