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Cambios en la prohibición del tiro al pichón “bloquean” la futura Ley castellano-manchega de Bienestar Animal

Tiro al pichón en España: un pichón es introducido en un cañón que lo lanzará al aire para ser abatido. Foto: Tras Los Muros

Alicia Avilés Pozo

Se acerca el final de la legislatura y Castilla-La Mancha sigue teniendo vigente una ley de bienestar animal de hace casi tres décadas. De hecho, ese es el motivo por el que el Gobierno autonómico ha estado trabajando estos años para sacar adelante una nueva normativa que busca colocarse a la vanguardia de esta cuestión en todo el país. El borrador del anteproyecto prácticamente finalizó hace dos años, pero ¿qué ha pasado? Desde el Ejecutivo de Emiliano García-Page siguen manteniendo que podría aprobarse durante la presente legislatura, cuando restan poco más de tres meses para la disolución de las Cortes. Pero lo cierto es que muchos de los que han participado en la elaboración de la norma y que forman parte del Consejo Asesor de Medio Ambiente afirman que el texto está “bloqueado” por haberse “suavizado” la prohibición del tiro al pichón, una de sus novedades más importantes. Pese a todo ello, el Gobierno castellano-manchego sigue trabajando en el consenso.

Desde que se resolvieron las alegaciones, una amplia batería de propuestas donde participaron muchos colectivos, el anteproyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha está a la espera de recibir luz verde del Consejo de Gobierno para iniciar su tramitación en las Cortes. Podemos, socio de Gobierno del PSOE en Castilla-La Mancha, ha aludido a la necesidad de su aprobación varias veces, pero la nueva normativa no llega.

Uno de los escollos resuelto durante todo este tiempo ha sido el de su aplicación a los perros de caza. La polémica surgió porque en un principio se iba a tramitar en paralelo a la reforma de la Ley de Caza (ya aprobada) y porque la nueva normativa no los incluía en sus prohibiciones, infracciones y obligaciones de bienestar animal, que sí afecta a los animales domésticos. Esto hizo que la Consejería de Medio Ambiente recibiera multitud de críticas de formaciones animalistas y conservacionistas. Después se solucionó. Así, en el último borrador, se establece que la ley no será de aplicación a los animales que participen en actividades cinegéticas, pero “exclusivamente durante el tiempo de participación en las mismas”.

Esta apreciación viene a cubrir la petición hecha por los grupos de presión de cazadores y, por el momento, ha convencido también a otros colectivos, aunque no a todos. Ecologistas en Acción ha aceptado que solo durante la acción de caza los perros no estén protegidos contra el maltrato, pero PACMA o Proanimal no lo aceptan. Hay que destacar que la ley tampoco es de aplicación a la fauna silvestre, a las especies exóticas invasoras, a las aves de cetrería, a los animales de producción, a los existentes en zoológicos, ni tampoco a los utilizados en espectáculos taurinos o en experimentación y fines científicos.

Animales salvajes en circos

La segunda cuestión que fue objeto de debate sobre el contenido de la ley ha versado en torno a la prohibición del uso de animales salvajes o fauna silvestre en circos. La cuestión es si la prohibición se incluiría para las instalaciones de tipo itinerante o fijo, y finalmente será completa. No se podrán utilizar estos animales en ningún caso, una medida que ya se ha aprobado en varios ayuntamientos de la región como Albacete, Toledo, Guadalajara y Talavera de la Reina.

Así las cosas, el problema se encuentra ahora en el tiro al pichón, una práctica habitual en Castilla-La Mancha, sobre todo en la provincia de Albacete, y cuya prohibición el Gobierno regional ofreció como una de las mayores novedades de la ley. Colectivos en defensa de palomas, ornitólogos y defensores de los animales han condenado que ahora esa prohibición se haya “suavizado”. En el segundo borrador añadió una disposición adicional donde se permiten este tipo de competiciones siempre que recaigan sobre especies de la fauna silvestre objeto de caza: paloma zurita y paloma bravía, “no recolectadas en núcleos urbanos de ciudades y pueblos”, y siempre que no supongan “lanzar a los animales”. Podrá realizarse en instalaciones deportivas, bajo el control de la Federación y/o Delegación de Tiro a Vuelo y con conocimiento previo de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

En Castilla-La Mancha existe la modalidad de tiro al plato o hélice, siendo la primera modalidad olímpica ya que el tiro al pichón está prohibido en todo el mundo salvo en siete países, entre ellos España. El instrumento utilizado en el segundo caso simula el vuelo de un ave y era el plan B que contemplaba regular el Gobierno castellano-manchego para la prohibición de esta práctica. Pero al no ser así, el anteproyecto de ley, comentan estos colectivos, está ahora “bloqueado”.

