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Castilla y León pierde el 10% de los ingresos por impuesto de patrimonio por su cercanía con Madrid

Delegación de la AEAT en Valladolid

Ángel Villascusa

11 de enero de 2021 08:36 h

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En los últimos meses, el Gobierno central ha planteado una posible armonización fiscal autonómica que iguale los tributos transferidos a las comunidades. Los impuestos de patrimonio, sucesiones y donaciones son recaudados por los gobiernos autonómicos, que fijan las bases y los porcentajes que se aplican en cada caso. Algunos ejecutivos, como el de Madrid, los bonifica hasta tal punto que los tributos han sido eliminados de facto. Esta bajada de impuestos provoca, según el sindicato de técnicos de hacienda Gestha, que las distintas comunidades entren en una carrera por eliminarlos, lo que reduce los ingresos para las arcas públicas. Además, la cercanía con Madrid hace que Castilla y León pierda entorno a 50 empresas al año, según datos de la consultora Informa y el 10% de la recaudación por el impuesto de patrimonio, entorno a 2,9 millones de euros al año, según el estudio según el estudio Paraísos Fiscales, Wealth Taxation, and Mobility.

El Gobierno de España considera, además, que Madrid lleva a cabo una suerte de dumping fiscal, es decir, que hace competencia desleal con otras autonomías. Según esta tesis, las grandes fortunas castellanas y leonesas se mudan a esta comunidad para ahorrarse miles de euros al año. Los datos son escasos, pero el debate está ya en las administraciones. De hecho, la Junta y el Ministerio de Hacienda han creado recientemente un grupo de lucha contra el fraude tras advertir de cambios ficticios de domicilio. El ejecutivo de Pedro Sánchez quiere definir una serie de máximos y mínimos para los impuestos transferidos, una armonización fiscal que genera el rechazo de las autonomías gobernadas por el PP.

A pesar de ello, Castilla y León, gobernada por una coalición entre PP y Ciudadanos, rechaza que exista competencia desleal en materia fiscal entre las comunidades y pide que de aplicarse una armonización esta sea “a la baja”. Este fin de semana, el líder de los socialistas castellanos y leoneses, Luis Tudanca, advertía que el debate de la armonización “es un melón que lleva abierto muchos años” y que suscribía las palabras del expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera quien dijo que 'entre los dos arriba y los de abajo me están dejando sin dinero“. ”Al final nosotros no tenemos recursos suficientes para pagar nuestros servicios públicos, es cuestión de justicia la redistribución de la riqueza y de tener todos los mismos servicios“, señaló.

El impuesto de patrimonio

Según el estudio Paraísos Fiscales, Wealth Taxation, and Mobility, publicado por los investigadores de la Universidad de Kentucky, David R. Agrawal y Dirk Foremny junto a la investigadora de la Columbia Business School de Nueva York, Clara Martínez Toledano, Castilla y León ha perdido el 10% de la recaudación del impuesto de patrimonio con Madrid entre 2005 y 2015. En total 6.000 fortunas se mudaron para evitar impuestos.Toledano explica a elDiario.es que aunque no es posible saber con exactitud cuántas personas que se trasladaron a Madrid salieron de Castilla y León, sí concluyen “que el número de declarantes que cambiaron de residencia fiscal en Castilla y León fue mayor en promedio que en el resto de España”. En el último ejercicio, la Comunidad recaudó 29 millones de euros con este impuesto.

Madrid es la única comunidad española que bonifica el impuesto de patrimonio, que grava a las grandes fortunas, mientras que en Castilla y León se sitúa en el 0,55% anual. En esta comunidad hay 7.482 personas con un patrimonio neto por encima de los 700.000 euros y con unos 2,3 millones de euros de media. Los datos contrastan con las 18.500 personas que en Madrid no tributan a pesar de tener un montante que sí es grabado en otras comunidades. “¿Por el 0,55% de mi patrimonio de la base sometida a tributación alguien va a cambiar de Valladolid si su núcleo esencial de intereses, núcleo familiar y amistades a Madrid por ese porcentaje?”, se pregunta José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Para el sindicato de técnicos de hacienda, las conclusiones del estudio son “precipitadas” y rechaza la existencia de un dumping autonómico a gran escala. “Esto se daría si realmente hubiese un intercambio poblacional de unas a otras por cuestiones puramente tributarias. Pero de momento no parece que se dé”. Según Mollinedo, sí que puede producirse en caso de que alguna gran fortuna moviese su residencia desde una ciudad limítrofe con Madrid, pero las grandes rentas se concentran en las capitales de cada comunidad autónoma o de cada provincia, lo que hace este escenario menos probable.

