Castilla y León cuela en los contratos de emergencia Covid la calefacción de una consejería, un programa de conciliación o impresoras

Más de 200 millones de euros se ha gastado la Junta de Castilla y León en los contratos de emergencia “para hacer frente a la gestión de la COVID-19”. La mayoría de estos contratos son relativos a equipos de protección, material sanitario, el transporte de los epis en la primera ola, cuando hubo rotura de stock en todo el mundo, o test de antígenos o PCR. Sin embargo, ahondando en los más de mil contratos de emergencia, algunos conceptos destacan sobre los demás, como la climatización que se ha renovado en la sede central de la Consejería de Cultura, un contrato que se concedió el 15 de junio de 2020 a Elecnor.

Esta obra es la más cara que ha autorizado la Junta de Castilla y León como contrato de emergencia: 766.122 euros. Además, si sumamos todas las obras que se han ejecutado en los hospitales desde que comenzó la pandemia, únicamente el coste de la rehabilitación del Edificio Rondilla (antiguo hospital Río Hortega) es superior al de la climatización del Monasterio Nuestra Señora de Prado, sede de la Consejería de Cultura.

 La Junta justifica este contrato por los “numerosos problemas” que arrastraba el sistema de climatización de la Consejería de Cultura: “graves corrosiones” en “la mayoría de las tuberías”, el suelo radiante no disponía de barrera de oxígeno (se descomponía desde el interior de la tubería) y las calderas sufrían “averías de difícil reparación” –resultaba complicado encontrar repuestos–.

En febrero del 2020 se inició un expediente de contratación abierto de obra mayor, pero con la declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos administrativos “y ante la evidencia de que sería imposible tener la obra adjudicada y terminada antes de la temporada de otoño/invierno 2020/2021”, se inició el procedimiento de emergencia.

La Consejería subraya que la renovación del sistema de climatización abarca dos fases y “solo se ha contratado por emergencia la primera de ellas, por ser la reparación absolutamente imprescindible para garantizar la seguridad del sistema y las condiciones de confort y habitabilidad de las instalaciones”.

La instalación tiene 30 años, por lo que no existía un sistema de control y gestión de la climatización, explica la Consejería de Cultura. “Su programación se realiza mediante relojes horarios (no existen termostatos), lo que genera problemas para poder lograr unas temperaturas de confort en el edificio de forma adecuada”, defienden desde Cultura.

El pasado año se produjeron “importantes” averías “por fugas de agua del circuito de calefacción en tres puntos diferenciados, que han supuesto que un tercio del edificio estuviera sin calefacción en pleno invierno durante 17 días en enero. Esto obligó a parte del personal a teletrabajar porque no se alcanzaba la temperatura ”mínima de confort prevista en la normativa de prevención de riesgos laborales“. 

También se produjo una fuga de gas al averiarse una electroválvula de una de las calderas, que impidió por “motivos graves de seguridad” que las calderas pudieran funcionar sin supervisión durante tres semanas. El edificio no se pudo calentar los fines de semana y la Consejería recibió quejas por parte del personal que trabaja en el edificio “al no alcanzar la temperatura mínima de confort hasta varias horas después de haber comenzado la jornada”.

Otros contratos de emergencia

Este no es el único contrato que se incluye como 'de emergencia', aunque no esté directamente vinculado a la pandemia. La Consejería de Transparencia actualiza semanalmente un listado de contrataciones de emergencia autorizadas a raíz de la pandemia de COVID-19. En este listado también se incluye el refuerzo del programa Conciliamos de verano 2020, un programa anual de la Junta de Castilla y León para ayudar a las familias a conciliar con las vacaciones de los niños (1,6 millones de euros). En diciembre de 2019 ya se había aprobado un contrato para los ‘Conciliamos’ de Carnaval, Semana Santa, verano y Navidad de 2020 y 2021.

Los contratos más curiosos van desde una lona impresa (284 euros) para una residencia pública de Soria (Los Royales), o unas impresoras (por valor de casi mil euros) hasta tinta (81 euros). También se ha apuntado como contrato de emergencia la instalación de red de cobertura wifi en el Hospital Clínico de Valladolid, o doscientas pizarras electrónicas (“paneles digitales interactivos”, dice Educación) para los colegios e institutos. Según figura en la justificación, estas pizarras son “para ampliar los medios tecnológicos para el soporte al protocolo de prevención y organización del regreso a la actividad lectiva”.

