El defensor del pueblo de Castilla y León pide que no se prive a nadie de tratamientos médicos por su edad

El Procurador del Común, el defensor del pueblo de Castilla y León, se ha dirigido a la consejera de Sanidad autonómica, Verónica Casado, para conocer si hay algún protocolo de actuación a la hora de atender a los afectados por coronavirus y, en cualquier caso, le ha instado a que no se prive de tratamiento a persona alguna por razón de su edad.

La actuación del defensor de los castellanos y leoneses se produce ante las noticias de que alguna comunidad autónoma, al parecer, había recomendado a los profesionales sanitarios limitar el esfuerzo terapéutico destinado a los mayores de ochenta años, con objeto de priorizar la atención de quienes tuvieran, en razón de la edad, mayor esperanza de vida.

Y es que la Procuraduría recuerda que esta institución es fiel defensora de los derechos de todos los ciudadanos y, en especial, de quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como, sin duda, es la población de la tercera edad.

Sobre esa base, ha pedido a la Consejería de Sanidad la realización de todos los esfuerzos humanamente posibles para que no se prive a ningún ciudadano del tratamiento requerido para curar la enfermedad, con independencia de la edad.

Eldiario.es ya desveló el procolo de la UCI que incluye “salvar a los que tienen mayores posibilidades aunque no sean los más graves”. La Comisión de Bioética de Castilla y León recomiendó “ante una situación excepcional de desastre sanitario” -en la que las necesidades de medidas de soporte vital avanzado (como respiradores) son superiores a los recursos disponibles- priorizar el tratamiento intensivo a los pacientes con mayores posibilidades de recuperación, a pesar de que a veces no sean los más graves. Es en ese contexto en el que los médicos tendrán que tomar decisiones “complejas desde el punto de vista ético” y “optimizar los recursos para lograr el máximo beneficio para la población”.

El Gobierno autonómico ha anunciado una investigación concreta sobre atención sanitaria a mayores tras un caso en Segovia de una mujer de 78 años que no fue ingresada en la UCI y falleció.

En las últimas semanas, a partir de la situación de emergencia sanitaria y la declaración del Estado de Alarma, el Procurador del Común no solo está recibiendo quejas relacionadas con los problemas generados por el covid-19, sino que, atento a la dura realidad que viven los ciudadanos de la Comunidad, ha promovido desde el inicio de la situación numerosas actuaciones de oficio, de las cuales algunas de las últimas tienen que ver, precisamente, con el esfuerzo terapéutico que merecen las personas mayores.

Con posterioridad al inicio de esta actuación de oficio promovida por el Procurador del Común, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer un Informe sobre Aspectos Éticos en Situaciones de Pandemia: el SARS-Cov.2, que incide en las cuestiones consideradas por la Defensoría para que las decisiones que se adopten estén presididas por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia.

Con referencia a los especiales problemas que se derivan de la pandemia, la Defensoría también ha actuado de oficio para conocer si hay una particular prevalencia de la infección por Covid-19 y con qué efectos en el medio rural, teniendo en cuenta las condiciones de dispersión demográfica, envejecimiento y afectación pluripatológica de una parte importante de la población que reside en los municipios rurales de la Comunidad, así como el desplazamiento que muchos ciudadanos han realizado desde las ciudades hacía los pueblos durante la situación de confinamiento.

El objeto es que la administración sanitaria, considerando lo anterior, haga una descripción y valoración de los medios humanos y materiales que está empleando para prestar el servicio de salud en el medio rural en las actuales circunstancias.