Trabajadores de GEACAM quieren que también se resuelva la conflictividad laboral
El Plan Infocam de la Junta de Castilla-La Mancha ha arrancado este martes con la principal novedad de que los trabajadores de la empresa pública GEACAM volverán a trabajar 12 meses en lugar de los nueve establecidos en la pasada legislatura. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que esta circunstancia responde a las negociaciones con las organizaciones sindicales. Pero aún quedan “atascadas” todas las demandas judiciales interpuestas por los sindicatos ante los tribunales durante los cuatro años del Gobierno del PP.
El delegado sindical de CCOO en GEACAM, Manuel Amores, afirma que los trabajadores valoran “muy positivamente” la nueva campaña contra incendios “tras cuatro años de recortes, despidos, cinco ERE y conflictos colectivos”. Se refiere fundamentalmente al hecho de que con la ampliación de tiempo, se producirá “un servicio de mayor calidad” y también “estabilidad en el empleo”.
Recuerda no obstante que aún están pendientes de resolverse las casi 1.900 demandas, el 90% interpuestas por este sindicato, contra las medidas aprobadas por la anterior dirección de GEACAM, y que se refieren a derechos laborales, categorías, salarios e incumplimiento del convenio. “Es verdad que eso sí que está atascado, pero esperamos que se vaya resolviendo cuanto antes”, añade el delegado sindical.
“Nos gustaría que se resolviera en mesas de negociación acordadas por la dirección de la empresa, pero a día de hoy y de momento se han podido resolver”, añade, precisando que casi el 80% de estas demandas se refieren al conflicto colectivo por la antigüedad de los trabajadores, que quieren que se respete el tiempo que llevan trabajando desde que comenzaron en el dispositivo contra incendios.
Según detalló el consejero, el Plan Infocam está dotado con 81 millones de euros y tiene cinco pilares básicos, de los que destacan el de la prevención y vigilancia de los incendios forestales, y el de la extinción. Al primero de ellos, para el 2016 se ha previsto un presupuesto de 41,3 millones de euros y en el que van a participar 1.870 trabajadores a lo largo de ocho meses.