También destaca una campaña de publicidad presupuestada en 40.000 euros para EsRadio, COPE, la SER, Ondacero y Entorno de Publicidad S. L. Se trataba de una acción puntual de publicidad “para la prevención de la COVID-19 en la gestión de residuos” que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente firmó con estas compañías a finales de marzo de 2020.

Los test de los profesores: 2,5 millones de euros

Castilla y León privatizó la realización de test de anticuerpos a los trabajadores de Enseñanza y la de pruebas PCR para los alumnos que presentaran síntomas en clase, además del estudio de contactos estrechos en el primer cuatrimestre. Estos contratos se firmaron el octubre de 2020, pero también se firmaron otros dos en diciembre, para la privatización de los test de antígenos.

De esta manera, aunque con dinero público, tres aseguradoras se han encargado de realizar las pruebas de detección del coronavirus. En total, esto ha supuesto un gasto público de 2,5 millones de euros divididos de la siguiente manera: Cualtis se ha llevado 1,4 millones; Quirón, 1 millón y Aspy, 560.000 euros.

Ante “acontecimientos catastróficos”, como la pandemia de COVID-19, las administraciones públicas podrán “ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar libremente su objeto”. El primer decreto de estado de alarma especificaba que estos contratos de emergencia debían ser para “atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la COVID-19”.

Es decir, no hay una publicación ni un concurso porque el tiempo apremia. Por este motivo, en los primeros meses de la pandemia, Castilla y León recurrió a cientos de contratos de emergencia. Sin embargo, los contratos de emergencia continúan firmándose en 2021, un año después del inicio de la pandemia, por ejemplo, para comprar los medidores de CO2 para los centros educativos, que los sindicatos demandaban desde inicio de curso: se compraron en febrero de 2021 a varias empresas.

Este tipo de contratos se han utilizado, en su mayoría, para cuestiones directamente vinculadas con la pandemia: material de protección, tests, respiradores, obras de reforma para habilitar más espacio para los pacientes de COVID y mobiliario para estos espacios, como colchones, camas, etc.. El portal de Transparencia también permite ver el coste real (salvo el de personal) de la rehabilitación del antiguo Hospital Río Hortega –rebautizado como Edificio Rondilla–, que ha sido utilizado como hospital de campañas en la segunda y la tercera olas.

El coste del Edificio Rondilla: 4,7 millones de euros

El Edificio Rondilla ha sido una de las grandes apuestas de Sanidad, que ha insistido en numerosas ocasiones en que Castilla y León trabaja “en red” durante la pandemia, lo que permite la movilidad de pacientes entre provincias ante el riesgo de saturación en los hospitales de la comunidad. El que fuera la antigua Residencia ha llegado a atender a 86 pacientes, aunque su capacidad ha superado las 90 camas durante la tercera ola.

Según los datos de Transparencia el coste del hospital de pandemias ha sido de 4.763.995 euros: ha sido necesario adecuar las calzadas y aceras, adecuación de espacios, sustituir la caldera de gas natural, reparar los techos de los pasillos, reacondicionar el recinto de almacenamiento de oxígeno líquido, configurar una salida de emergencia, instalar elevadores, reparar la fachada y los falsos techos, reformar los baños, reparar los suelos sintéticos, reparar la zona de entrada, reparar y mantener las tomas de gases medicinales, sustituir las conducciones de agua de plomo y bajantes de fibrocemento, sanear las arquetas, instalar puertas automáticas, reformar para instalar un TAC, reparar los vestuarios de los trabajadores, pintar las habitaciones y los pasillos y comprar, entre otros.

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, prefirió reformar el antiguo hospital (que solo acogía alguna oficina) antes que construir uno nuevo como hizo la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o tener que volver a recurrir al Hospital de Campaña que acogió la Feria de Valladolid durante la primera ola.

Sin embargo, no solo el Edificio Rondilla ha necesitado reformas. En los últimos meses, se ha reformado un puñado de centros de salud, se han adaptado espacios en los hospitales e incluso se ha construido la pasarela al nuevo hospital de Salamanca.