Otros impuestos

Si bien Castilla y León es una de las comunidades que más reducido tiene el tramo autonómico del IRPF, que se sitúa en el 9,5% para las rentas más bajas y en 21,5% para las más altas (igual que Madrid), el tipo mínimo queda en el 19% y el máximo en el 24%, es decir, sensiblemente más alto que en la Comunidad de Madrid, donde el tipo mínimo se sitúa en el 18,5% y el máximo en el 23,5%. Desde Gestha reiteran que son cifras muy reducidas como para poder provocar un traslado. Según las últimas estadísticas de movilidad de la Agencia Tributaria sobre las rentas del trabajo, entre 2018 y 2019, 1.600 personas trasladaron su domicilio de Castilla y León a Madrid y 1.300 en el sentido contrario. El movimiento también se produce hacia otras comunidades como País Vasco o Navarra, que tienen mayor autonomía fiscal. La Junta y el Ministerio de Hacienda han creado recientemente un grupo de lucha contra el fraude tras alertar de cambios ficticios de domicilio.

Estos cambios, aunque en teoría infrecuentes, también pueden darse para evitar pagar otros impuestos como donaciones o herencias. Madrid no recauda estos dos impuestos estatales. “En este caso existe más riesgo”, señala Mollinedo. La ley establece que deben tributarse donde el donatario (o fallecido) resida habitualmente durante los cinco años anteriores. Aunque desde Gestha no creen que sea “demasiado habitual” que haya ciudadanos que se trasladen a otra Comunidad para tributar menos antes de fallecer, sí es posible en los casos en los que los grandes patrimonios que tengan propiedades en otras comunidades autónomas. “Puede haber cambios coyunturales. Un hijo podría decir: 'me voy a Madrid y me donas una parte de la herencia'. O puede ocurrir que personas de municipios cercanos a esta esta Comunidad trasladen el domicilio de su progenitor a Madrid antes de fallecer”, señala.

Traslados de empresas a Madrid

Según datos de la consultora Informa, al año la Comunidad pierde entorno a 50 empresas que deciden trasladarse a Madrid, alrededor de 344 en los últimos cinco años. Los motivos de esta fuga, que ya ha alertado a la confederación de empresarios de Castilla y León no se deben al impuesto de sociedades, el mismo para todo el estado salvo para País Vasco y Navarra. Según el presidente de la CEOE en Castilla y León, Santiago Aparicio, la falta de armonización fiscal hace que haya herederos de esas empresas, que, llegado cierto volumen, “al final opten por irse fuera de Castilla y León”.

Según el presidente de la CEOE, detrás de esta fuga no está únicamente una cuestión impositiva, que podría reducirse si se aplicasen tributos de manera homogénea. “A parte de la armonización fiscal, hay un tema que es crucial: la inspección fiscal”. En Madrid, al existir muchas empresas los inspectores de Hacienda tienen más dificultades para llegar. Comparte este análisis en parte Mollinedo, de Gestha. “Nosotros tenemos una opinión, pero no lo tenemos tan verificado. En Madrid hay muchísimas compañías domiciliadas y los efectivos de la agencia tributaria, siendo más numerosos en Madrid que en Castilla y León, tienen un impacto mucho más pequeño. Esto lo hemos visto con relativa facilidad”, señala.

Según Aparicio, eso no quiere decir que desde la CEOE no estén a favor de que haya inspecciones. “Lo que pasa es que los inspectores de hacienda deberían dividirse el estado español de tal modo que cada inspector fiscal tenga el mismo número de empresas”. “Aquí lo que sucede es que hay inspecciones constantemente que en otras comunidades autónomas no sucede”, señala.

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