La denuncia de migrantes por maltrato policial en el CIE de Barcelona reabre el debate sobre su cierre

La reapertura de la investigación sobre el presunto maltrato policial a migrantes del (Centro de Internamiento de Extranjeros) CIE de Barcelona en 2017 tras un intento de fuga se ha colado en las jornadas celebradas en el Colegio de la Abogacía de Barcelona este viernes para debatir sobre estos centros. El exjuez de control del CIE de Madrid, Ramiro García de Dios, ha criticado duramente la figura de estos centros y los ha catalogado de “paradigma de vulneración de los derechos humanos”.

El exmagistrado se ha mostrado escéptico con la eficacia del cargo de juez de control del CIE que ocupó hasta el pasado año, antes de jubilarse. “El subsistema policial de los centros es reacio a que los jueces vayan a controlar lo que allí ocurre”, ha aseverado. García de Dios se ha abonado a la tesis de que las vulneraciones de derechos son frecuentes en los centros y ha dicho que, tras años de visitar el CIE de Aluche en Madrid y de hablar con muchos internos, ha constatado que la diferencia entre la normativa y la realidad es demasiado amplia.

“El sistema dificulta perseguir estos casos deportando a los que sufren abusos”, ha denunciado el abogado y codirector de la asociación Iridia, Andrés García Berrio,que representa a los tres migrantes argelinos que denunciaron malos tratos policiales tras un intento de fuga en 2017. “Muchos internos no se atreven a denunciar los abusos que sufren por miedo a ser deportados”, ha señalado el abogado.

Además del abogado de Iridia y del juez Ramiro García, también han participado en la mesa redonda la fiscal de extranjería, María Jesús Méndez y la coordinadora de la comisión de extranjería del ICAB, Pepi Gutiérrez. La dirección del CIE de Zona Franca ha declinado la invitación a participar del evento, según los organizadores. La fiscal Méndez ha defendido la gestión de los jueces que decretan el internamiento de aquellos migrantes que, habiendo pasado a disposición judicial, no tienen resuelta su situación administrativa: “No voy a opinar sobre la legislación, pero la ley hay que cumplirla, nos guste o no”.

Ha añadido que la regulación estatal respecto a los centros de internamiento y su deportación, reflejada en la actual Ley de Extranjería y en el Reglamento de Funcionamiento de los Centros de Internamiento, “se limita a transponer lo que dice la directiva europea 2008/115/CE”, conocida como la directiva de retorno. Méndez ha ofrecido datos de los expedientes de internamiento en Barcelona durante el año 2018 cifrándolos en 693, en los cuales la Fiscalía se posicionó a favor del internamiento en 606 y fueron estimados por los jueces 545.

Por su parte, la coordinadora de la Comisión de Extranjería del ICAB, Pepi Gutiérrez, ha señalado que “queda mucho por hacer” en el terreno de los derechos de los internos de los CIE y ha resaltado que esperaban que el Reglamento de Funcionamiento, aprobado en 2015, avanzara en el reconocimiento de estos derechos: “No fue así”. Gutiérrez también ha reseñado los aspectos en los que cree que la atención a los internos es más deficiente: “La atención médica y el servicio de enfermería no es permanente, no hay asistencia psicológica y no se hacen revisiones de salubridad”.