El Procurador del Común pide más vivienda pública en alquiler y acabar con la cita previa en Sanidad

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha pedido este martes en su informe anual referido al año 2022 que la Junta implemente políticas de fomento del alquiler social, con un mayor parque público de vivienda, y acabe, asimismo, con la cita previa instaurada por la covid.

Así lo ha expresado el Procurador del Común durante su presentación en el plenario de las Cortes de su informe, en el que se tramitaron un total de 8.247 expedientes y se formularon un total de 1.807 quejas.

En la sesión plenaria, ni el Procurador del Común, que sí ha agradecido las aportaciones de las formaciones, ni ninguno de los grupos parlamentarios han hecho alusión a la renovación de la institución, ya que Quintana lleva en funciones desde que caducara su mandato de cuatro años el pasado mes de octubre de 2022.

Entre las recomendaciones incluidas en este informe, en el ámbito de vivienda, Quintana ha detallado que su departamento recibió 18 quejas, especialmente vinculadas con colectivos vulnerables.

Al respecto, el Procurador del Común ha instado a la Junta a “dirigir la política de vivienda en favor del fomento del alquiler social, abordando las modificaciones normativas y compromisos presupuestarios necesarios para ampliar el parque público de vivienda en alquiler, con un número de inmuebles que permita atender las situaciones de especial y urgente necesidad”.

Asimismo, Quintana ha pedido a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda, Ordenación del Territorio que promueva las modificaciones normativas oportunas para que los titulares de vivienda de protección puedan realizar reformas que permitan incrementar la superficie útil de las viviendas cuando ello “esté justificado por el aumento de los miembros de la unidad familiar”.

Fin de la cita previa

Ya en el ámbito sanitario, el Procurador del Común ha considerado oportuna la supresión de la cita previa obligatoria para poder acudir a cualquier dependencia de la Administración, especialmente en el ámbito sanitario, algo establecido a raíz de la pandemia de la covid.

“La atención presencial debería estar abierta a los ciudadanos sin más condicionantes que los estrictamente necesarios, entre los que no se considera que la cita previa sea imprescindible”, ha argumentado Quintana, en una resolución que fue aceptada por la Administración.

También en ámbito sanitario, la institución propia de la Comunidad ha pedido a la Consejería de Sanidad que aborde el “problema de la gestión de las listas de espera de forma urgente”, habilitando para ello “todos los medios necesarios para evitar dilatados tiempos de espera para consultas en algunas especialidades”.

Críticas entre los grupos

Los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León han utilizado sus intervenciones en la sesión monográfica del Procurador del Común para, por parte de la oposición, cargar contra los abandonos de la Junta, mientras que los partidos que sustentan a la coalición de gobierno, Vox y PP, han atacado al Ejecutivo Central.

El portavoz popular Raúl de la Hoz ha utilizado su intervención no solo para destacar que la administración autonómica ha recibido solo el 37 % de las quejas, frente al 52 % de las entidades locales, que aumentan respecto al año anterior, sino para contraponer las críticas del Partido Socialista con las quejas recogidas en el informe de esta Institución propia.

En concreto ha señalado los casos como en el caso de los incendios forestales o de la violencia de género, en los que la Procuraduría no ha recibido ninguna queja, o el Diálogo Social, en el que solo se ha recibido una reclamación para que el servicio de mediación en Valladolid fuera igual que en esto de la Comunidad, lo que ya se ha revertido.

De la Hoz (PP): “¿Saben cuántas quejas hay hacia la Junta en materia de incendios? Ninguna”

“¿Saben cuántas quejas hay hacia la Junta en materia de incendios? Ninguna”, ha afirmado ante el aplauso de su bancada, para reprochar que la actitud que en la Cámara ha mantenido el PSOE, que les ha hecho responsables “no ya de los incendios, sino de los fallecidos acaecidos el año pasado” lo que en su opinión es “asqueroso”.

También ha defendido la acción del gobierno autonómico en materia de Educación, en la que ha subrayado que la Junta es “extraordinariamente flexible” en el mantenimiento de los Centros Rurales Agrupados pese a tener una treintena con menos de cuatro alumnos y especialmente de Sanidad, donde Castilla y León es la autonomía que más invierte per cápita en toda España, 2.000 euros por habitante.

El procurador de Vox David Hierro ha destacado la “independencia y la objetividad” con la que opera esta Institución propia en la Comunidad y la asunción de sus recomendaciones por parte de la Junta y ha aprovechado para cargar contra el Gobierno Central por sus ataques “a los derechos” de la ciudadanía por la aplicación del estado de alarma y del cierre del Congreso durante la pandemia de la covid-19.

Hierro ha asegurado que la Junta cumple con sus responsabilidades, “pese a que algunos quieren pintar esta Comunidad como el rincón más lúgubre, oscuro, horrendo y antidemocrático de España con las visitas de ministros haciendo turismo electoral”.

El portavoz del PSOE, Luis Tudanca, se ha referido al Procurador del Común como “una sirena que alerta de las emergencias de una sociedad que no es perfecta” y ha enumerado algunos de las debilidades de la Comunidad, como el modelo residencial, la falta de una parque de vivienda pública o de la gestión del bono social térmico.

El PSOE señala que las quejas sobre la sanidad son “las mismas que hace tres años”

En materia sanitaria, ha lamentado que las dificultades que apunta en su informe el defensor del pueblo castellano y leonés “son las mismas que hace tres años” y ha destacado una afirmación que recoge el texto del procurador: “el acto médico tiene que ser presencial”.

Tudanca también se ha servido de este documento para reprochar el cierre de los consultorios “que niega la Junta”, que el 25% de las plazas MIR vacantes en España se encuentren en Castilla y León, los numerosos fallos en el transporte sanitario o las más de 40.000 personas en listas de espera.

Respecto a los incendios de la Sierra de la Culebra, el secretario general del PSOE ha recordado que estas competencias residen en el ejecutivo autonómico y ha afeado que el Gobierno central haya tenido que “elaborar un nuevo marco normativo para que esta tierra tuviera un operativo todo el año”.

Por su parte, el portavoz de Soria Ya, José Ángel Ceña, ha lamentado el alto grado de desconocimiento sobre el Procurador del Común por parte de la sociedad soriana y ha señalado que el informe refleja la falta de servicios en el medio rural, porque “si no hay servicios adecuados, la gente se va”.

En el grupo Mixto, que a diferencia del anterior sí ha podido repartir el tiempo entre sus miembros, Pedro Pascual (Por Ávila) ha se ha centrado en los problemas sanitarios, especialmente en el medio rural; Francisco Igea (Cs) ha planteado la necesidad de una reordenación territorial para garantizar servicios, mientras que Pablo Fernández (Unidas Podemos) ha afeado que la coalición de gobierno de PP y Vox aplauda la labor del Procurador del Común pero no actúe para abordar los muchos “déficits” de la Comunidad.

Informe del año 2022

En su presentación, Quintana ha subrayado que prueba de que el año 2022 ha sido “más o menos normal” es que no se han recibido quejas directamente relacionadas con la Covid, ya que el 2022 ha sido el año de “la superación de la crisis sanitaria. Si no en su totalidad, sí en la mayor parte de sus efectos”.

Quintana ha señalado que en el año 2022 se tramitaron 63 actuaciones de oficio promovidas por el Procurador del Común, sobre temas considerados de interés para el ejercicio de derechos por la ciudadanía.

Finalmente, Quintana ha destacado que en 2022 se dictaron un total de 1.533 resoluciones, 298 más que el año anterior, de ellas 170 supusieron un archivo por inexistencia de irregularidad y en 1.363 se formuló resolución o recomendación.