La ciudad de Burgos mantiene el veto a las nuevas casas de apuestas pese a la oposición de Castilla y León

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Burgos aprobaba por unanimidad (PSOE, PP, Ciudadanos, Podemos y Vox) una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para evitar que más locales de apuestas se instalaran en las zonas residenciales de la capital burgalesa. La Junta de Castilla y León no tiene tan claro que el Consistorio pueda tomar una medida de este tipo ni su “complicado encaje legal” y por este motivo ha requerido al consistorio que anule su acuerdo municipal en un mes, algo a lo que el Ayuntamiento burgalés se ha negado.

El objetivo del Ayuntamiento de Burgos -en el que gobiernan en coalición el PSOE y Ciudadanos- es evitar que se instalen más casinos, salas de bingo y de apuestas en zonas “cuyo uso predominante es el residencial”. “Cuando alguien quiere abrir un nuevo local de juego, cuando se le indicará en las zonas que puede hacerlo, que en ningún caso serán residenciales”, apuntaba en el debate plenario el concejal de Fomento, Daniel Garabito. Donde sí podrán abrir locales nuevos será en zonas industriales, de grandes establecimientos comerciales y áreas destinadas al ejercicio de actividad económica con la condición de que el acceso desde la vía pública sea independiente de cualquier otro uso.

El Ayuntamiento aprobó una nueva categoría de uso terciario recreativo para frenar la proliferación de casinos y locales de apuestas. Antes de la modificación había tres categorías para este tipo de locales: salas de esparcimiento (discotecas y salas de juego), hostelería y locutorios. Con este cambio normativo, se crea una categoría nueva: “establecimientos en los que se pueda practicar juegos y apuestas relacionados con la enfermedad de juego patológico”. Desde el pasado mes de junio, las licencias municipales estaban paralizadas.

La Junta de Castilla y León cambia de opinión

Inicialmente, la Dirección General de Urbanismo de la Junta se pronunció favorablemente “sin entrar en ningún caso a discutir la competencia municipal para tramitar esta modificación por invasión de competencias”, según figura en la publicación de la modificación en el Bocyl. Ahora, el ejecutivo autonómico cambia de opinión y cree que esta nueva categoría tiene un “complicado encaje legal”, puesto que la Junta considera que “vacía de contenido el reparto de competencias entre comunidades autónomas y entidades locales” porque esta medida “va mucho más allá de lo que es un planeamiento urbanístico”.

Cuando esta modificación se sometió a información pública, Codere y la Patronal de las apuestas rechazaron este cambio y alegaron que el Ayuntamiento carecía de competencias en materia de juego y apuntaban a que las competencias municipales en materia sanitaria afectaban al carácter ejecutivo y no reglamentario, por lo que el Consistorio no podía limitar la apertura de los establecimientos. Estas alegaciones fueron rechazadas por el pleno municipal.

Sin embargo, para el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, el Ayuntamiento no interfiere en las competencias autonómicas: mientras la Junta regula la actividad, el Consistorio aborda la cuestión desde un enfoque urbanístico. El regidor asegura no tener “miedo” a perder contra el gobierno autonómico, si este recurre a los tribunales. Para De la Rosa, la modificación del PGOU ha tenido una tramitación “impecable” y defiende que las decisiones que se tomen sobre el suelo municipal son “estrictamente propias”. El Ayuntamiento remitirá un escrito a la Junta de Castilla y León en defensa de esta decisión municipal, donde también pedirán reflexión.

Ahora, el gobierno autonómico considera que la justificación municipal “no se fundamenta adecuadamente” porque esa nueva categoría “podría afectar también a las Loterías y Apuestas del Estado, y a los sorteos de la ONCE” y se excluyen de la aplicación “con una fundamentación mínima”.

Preocupación por las reclamaciones de las empresas del sector de las apuestas

A la Junta de Castilla y León le preocupan las reclamaciones patrimoniales que puedan formular las empresas del sector hacia el Ayuntamiento y hacia la Administración autonómica. “Se trata de evitar que cualquier administración pública pueda ser condenada a una indemnización millonaria por esta causa”, afirman desde el gobierno autonómico.

El Consistorio afea a la Junta que no haya “considerado” que incluir una regulación “sobre cuáles deben ser las condiciones concretas de ubicación en el territorio de esta actividad”, puesto que, “en la práctica”, la Junta solo ha fijado unas distancias mínimas respecto a los centros educativos, “evitando expresamente establecer determinaciones concretas sobre su ubicación”.

Para el Ayuntamiento de Burgos, prima la competencia urbanística, que recae sobre las administraciones locales. Por este motivo, el consistorio defiende que puede establecer “las actividades compatibles o incompatibles” en función de cada tipo de suelo “por razones de zonificación de usos, de optimización de espacios, criterios medioambientales, o de protección de la población” frente a unos usos “indeseables” en espacios residenciales, “como pueden ser las actividades industriales o determinados tipos de actividades del sector terciario, dentro del cual es perfectamente justificable que se incluyan actividades como las relativas al juego y las apuestas”.

Estas empresas también deben limitar la publicidad en las zonas residenciales: se prohíbe la señalización, publicidad, promoción y patrocinio relativas a los establecimientos de juego sin perjuicio de las campañas de prevención e información sobre los riegos del juego patológico.

Desde la Junta de Castilla y León insisten en que están trabajando en modificar la Ley del Juego y las Apuestas de 1998 “para adaptarla a la nueva realidad social” e incorporar novedades para abordar las nuevas formas de ludopatía. Hace unos meses se puso en marcha la Mesa de Juego Responsable, que se va a volver a reunir “próximamente”. En esta reunión podrán participar los Ayuntamientos a través de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) y podrán “aportar medidas” para “hacer frente al juego problemático”. “También, por supuesto, puede participar el Ayuntamiento de Burgos y proponer las aportaciones que considere y que se puedan incorporar a esta futura modificación legal, siempre partiendo del marco competencial que tiene cada administración pública”, apuntan desde el gobierno autonómico.

Una modificación aprobada por unanimidad

Esta modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) fue aprobada en el pleno del Ayuntamiento de Burgos por unanimidad: es decir, fue apoyada por los once concejales del Grupo Socialista, los siete concejales del Grupo Popular, de los cinco ediles del Grupo Ciudadanos y los concejales de En Burgos Podemos y Vox.

El concejal de Fomento, Daniel Garabito, defendía ya entonces que el Ayuntamiento tenía la competencia de Urbanismo para “decidir entre todos el modelo de ciudad en la que queremos vivir”.

En el pleno municipal, la 'popular' Carolina Álvarez, apuntaba que “ojalá” se pudiera “alejar de la vista y del casco urbano” estos locales de apuestas y que “sirviera para algo”, sin perjudicar a los usuarios que apuestan “de forma sana y saludable”.

Uno de los concejales de Vox , Ángel Luis Martín, destacaba entonces la importancia de que esta modificación impidiese asentar nuevas salas de apuestas en los barrios porque “está clarísimo que vamos todos a una”.