La Justicia ratifica la inhabilitación del alcalde de Medinaceli por otorgar contratos a una empresa de su propiedad

El alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla (exPP), y el teniente alcalde, Javier Fernández, no podrán ejercer cargo público alguno durante nueve años. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Soria que recoge la inhabilitación de ambos por un delito de prevaricación administrativa con carácter continuado. La resolución suscribe que el fallo es “íntegramente” correcta y tumba el recurso puesto por la defensa.

Los hechos probados recogen que, tras la venta en 2006 de unas propiedades de Utrilla a una promotora para la construcción de viviendas, el Ayuntamiento aplicó un tipo impositivo del 2% -7.622, 04 euros- “en vez del 4% que hubiera correspondido” sobre el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a los nuevos inmuebles. A estas construcciones se les concedió esta bonificación como si tuvieran la condición de viviendas de protección oficial, algo que no podían obtener. Posteriormente, el regidor adquirió viviendas y locales a sabiendas de que no tenían esta condición.

A pesar de tener conocimiento de esta situación, como apunta la sentencia, Utrilla, por entonces perteneciente al Partido Popular, optó no exigir a la promotora “la liquidación complementaria de ese Impuesto, dejando pasar el plazo de prescripción y provocando el consiguiente perjuicio para el Ayuntamiento”.

La segunda pata de esta causa apunta a ambos acusados. En este caso, el regidor y su mano derecha usaban a empresas de sus propiedad -de electricidad y construcción, respectivamente- para ejecutar contratos con el Ayuntamiento de Medinaceli. Este hecho motivó a Utrilla a solicitar un informe a los Servicios Jurídicos de la Diputación de Soria sobre posibles incompatibilidades. En el texto se manifestaba que “el régimen de prohibición de contratar el Ayuntamiento obras, servicios, o suministros con concejales no se ve excepcionado por ser contratos menores o ser la única tienda o empresa en el pueblo”, motivo que argumentaban. Además, mientras que el informe fue emitido en febrero de 2012 por parte de la institución provincial, el alcalde decidió no llevarlo a Pleno hasta octubre.

Según la sentencia alcalde y teniente de alcalde sabían que “estaba terminantemente prohibido por la ley, han llevado a cabo diversas contrataciones en nombre del Ayuntamiento de Medinaceli, con sus respectivas empresas”. En total, la empresa en la que el regidor tenía parte recibió encargos del Consistorio por valor de 64.809,58 euros y la de su segundo, 46.155,05 euros.

Tras conocerse estos hechos, fue el Grupo Socialista en el Ayuntamiento quién alertó de lo que estaba pasando. Primero propusieron la declaración de incompatibilidad y preguntó a los concejales y al alcalde sobre si tenían que aclarar la situación de conflicto. Ambos, así como todos los concejales de su formación, el Partido Popular, se ausentaron de la votación, aprobándose la incompatibilidad de cualquier concejal para contratar con el Ayuntamiento. Posteriormente, los representantes del PP pusieron un recurso de reposición contra este acuerdo, lo que al aprobarse dejó en suspenso la resolución durante cuatro años.

Tras este tiempo y después de no llevarse “deliberadamente” en el orden del día de los plenos, el PSOE denuncia y Utrilla decide incluirlo. Esta vez, el PP en Medinaceli votó a favor de anular el acuerdo de incompatibilidad. La sentencia recuerda que conocían en todo momento el informe jurídico de la Diputación y aún así tumbaron esta medida.

“Los acusados, con cabal conocimiento de que la ley prohibía que los concejales y el alcalde contrataran con el ayuntamiento, por así estar taxativamente prohibido en la Ley Electoral, de contratación pública y de Régimen Jurídico de las Entidades Locales, así como del contenido del Informe de los Servicios Jurídicos de la Diputación de Soria, prosiguieron realizando numerosos actos de contratación con el Ayuntamiento”, recoge la sentencia.

El TSJ resuelve el recurso de la Audiencia Provincial de Soria que tuvo lugar en mayo de este año. Pese el fallo, ni Utrilla ni Fernández han dimitido de su cargo a la espera de agotar todas las vías judiciales. Lo que sí que ha hecho el regidor al conocerse la primera sentencia fue darse de baja en el PP y entregar su acta en la Diputación Provincial de Soria, donde era vicepresidente cuarto. Tras esta resolución, el Tribunal ha dejado abierta la puerta para poner un recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma.