El Supremo plantea la inconstitucionalidad de la “ley de las leyes” de Cospedal
Lo que empezó en 2012 como una desestimación de demandas de conflicto colectivo impuestas por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, ha pasado a ser un problema de posible inconstitucionalidad para el Gobierno de María Dolores de Cospedal. El Tribunal Supremo ha decidido plantear la cuestión de inconstitucionalidad de los artículos 1, 5 y 20 de la Ley Castilla-La Mancha 1/2012 de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. Se trata de los puntos que establecen el aumento de la jornada ordinaria máxima hasta 37,5 horas semanales, la minoración de las retribuciones durante el 2012 y la modificación del complemento de incapacidad temporal.
Los fundamentos que señala el Tribunal no son pocos, y todos, tal como lo ha calificado Comisiones Obreras “especialmente graves”. La duda de constitucionalidad se fundamenta en que el Supremo no ve “encaje” en la ley autonómica en la legislación estatal. De este modo señala, por ejemplo, que el Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre no sirve de marco estatal en el que pueda encajar esta ley autonómica. En esta misma línea, el Tribunal señala que no “halla” texto legal estatal que aborde de la afectación de las medidas de contención del gasto “sobre una mejora de Seguridad Social”, que es lo que señala el artículo 20 de la ley 1/2012 de Castilla-La Mancha.
El Tribunal Supremo considera que se debe plantear cuestión de inconstitucionalidad, en conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto se debe a que la institución señala no tener la capacidad para declarar el “eventual exceso en la competencia legislativa” que llegaría a imposibilitar la ley autonómica. De hecho, el documento señala que la legislación autonómica sólo podrá aplicarse si se entiende que se respeta el marco competencial. Sin embargo, la Sala de lo Social del Supremo señala que tiene “serias dudas sobre acomodación constitucional de la norma”, dando pie a “vías interpretativas”.
Comisiones Obreras, uno de los sindicatos que interpuso el conflicto de convenio colectivo que promovió este auto, señaló que el Tribunal ha comprobado con esto auto lo que ha denunciado el sindicato desde que se implantaron estas medidas. “Se está pronunciando a favor de los trabajadoras y trabajadoras públicos de la región. Se le recuerda que tampoco puede saltarse y que debe cumplir como cualquier ciudadana”, señaló Carmen López, secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de la organización. CCOO no ha querido valorar cuales son las posibles consecuencias que tendría una ratificación de inconstitucionalidad de los artículos, pero sí ha pedido a María Dolores de Cospedal que retire la legislación, para no “alargar la agonía”.
Ramón González, coordinador autonómico de dicha Federación, culpó al Gobierno de Castilla-La Mancha de no respetar los acuerdos firmados con anterioridad y también durante su legislatura, como el VII convenio colectivo que CCOO asegura haber judicializado en una “veintena de ocasiones”. “El Gobierno ha quedado en duda hasta como legislador”, señaló González, quien calificó el auto del Tribunal Supremo como “especialmente grave”. El sindicato además ha culpado al Ejecutivo de atribuirse funciones que, finalmente, no eran las que les competían. “Era la Ley de las leyes de este Gobierno, que nos salvaba de la quiebra económica y aseguraba la prestación de servicios sociales. Hoy ninguna de estas cosas es cierta”, finalizaba el sindicalista.
La portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha celebrado que la Justicia “ponga las orejas coloradas a Cospedal”, calificando la decisión del Tribunal Supremo como un “verdadero alivio para muchos trabajadores”. La socialista ha apoyado la labor de los sindicatos para tratar el tema de los conflictos colectivos y ha señalado que la legislatura ha sido un periodo “larguísimo” para quienes han sufrido “las consecuencias de los recortes”. Maestra ha calificado a Cospedal como una presidenta “nefasta para la economía y el estado de derecho de la región”.
