El presidente del Consejo de Cuentas pide reformar el 'comisario anticorrupción' de Castilla y León tras año y medio en marcha

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, ha pedido este viernes una reflexión acerca de la oportunidad de una regulación normativa sobre la figura de la Autoridad Independiente en materia de corrupción (AICCYL) —el 'comisario anticorrupción'—, que, adscrita al órgano autonómico de control externo, inició su andadura el 11 de junio de 2024 tras el nombramiento de Luis Gracia por la Mesa del Parlamento, a propuesta del propio Mario Amilivia.

Amilivia ha lamentado las “dificultades presupuestarias” de este organismo, puesto que el Consejo ha tenido que asumir el coste económico del nuevo organismo sin ninguna dotación adicional, “situación que, esperamos, pueda quedar superada con la aprobación de un nuevo presupuesto para la Comunidad”.

También se ha preguntado si la adscripción de la Autoridad en el Consejo es el encaje institucional “más adecuado”. “Al estar adscrito estrictamente tanto orgánica como presupuestariamente al Consejo de Cuentas y actuando con plena autonomía e independencia, parecería más lógica una reforma normativa que contemplase, entre otros aspectos, la regulación de esta competencia directa en materia de prevención por el propio Consejo de Cuentas, o, en caso contrario, la plena autonomía —también orgánica y presupuestaria— de la Autoridad anticorrupción”, ha señalado a través de un comunicado de prensa.

En su intervención de apertura del primer Seminario sobre integridad en el sector público y canales de denuncia que se ha celebrado en las Cortes, Amilivia ha subrayado que el Consejo de Cuentas carece —al contrario que en otras comunidades autónomas como Galicia y Canarias— de competencias en materia de prevención de la corrupción. También ha defendido que los Órganos autonómicos de Control Externo (OCEX) son “un antídoto contra las prácticas fraudulentas, pero no son estrictamente organismos anticorrupción”..

En las comunidades autónomas que ya contaban antes de la aprobación de la Ley 2/2023 con agencias u oficinas en esta materia, estas pasaron a asumir dichas funciones. También ha habido casos singulares: en Galicia, a finales de 2023, se creó la Autoridad Gallega de Protección a la Persona Informante, adscrita al Valedor del Pueblo; en Madrid, el canal externo de denuncias se atribuyó al Consejo de Transparencia y Protección de Datos.

En Castilla y León se creó la AICCYL, adscrita al Consejo, que actúa como canal externo de denuncias respecto de la gestión administrativa del sector público autonómico y local, tiene potestad sancionadora y también desarrolla funciones de prevención. En lo que va de año se han tramitado 114 denuncias, algunas de las cuales han sido derivadas a la fiscalía.

Sin embargo, “la carencia de medios y las dudas que provoca la normativa” sobre cuestiones como los derechos de la protección o sobre la aplicación de la propia Ley con relación a las infracciones, están “dificultando” la implantación efectiva del sistema. El Consejo de Cuentas ha reivindicado la colaboración entre entidades del sector público para aclarar las dudas sobre la implantación y funcionamiento de estos sistemas internos y proponer mínimos para el sector público territorial de Castilla y León.