El PSOE estudia recurrir la orden que unifica alquileres en Castilla y León: “Legitima cobros presuntamente ilegales”

El PSOE estudia recurrir ante Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyl) la orden que unifica los precios del alquiler en Castilla y León al entender que legitima “cobros presuntamente ilegales que las empresas han realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública”.

La secretaria de Vivienda del PSCyL, Ana Casado, ha afirmado en rueda de prensa que con la medida el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), “se ha hecho un Montoro”.

“El pirómano se presenta como bombero y esta mala práctica y comportamiento de adaptar órdenes e instrucciones 'ad hoc' para favorecer a empresas, me parece que tiene un parecido más que razonable con el caso Montoro que ahora investiga la justicia”, ha insistido la socialista.

Casado ha explicado que el pasado 1 de agosto el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó la orden MAV/800/2025, de 10 de julio, que unifica los regímenes para la determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y de referencia para el alquiler en la Comunidad, una norma que a su juicio “no es justa en absoluto”, ya que se cobran arriendos por encima de máximo legal que establecen los planes estatales en esta materia.

En concreto, critica el punto 5 del artículo 2, ya que en su opinión “da legitimidad a cobros presuntamente ilegales que las empresas han realizado a sus inquilinos a lo largo de los últimos años en viviendas de protección pública”, y busca dar seguridad jurídica a la instrucción de la Junta publicada en 2022, que no era de obligado cumplimiento y generaba “inseguridad jurídica”.

La socialista considera que el Ejecutivo autonómico establece un “cálculo inventado” en materia de alquiler que resulta “incompatible” con los planes estatales que regulan las viviendas protegidas y que trascienden a las competencias transferidas a las autonomías, lo que ha ejemplificado con un caso hipotético de una casa de 90 metros cuadrados, con garaje y con trastero.

Según el plan cuatrienal 2005-2008, ha explicado, se tendría que alquilar en 610,34 euros, mientras que con los baremos recogidos en la orden del 10 de julio su precio pasaría a ser 842,69 euros (232,35 euros más al mes a favor del arrendador), lo que beneficiaría “a las grandes promotoras y los fondos de inversión”, que con una promoción de 50 viviendas “se estaría embolsando 140.000 euros al año”.

“Se están subiendo los precios de alquiler de manera salvaje, solamente lo pagan los ciudadanos de Castilla y León y benefician a las empresa”, ha aseverado, tras señalar “que las familias que pagan el alquiler son familias con dificultades para llegar al final de mes que pagan su alquiler rigurosamente, pensando que una administración - en este caso la Junta de Castilla y León - vigila el procedimiento”.

Solicitud de anulación

Por todo ello, el PSOE estudia presentar un recurso contencioso administrativo al TSJCyL contra esta orden para, por un lado, solicitar su anulación parcial o total, especialmente del artículo 2.5, y pedir medidas cautelares para salvaguardar el interés general, por “los efectos jurídicos irreversibles” al pagar un alquilar por encima del precio máximo legal que recogen los planes estatales.

Casado, además, ha criticado que esta norma en su primer punto limita los tipos de viviendas en la Comunidad a “muy caras” con unos precios de vivienda protegida por encima del libre mercado y cuyas ayudas van dirigidas “a usuarios cuyos ingresos pueden ser de hasta 78.000 euros”, lo que excluye a las familias humildes, una norma que no comparten pero que sí que sería legal.

“Desde el PSOE de Castilla y León solicitamos al señor Mañueco que deje de ver a la vivienda como un instrumento financiero” y ha acusado al presidente autonómico de ser “el mayor especulador en materia de vivienda”.