Ada Colau impone sanciones a empresas por 2,5 millones de euros en apenas cuatro días

Las multas de 600.000 euros a Airbnb y Homeaway anunciadas este jueves por el Ayuntamiento de Barcelona han supuesto el broche a una semana de sanciones del consistorio hacia empresas de sectores económicos clave, como bancos y eléctricas.

Barcelona dice que no se mueve por el afán recaudatorio –tiene superávit– sino para garantizar el derecho a la vivienda ante la escalada de los precios de los alquileres y la nueva burbuja inmobiliaria que se está creando en la ciudad.

El importe de las multas a las diferentes compañías asciende a 2,46 millones de euros. Empresas y Ayuntamiento tienen todos los números para acabar en los juzgados: tanto Airbnb como Endesa –que fue sancionada con 7.000 euros por no haber informado correctamente a una familia de sus derechos– ya han anunciado que recurrirán las sanciones. BBVA también alegará porque dice que su piso presuntamente vacío fue cedido a la Generalitat en julio. Además de las sanciones, el consistorio investiga un posible fraude de 800.000 euros de FCC en la recogida de basuras.

El Ayuntamiento ha escrito un nuevo capítulo en su batalla contra los pisos turísticos ilegales con la multa de 600.000 euros a las plataformas Airbnb y Homeaway por seguir anunciado viviendas turísticas sin licencia pese a los avisos y las multas anteriores.

Por otro lado, el consistorio impuso el miércoles sanciones de 315.000 euros a pisos vacíos de la Sareb, BBVA y Santander.

Los procedimientos que han terminado en las multas anunciadas esta semana llevan varios meses abiertos: la última sanción por piso vacío es la cuarta que acumulan las entidades por las mismas viviendas. Antes, el consistorio ya las había multado con 5.000, 10.000 y 15.000 euros. “Las multas a bancos y grandes tenedores de vivienda que empezó a aplicar Terrassa y ahora ha impuesto Barcelona deben servir para dar uso social al parque privado de vivienda inmovilizado”, afirma el secretario de la región metropolitana de UGT de Catalunya, Josep Santcristòfol.

Fuentes municipales recalcan que las multas a las entidades financieras no se imponen para recaudar, sino que son una de las vías para conseguir ampliar el parque de alquiler social, junto a la construcción de vivienda protegida.

Con todo, las sanciones anunciadas esta semana no serán las últimas. El Ayuntamiento ha iniciado 207 expedientes contra grandes propietarios por tener viviendas vacías, de los que 27 están en proceso de algún tipo de multa. Además, en el campo de la pobreza energética hay 2.000 expedientes que se están estudiando si pueden acabar en la vía sancionadora.

En el caso de las plataformas de alquiler turístico, las primeras sanciones por anunciar pisos ilegales se impusieron en diciembre del 2015. Desde entonces, el Ayuntamiento asegura que Airbnb y Homeaway han continuado publicitando los pisos, por lo que les ha impuesto la sanción máxima de 600.000 euros. Por contra, el gobierno municipal ha señalado que siete portales, entre ellos booking.com, sí han dejado de anunciar pisos turísticos sin licencia a raíz de la presión ejercida por el consistorio.

Fuentes de la asociación Sharing España, que engloba a las principales empresas de economía colaborativa, han lamentado a este diario las sanciones y que el Ayuntamiento opte por la vía coercitiva en vez de la colaboración. Asimismo, se muestran en contra de las viviendas ilegales y argumentan que las plataformas no pueden llevar a cabo las inspecciones sobre las licencias de los pisos que los particulares deciden colgar en sus webs, porque esta labor corresponde, precisamente, al Ayuntamiento.

Turismo y alquiler

Según datos municipales, sólo entre las dos plataformas multadas suman 5.556 pisos turísticos sin licencia. El total de viviendas turísticas legales en Barcelona lleva congelado desde el mandato de Xavier Trias en 9.906, lo que da cuenta del alcance del problema de los pisos ilegales. Un estudio del consistorio publicado en septiembre concluyó que la mayor rentabilidad de los alquileres turísticos frente a los convencionales ha disparado el precio de los alquileres.

En concreto, el informe señaló que la explotación de pisos turísticos, que ya rozan el 8% del total del parque de alquiler, supone para sus propietarios ingresos hasta cuatro veces superiores a los de los alquileres tradicionales, con beneficios entre el 7% y el 13% frente al 3% o al 4%. Además, calculó que un 40% de los pisos turísticos de la ciudad son ilegales. Portales como Idealista cifran hasta en un 15% el incremento de los alquileres respecto a los precios de los años de la burbuja.

Airbnb afirma que los llamados 'anfitriones' de la plataforma “son típicamente familias de clase media que comparten sus hogares para llegar a fin de mes”. El Ayuntamiento hace un diagnóstico distinto, y separa de forma clara las personas que alquilan una habitación de su casa y que conviven con los turistas de los propietarios que no tienen licencia para su piso turístico y que usan las plataformas para lucrarse.

Lograr un consenso entre vecinos saturados, consistorio y empresarios en la redacción del futuro plan estratégico de turismo parece misión imposible. Dentro del empresariado, además, las posiciones tampoco son unánimes. Los hoteleros mantienen profundas diferencias con el consistorio después que la redacción inicial del plan de alojamientos turísticos vetara las obras de calado en los establecimientos.

No obstante, dos de los representantes más significativos del gremio, Joan Gaspart y Jordi Clos, aplaudieron la “valentía” de Ada Colau por congelar las nuevas licencias a pisos turísticos –su mayor competencia– en toda la ciudad, tal y como avanzó La Vanguardia. Todo ello mientras el turismo avanza entre las preocupaciones de los barceloneses.

“Las normas están para cumplirse y si se vulneran hay que perseguirlo”, resume el secretario de política territorial y del Barcelonès de CCOO de Catalunya, Vicenç Tarrats. En el ámbito del turismo, Tarrats valora que el cuerpo de inspectores municipales para detectar viviendas turísticas es “insuficiente” y que es algo que el consistorio debe abordar en el plan estratégico de turismo que está preparando.