El juzgado de León que sobreseyó el caso Enredadera reabre la causa al encontrar la Policía más pruebas

El Juzgado de Instrucción número 1 de León se ha visto obligado a reabrir la pieza separada de la Operación Enredadera dos meses después de decretar su archivo. La reapertura se produce por un oficio policial de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se informa del “hallazgo casual” de documentación de dos adjudicaciones del Ayuntamiento de León a la empresa Agema, propiedad del leonés Angel Luis García Martín, uno de los principales imputados en la decena de causas Enredadera abiertas en toda España. 

Martín era el socio del constructor y magnate de los medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri. Ambos estaban presuntamente a la cabeza de una trama de amaño de concursos de adjudicación de sistemas semafóricos en ayuntamientos de todo el país así como otro tipo de licitaciones. 

Lo curioso es que la documentación a la que se refiere la Udef y que ha hecho dar marcha atrás al juez y al fiscal Anticorrupción tras cerrar el caso, apareció en las oficinas de otro de los investigados, Roberto Legazpi, en su despacho de la sede de Gespol, en Pozuelo de Alarcón. Aunque el registro se realizó el 3 de julio de 2018, ha sido hace unos meses cuando se ha examinado. Gespol es una filial de Sacyr dedicada a la gestión de sistemas de pacificación de tráfico con la que García y Ulibarri presuntamente amañaban licitaciones.

“Tras analizar el contenido de la carpeta en cuestión”, dice la Udef, “resulta llamativo y esclarecedor de la estrecha relación existente entre los investigados Roberto Legazpi Gálvez y Ángel Luis García Martín”. La Policía destaca que Legazpi tenga documentación concerniente a la adjudicación de obras a las empresas de García cuando el objeto de Aplicaciones Gespol nada tiene que ver con la instalación de elementos deportivos, obras que realizaba “asiduamente” en la provincia de León Agema. De hecho, esta empresa tuvo su sede en la provincia leonesa hasta 2015, cuando la trasladó a Madrid.

Los documentos intervenidos, según la Policía Judicial, están alejados de la investigación matriz, que lleva un juzgado de Badalona, y conciernen a la investigación del juzgado de Instrucción 1 de León, donde se abrió la pieza de separada.

Así, los expedientes se remitieron a finales de octubre, pero no llegaron al juzgado hasta el 21 de noviembre, 8 días después de que el juez hubiese dado carpetazo al caso a petición del fiscal anticorrupción. El sobreseimiento se produjo sin que los imputados, que habían sido inicialmente citados a declarar en septiembre de 2018 llegasen a estar ante el juez. Ni los pinchazos telefónicos ni la documentación analizada daban motivos al fiscal para seguir adelante con la investigación, cerrada el pasado 13 de noviembre.

Pero ahora, el fiscal anticorrupción Jorge Andújar, no ha tenido más remedio que pedir la reapertura del caso para “comprobar si se pudiera haber incurrido en ilegalidad constitutiva de delito en la adjudicación de contratos menores a la mercantil Agema Ingenierías y Servicios SL,  dirigida por Angel Luis García”. En este sentido, ha requerido al Ayuntamiento de León la remisión de los expedientes así como la normativa en contratos menores. Además, solicita a la Udef que precise si en los pinchazos telefónicos se hace alguna mención a estas adjudicaciones.

Se trata dos contratos menores, uno de  18.316,73 euros y otro de 18.148,87 euros. El primero es para el 'Suministro y colocación de cuatro juegos adaptados en el área infantil de la carretera Asturias-Barrio de Cantamilanos', adjudicado en diciembre de 2017. El segundo es el 'Suministro e instalación de elementos para la práctica de calistenia en espacios libres de la ciudad de León', también adjudicado en diciembre de 2017.

Los juegos para el parque de la carretera Asturias son parte de una de las obras más cuestionadas del mandato del entonces alcalde de León y ahora senador Antonio Silván. El parque infantil, una propuesta de Ciudadanos, estaba enclavado a pocos metros de la vía de alta capacidad que une León con territorio asturiano. 

El parque no se construyó como estaba previsto ya que un informe del Procurador del Común apuntaba que el proyecto no reunía requisitos de ubicación y accesibilidad. Así, los elementos que debía instalar Agema, se pagaron, pero están almacenados.