En el proceso de alegaciones, la Real Federación Española de Tiro a Vuelo (RFETAV) hizo una encendida defensa de esta práctica y puso sobre la mesa sus fricciones con la modificación de la Ley de Caza. El presidente de esta Federación, Alejandro Reinoso, aportó una serie de argumentos contra la prohibición de esta práctica, comenzando por su regulación de acuerdo a la Ley del Deporte de 1990 y añadiendo el carácter centenario de la actividad, a la que le fue concedida en 2008 la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo.   

Posteriormente se refirió a la repercusión institucional del tiro al pichón mostrando su gran preocupación ante la posible prohibición en Castilla-La Mancha, lo que supondría, alegó, un “duro varapalo a los muchos deportistas y tiradores castellano-manchegos”, y también a los clubes y sectores económicos afectados, como son los proveedores de pichones (“especie que se recolecta y existe gracias al tiro”) y el sector de la hostelería y restauración que atiende a estos deportistas y sus familiares.

Mientras tanto, la protesta social y ciudadana contra esta actividad ha ido creciendo en los últimos años. La asociación Mis Amigas Las Palomas (MALP) lo ha denunciado ante todas las consejerías de Medio Ambiente que aún permiten su práctica. Protestas ante los campos de tiro, rescate de aves heridas, recogida de firmas y denuncias ante la Fiscalía de Medio Ambiente han completado las acciones. Todos los programas electorales de los partidos políticos que concurrieron a las pasadas elecciones generales, salvo el del PP, incluían la promulgación de una Ley Marco de Protección Animal que podría uniformar esta materia en todo el país. Hasta entonces, sigue siendo competencia delegada que “se disputa autonomía por autonomía” e incluso a veces “municipio a municipio”. 

Otras novedades de la ley

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que el anteproyecto del texto castellano-manchego incluye otras muchas novedades que seguirán sin aplicarse si no se aprueba. El Gobierno regional ya inició en 2009 las primeras conversaciones para actualizar esta ley de 1990, que contó con un borrador en 2011. No se llegó a tramitar porque ese año cambió el signo político del Gobierno y comenzó la legislatura del PP. Ganó María Dolores de Cospedal y este tema no se abordó en esos cuatro años. Tras el nuevo cambio de Ejecutivo, el proyecto lo retomó el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.

Por ejemplo, uno de sus aspectos más destacados es que aumenta considerablemente todas las sanciones e incluso cambia la categorización existente entre leves, graves y muy graves. En el texto se encuentra la posibilidad de que las agresiones o el abandono, consideradas ahora en segundo término, pasen a ser sancionadas al máximo. De hecho, en infracciones muy graves, donde se incluye matar y envenenar animales, el máximo vigente de 6.000 euros se multiplicaría por diez, hasta los 60.000 euros. Se trata de una cifra de partida que busca complementar a los delitos de maltrato animal que ya están contemplados en el Código Penal.

El borrador también incluye la regulación de la cría y venta de animales, que no lo había estado hasta ahora. Es decir, todos deberán estar registrados, por lo que se prohibirían prácticas muy extendidas como la venta de animales por Internet. La filosofía en este punto está en la línea de lo que plantean las organizaciones animalistas: hay animales en adopción a los que se debe dar prioridad sobre la venta. Se trataría de una medida complicada ya que afectaría a los negocios de venta, pero desde el Gobierno regional lo han considerado compatible.

La apuesta por la adopción de animales se complementa con la prohibición del sacrificio en las protectoras, salvo en casos de enfermedad. En esta cuestión, el objetivo ha sido consensuarlo de manera que afecte lo menos posible a los ayuntamientos, titulares en la mayoría de los casos de los centros de acogida. Enlazado también con el ámbito local se incorpora la creación de colonias felinas para controlar la población de gatos, sustituyendo el sacrificio por la esterilización, y promoviendo además la salud pública.

Otras novedades importantes son que en caso de embargo de una empresa, los animales no puedan ser objeto del mismo, no siendo considerados bien material sino ser vivo; además de realizar una mención expresa a la zoofilia y prácticas sexuales con animales, cuya prohibición está recogida en el Código Penal pero no en la ley regional de 1990. Hay normativa estatal que ya ha avanzado en este sentido, sobre todo en el caso de la custodia de los animales domésticos en caso de divorcio. Finalmente, en el borrador se incorporan asimismo actualizaciones sobre la prohibición de peleas de animales, mutilaciones y exposición de animales en escaparates.

Supone en su totalidad más medio centenar de medidas necesarias para actualizar la normativa de protección de los animales en la comunidad autónoma. Ahora la cuestión es si todos los implicados serán capaces de salvar el principal obstáculo o finalizará la legislatura sin haberse aprobado.

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