Vox pide que Valladolid abandone la FEMP por ser un "brazo político" de Sánchez

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, saluda a su homólogo vallisoletano, Óscar Puente, en un encuentro en Valladolid.

El Grupo Municipal de VOX llevará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Valladolid para que la ciudad abandone la FEMP, la Federación Española de Municipios y Provincia, porque considera que el organismo "se ha convertido en el brazo político del Gobierno de Pedro Sánchez", que "restringe la autonomía" de las Entidades Locales, y suplanta las funciones que por Ley le corresponde a las Diputaciones Provinciales. La moción surge del partido a nivel nacional, aunque se llevará al pleno de la ciudad el próximo miércoles.

En concreto, la moción sirve a Vox para cargar contra la FEMP a raíz del acuerdo al que llegó con el Gobierno central para que los consistorios presten los remanentes de tesorería al estado a cambio de un fondo de 5.000 millones de euros y de la devolución íntegra con intereses de los remanentes en 10 años a partir de 2022. Vox considera que este acuerdo, firmado por el presidente socialista de la FEMP, el alcalde de Vigo, Abel Caballero y a cuyo acto de presentación en Moncloa acudió el alcalde de Valladolid y vocal de la FEMP, Óscar Puente, "es injusto, insolidario, y funciona como un chantaje a los municipios: quienes no entreguen los remanentes de tesorería municipales quedarán al margen del reparto de las ayudas y transferencias; y además, impone la agenda ideológica del consenso progre a todos los municipios por la puerta de atrás (emergencia climática, agenda urbana, programación cultural…)".

Según la moción que llevarán al Pleno del miércoles 9 de septiembre, la FEMP "se ha convertido en un chiringuito administrativo para la colocación de personal de los partidos, creando una estructura elefantiásica muy lejos de lo que debería ser una asociación de utilidad pública austera de gestión responsable y eficaz". Con una plantilla de 116 personas en 2018 y retribuciones como las de su secretario general (90.000 euros) o su director general (75.000 euros), y con decenas de políticos en los órganos de dirección, "se ha constituido como un núcleo de poder paralelo a los municipios, critican.

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Publicado el
7 de septiembre de 2020 - 15:11 h

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