Casi la mitad de los fallecidos con coronavirus de Castilla y León estaba en una residencia de ancianos y discapacitados

Casi la mitad de los fallecidos con coronavirus de Castilla y León estaba en una residencia de ancianos y de personas con discapacidad, según los datos que ha proporcionado el gobierno autonómico. De los 253 fallecidos, 101 estaban en residencias de este tipo. En este caso, aclara la Consejería, no todos tenían el Covid19 confirmado, pero mostraban síntomas compatibles con la enfermedad en el momento del fallecimiento. El 12,6% de los casos confirmados de coronavirus está en estos centros de atención especializada.

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y Leon, Francisco Igea, ha insistido ante los medios que el gobierno autonómico está controlando “diariamente” la situación en cada residencia. “Quiero que sepan que sus mayores están vigilados y cuidados permanentemente”, ha señalado. Además, ha remachado que se ha analizado la mortalidad en las residencias de ancianos del 1 al 24 de marzo y no es superior -de momento- a la del año pasado. “Sabemos que no va a seguir así, se va a disparar. Por eso estamos trabajando en ello, para evitarlo”. La tasa de mortalidad es del 15% en pacientes de más de 80 años, según ha calculado Igea.

En lo referente a la situación de Soria -cercana a Madrid y a Rioja-, es la que mayor tasa de incidencia tiene de toda España. Residentes confirmados hay 7 en Los Royales, en el Santa Bárbara hay 2. Se ha incrementado las jornadas y reforzado los turnos. “Prácticamente la totalidad de los fallecidos tenían patologías previas”, ha indicado. Además, se ha contratado a un psicólogo para que ayude a los ancianos.

En La Bañeza (León) se está planteando alojar a los residentes sin síntomas durante lo que dure la cuarentena para evitar los contagios.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha rechazado la petición de la Junta para que la Justicia autorizara la propuesta de intervenir las residencias de ancianos durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 puesto que los jueces sólo pueden pronunciarse sobre la legalidad de las medidas que afectan a los derechos fundamentales cuando estas han sido ya aprobadas y no cuando son “meras propuestas” como ocurría en este caso en el que, además, se limitaba los derechos de los residentes sanos. Esta decisión se produce un día después de que la Junta decidiera intervenir en la residencia privada de Adrada de Haza (Burgos) por falta de medios.