¿Tiene el tiro al pichón los días contados en Castilla-La Mancha? La nueva ley de bienestar animal puede ponerle fin

El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana el proyecto de Ley de Protección, Derechos y Bienestar de los Animales y entre las novedades que afectarían especialmente a Castilla-La Mancha se encuentra el fin de los “crueles campeonatos” de tiro al pichón y la no discriminación en su protección de los perros empleados en cacerías. Se trata de las dos medidas más polémicas que siguen en vigor en la comunidad autónoma tras la ley autonómica de bienestar animal, que se aprobó hace ahora tres años.

Así lo señalan la Fundación Franz Weber e INTERcids, dos de las ONG que han participado en el proceso de alegaciones de la normativa estatal. En este sentido, destacan que, por el contrario, Castilla-La Mancha sí que aplica ya otras acciones como el veto al uso de fauna silvestre en circos, a pesar de que se reclamó una abolición total como la ya aplicada en Islas Baleares.

La Ley de de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha se aprobó hace ahora dos años, pero no entró en vigor hasta seis meses después, por lo que es relativamente nueva. Supuso la renovación de una normativa obsoleta que databa de 1990, incluyendo numerosas novedades como el sacrificio cero, la regulación de las colonias felinas, la prohibición de animales salvajes en los circos y la multiplicación por diez de las multas por maltrato animal, entre otras medidas.

No obstante, su tramitación no estuvo exenta de polémica. Por ejemplo, en el primer borrador se prohibía en su totalidad el tiro al pichón, pero posteriormente fue modificado. En la regulación actual, su disposición adicional segunda establece que de esa prohibición se exceptúan las competiciones de tiro de las especies paloma zurita o columba, y paloma bravía o Columba livia, no recolectadas en núcleos urbanos de ciudades y pueblos.

Establece asimismo la ley castellanomanchega que estos animales no pueden ser lanzados por medios mecánicos cuando se realicen en campos de tiro autorizados bajo el control de la Federación de Tiro al Vuelo o la Federación de Caza. Ambas modificaciones provocaron el rechazo de colectivos animalistas como Mis Amigas las Palomas, que denunciaron que está práctica supone la mayor “masacre” de animales en el país.  

En el proyecto de ley estatal se prohíbe a todos los efectos el sacrificio público de animales, así como su utilización en espectáculos y otras actividades cuando estas puedan ocasionar sufrimiento o en las que puedan ser objeto de tratamiento indigno, “tales como el tiro al pichón, tiro a tubo o prácticas que puedan ocasionar la muerte de animales”.

Otra de las cuestiones controvertidas de la normativa castellanomanchega fue modificar también el primer borrador para que los perros utilizados en cacerías no se rigieran por esta ley de protección sino por la regulación de caza de la comunidad autónoma. Concretamente, establece que la acción de cazar no se considera a estos efectos situación de peligro ni maltrato, “incluidos los animales auxiliares del cazador”, como los perros, durante la acción de cazar. En este caso, tanto el Partido Animalista PACMA como las asociaciones de defensa de galgos y podencos también mostraron su rechazo y malestar y acusaron al Ejecutivo regional de “ceder a la presión del lobby cinegético”.

Los perros de caza en la futura normativa estatal

El texto de la futura normativa estatal no hace esta excepción. Es decir, a los perros de caza se les aplicaría igualmente las acciones de protección y bienestar durante las actividades cinegéticas y, de hecho, deben estar inscritos en el Registro de Animales de Compañía. Las únicas excepciones que establece el proyecto de ley es que a los titulares de perros desarrollan esta actividad y a sus titulares no se les exigirá superar la formación en tenencia responsable reglamentada ni tampoco tendrán que realizar previamente un curso para tenencia de perros.

Castilla-La Mancha todavía está pendiente de desplegar toda la normativa que aprobó hace dos años. Para ello hacen falta reglamentos y ordenanzas municipales, sobre todo en cuestión de regulación del sacrificio cero, las colonias felinas y la venta de animales. Por el momento, el Gobierno de Emiliano García-Page ya hizo público su rechazo a esta normativa emanada del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Ione Belarra, de Unidas Podemos.