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Barcelona no contratará a empresas que usen paraísos fiscales para evadir impuestos

Gerardo Pisarello y Ada Colau

elDiario.es Catalunya

Las empresas que mantengan actividades ilegales en paraísos fiscales no podrán trabajar para el Ayuntamiento de Barcelona. En un decreto pionero que la alcaldesa, Ada Colau, firmó este jueves, el consistorio barcelonés introduce una clausula esencial en las licitaciones: se expulsará a los contratistas que, directamente o a través de empresas pantalla o filiales, “desvíen fondos a paraísos fiscales con la intención de evadir sus obligaciones tributarias u otras actuaciones delictivas”.

El decreto también obligará a las empresas a declarar en fase de licitación si tienen relaciones con paraísos fiscales. Si las compañías declaran que las tienen, deberán aportar “documentación que explicite el carácter de estas relaciones y la información que no sea confidencial se publicará en el perfil de contratante” del Ayuntamiento. Además, la norma prevé la resolución del contrato si las compañías falsean la declaración de no tener actuaciones delictivas a partir de los paraísos fiscales.

El primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, ha destacado que el decreto introduce “transparencia y lealtad en la competencia, ya que la evasión fiscal es una medida que permite a las grandes corporaciones tener posiciones de ventajas frente a las pequeñas o medianas empresas o las cooperativas”.

La norma firmada por por Colau recoge las exigencias de las entidades reunidas en la Plataforma per una Fiscalitat Justa, que en la campaña de las últimas municipales buscó que los partidos recogieran sus propuestas y recordó que varios ayuntamientos europeos ya habían implantado un decreto similar al aprobado ahora por Barcelona.

La capital catalana usará como referente para identificar a paraísos fiscales la lista elaborada por las instituciones europeas, menos restrictiva que la elaborada por organizaciones como Tax Justice Network. Según la Comisión Europea, una treintena de territorios ponen trabas a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, entre ellos algunos países europeos como Andorra, Mónaco, Leichtenstein o islas dependientes del Reino Unido como Guernsey.

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